Ningún periodista está en condiciones de acusar o culpabilizar al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque de bloquear investigaciones contra el narco Esteban Alvarado, pero sí de pedirle información y explicaciones en relación a las dudas que surgieron sobre el accionar de su juzgado con respecto a la banda narco de Esteban Alvarado, que por estos días es juzgada en tribunales provinciales.
Esas dudas no son especulaciones periodísticas, sino la acumulación de datos verificables y el testimonio de un ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se expusieron en el juicio contra la banda de Alvarado. Tan es así que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery los elevarán al Consejo de la Magistratura nacional. Para ellos (y cualquier observador común) es necesario investigar por qué el juzgado que dirige Bailaque rechazó entre 2014 y 2015 en cuatro oportunidades avanzar contra Alvarado a pesar de que la PSA aportó 14 informes con indicios muy firmes sobre su actividad delictiva.
El jueves pasado, el juez Bailaque se calzó un buen traje y fue a la Facultad de Derecho donde un centenar de magistrados federales hablaron sobre narcotráfico. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el caso que lo tiene de protagonista se hizo el desentendido y se dio el lujo de decir que no sabía de qué le estaban preguntando, siendo que la agenda informativa local y nacional hacía casi 48 horas que hablaba de él. Más aún, el testimonio del oficial Lencina de la PSA que ratificó lo de los informes y medidas rechazadas fue el 29 de marzo en audiencia oral y pública. Bailaque pretendió tomar de tontos a los periodistas.
Bailaque fue a sacarse la foto con sus pares de todo el país sin comprender que siendo juez de una ciudad con tanta sangre derramada, además de reclamar cargos e infraestructura es obligación rendir cuentas y explicar lo que se hace u omite. Darse un baño de luz pública muy de vez en cuando es mucho más que salir en la foto; es también exponer los flancos débiles y someterse al escrutinio popular.
El delito de narcotráfico es de exclusiva jurisdicción federal. En Rosario hay cuatro juzgados penales de instrucción pero sólo dos jueces. Es decir que en la ciudad que es noticia a diario toda denuncia o investigación pasa por Carlos Vera Barros o Marcelo Bailaque. ¿Y Bailaque cree que no tiene nada para decir o informar? Además de decir que no sabía de qué lo acusaban, agregó: “Yo soy un vecino de esta ciudad, mis hijos y amigos viven en esta ciudad, y estamos comprometidos también en vivir en una ciudad pacífica”. No vale ser juez federal a la hora de disfrutar de las prerrogativas de ese título, y luego ser un vecino más a la hora de tener que rendir cuentas.
Pies de barro
La respuesta de Bailaque evidencia los pies de barro de la costosa y pomposa movida corporativa que hicieron los jueces federales. Subirse a un estrado, criticar selectivamente a los gobiernos, alzar la voz por cargos y políticas de Estado, recetar soluciones y legitimar el discurso exponiendo casos casi heroicos de jueces y fiscales puntuales que se exponen en soledad y sin recursos (que no son los de Comodoro Py justamente), hace mucho ruido si no se acompaña de una mínima autocrítica, que fue la gran ausente.
Porque desembarcar en Rosario “por la situación que vive” para dar una señal de compromiso y apoyo a la tarea de jueces y fiscales que investigan y juzgan el tráfico de drogas es valorable, pero ¿ninguno pensó que era una oportunidad también de alguna reflexión sobre la ausencia sistémica de la Justicia federal en la tragedia que vive, no Rosario, sino el país en materia de crecimiento de narcotráfico desde los 90 para acá? ¿Nada para revisar? ¿Todo es culpa de los gobiernos y los legisladores? ¿Qué más evidencia que los juicios a Los Monos y a la banda de Esteban Alvarado?
En ambos casos cayeron por delitos colaterales, pero no por tráfico de drogas sino hasta después de que fueran detenidos, juzgados y condenados por la Justicia provincial. Es razonable reclamar más estructura para la Justicia federal y sería un error imperdonable poner a todos en la misma bolsa, pero hace mucho ruido montar un Olimpo judicial en una ciudad aterrorizada cuando hace muchos años que distintas voces y estamentos señalan el default de la Justicia federal.
De todos los oradores del encuentro, el que más destacó fue el de Miguel Ángel Guerrero, titular del juzgado multifuero de Eldorado, Misiones, que trabaja causas donde se cruzan crimen organizado, narcotráfico y financiamiento terrorista en la Triple Frontera, entre ellas la conocida como causa Barakat: “Esa causa jamás mereció el apoyo para generar un equipo (de personal especializado) para asistir a los generalistas que somos los que trabajamos en un juzgado multifuero. En 2016 se determinaron y están acreditadas 2.700 transacciones que importaron más de 3 millones de dólares con un 99% de esas transferencias desde una sola ciudad a puntos controlados de un Estado extranjero y a una organización terrorista a la que reportaría”.
La organización en cuestión es Hezbollah y cabe aclarar que el responsable de asignar personal especializado no es necesariamente un gobierno sino potestad del propio Poder Judicial, cuyos responsables estaban ahí escuchándolo. Guerrero había abierto diciendo frente a la Corte: “Si no tomamos en cuenta lo que está pasando en la jurisdicción donde yo trabajo, en 10 años vamos a tener problemas muchísimo más graves que los que hoy vive Rosario”.
La dejaron picando
Por esa visible flaqueza de levantar el dedo acusador sin el más mínimo atisbo de autocrítica es que el gobierno nacional retrucó con todo. El ministro de Justicia Martín Soria calificó de “grotesco” y “una caradurez” el encuentro en Rosario: “Vienen a mostrarse preocupados por todo lo que pasa en Santa Fe cuando, años atrás, no movieron un solo dedo”. Preguntó: “¿Dónde estaban estos jueces de la Corte y (el procurador interino) Eduardo Casal cuando el gobierno de (Mauricio) Macri suspendió la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal?”. Inquirió específicamente al procurador Casal: “¿Dónde estaban cuando se dijo que faltaban un 40% fiscales?”, y les recordó que el encargado de hacer los concursos es él y no el Ejecutivo.
“¿Dónde estaban en 2017 cuando se informó que 9 de cada 10 asesinatos en Rosario se daban por conflictos narco?” y les reprochó el silencio cuando el gobierno de Mauricio Macri paralizó la construcción de la cárcel federal de Coronda (en honor a la verdad fue la última de tantas veces que la pararon desde 1999). En la Casa Rosada leyeron la movida judicial en clave político-electoral.
También fue muy crítico del encuentro el juez de la Corte Provincial Daniel Erbetta. En distintas entrevistas radiales reflotó un artículo del diario La Nación de 2018: “Los jueces de Comodoro Py tienen el peor rendimiento en la lucha contra el narcotráfico del país”, decía. “Calculo que habrán corregido esos índices, pero no son los más habilitados para venir a hacer diagnósticos o hablar de esta materia en nuestra ciudad”, disparó.
Ajufe fue creada en mayo de 2017, no es una entidad gremial sino un espacio corporativo generado desde Buenos Aires (para la interior quedaron reservadas las vicepresidencias). Es relevante el contexto en el que nació: fuertes disputas con el kirchnerismo, la influencia de los operadores del gobierno anterior Fabián Pepín Rodríguez Simón (hoy en Uruguay) y Daniel Angelici y el freno y reprogramación de la implementación del nuevo Código Procesal Penal provincia por provincia, lo que garantizó a los jueces de Comodoro Py conservar el poder devenido del sistema penal inquisitivo por unos cuantos años.
De los ministros de la Corte, el que mejor expresa el ideal corporativo de Ajufe es Ricardo Lorenzetti. El rafaelino fue el promotor del multitudinario desembarco en Rosario con la excusa del narcotráfico, pero también como demostración de poder en la pulseada que tiene con sus pares Rosatti y Rosenkrantz.
La interna
Las huellas de esa interna se notaron en los discursos de Rosatti y Lorenzetti, al punto que parecían ministros de cortes diferentes. Perpicaz, metió el dedo en la llaga un venenoso tuit del ministro Aníbal Fernández: "Bien el diálogo de interpoderes, y que ministros de la Corte se ocupen de asuntos de política legislativa, pero no diriman la interna santafesina sobre el esfuerzo de muchos".
Antes de los discursos hubo un encuentro reservado en el decanato, del que participaron rector, decano, la secretaría académica, los cuatro ministros de la Corte, el gobernador, el intendente, los senadores de Juntos por el Cambio Losada y Scarpin y el procurador federal. Tuvo un fugaz paso Erbetta, que rechazó participar de la foto y no se quedó al acto porque no había sido invitado. En un momento el gobernador abordó al procurador Casal: “Bueno, ¿cuándo me mandás más fiscales?”. “Te puedo mandar secretarios, pero tenemos que seguir conversando, no es tan fácil”, recibió como respuesta. Ese encuentro chico tampoco dejó concreciones.
A la hora de los discursos, Lorenzetti lamentó que desde 2009, cuando la Corte que presidía sacó el fallo Arriola, se haya desperdiciado “más de una década sin políticas de Estado contra el narcotráfico”. Luego detalló un plan diseñado desde la Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico creada cuando él presidía el Tribunal. Y propuso la creación de una agencia especial y permanente contra el narcotráfico.
Rosatti hizo notar la distancia. “Quienes hoy vinimos a Rosario, invitados por los organizadores, no lo hicimos para sacarnos una foto”, aseguró, y dejó un mensaje más hacia adentro que hacia afuera: “No debe ser visto este acto como una manifestación corporativa o autorreferencial; no estamos aquí para decir que todas las culpas son de los otros”. También marcó que “no venimos a instalar ni a potenciar una evitable dicotomía entre justicia federal y justicia provincial, cuya exacerbación es funcional al progreso de la delincuencia organizada (entre las suspicacias que generó el acto fue la elección de la Facultad de Derecho en lugar del ámbito de los tribunales provinciales).
También mandó un aviso a los jueces del fuero federal rosarino: “Seguimos con mucha atención el desarrollo en esta ciudad de los procesos… y aguardamos con ansiedad su definición”. Cerró con un mensaje fuerte: “Aquí no hay neutralidad posible. Todo aquél que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que… la indiferencia no es neutralidad sino complicidad… Este es el mensaje que queremos dar. Para que se note quiénes están de este lado, y para que se note también quiénes no lo están”.
En tanto procesaban el mensaje, todos los jueces federales aplaudieron. Incluido Marcelo Bailaque.