El clima político-institucional de Santa Fe vibra al ritmo del reformismo pullarista. Tras los cambios en el sistema previsional, que tuvo coletazos políticos porque diluyó la luna de miel del gobierno con algunos sectores y reperfiló referencias de la oposición, la Casa Gris alimenta las batallas por “ordenar el Estado”, con el doble propósito de alcanzar los objetivos declarados de eficiencia, pero también modificar las relaciones de fuerza, en especial con los sindicatos más poderosos del Estado provincial, que Pullaro considera que cogobiernan las empresas públicas o las políticas educativas.
Esas batallas combinan objetivos económicos con una áspera retórica “antiprivilegios”. El premio por asistencia a la docencia, los ajustes y despidos en Aguas Santafesinas y la EPE, y la pulseada con el Poder Judicial, entre ellas.
Esta semana vuelve a primer plano la pulseada con Luz y Fuerza: la conducción de la empresa eléctrica estatal denunciará parcialmente el convenio colectivo y va a cesar por vía de una resolución lo que denomina “prerrogativa de sangre” y que en la práctica es la prioridad de ingreso a familiares del personal establecida en el convenio del sector.
Más tensión, y no eléctrica precisamente, justo en momentos que la pregunta “¿hasta dónde está dispuesto a abrir de forma deliberada frentes de conflicto el gobierno provincial?” repiquetea en ámbitos de la política, la Justicia y la educación.
El propio gobernador se hizo cargo de esa inquietud días atrás, después de que dos de sus ministros fueran abucheados por personal del Poder Judicial durante una manifestación: “No se crean que no me doy cuenta que pongo capital arriba de la mesa en estos debates incómodos, pero no me votaron para ver que las cosas pasen y todo siga igual. Y si tengo que gastar capital político para dar estos debates incómodos, lo voy a gastar”.
El viernes, en San Lorenzo, referentes gremiales de Amsafe rodearon con carteles a la comitiva del gobernador y la vice Scaglia. Sin duda un mal trago que a ningún gobernante le gusta, pero para la Casa Gris ese tipo de acciones son una muestra de debilidad: “Los sindicatos docentes llevan sus dirigentes a donde está el gobernador porque perdieron capacidad de movilización propia”, dice un pullarista pura cepa.
Errores no forzados
En el medio de las peleas con algunos gremios estatales, el oficialismo debió asumir platos rotos por el insólito descuido de los senadores que por unanimidad votaron la expropiación de las instalaciones de la mutinacional Dow que por estas horas ratificó el cierre definitivo de su planta industrial en el Gran Rosario. El proyecto lo promovió el peronista Armando Traferri, pero ni siquiera hubiera entrado en la consideración del Ejecutivo, que está enfocado en atraer inversiones y entiende que reaccionar con una expropiación a alguien que quiere irse es un pésimo antecedente.
Las cosas no quedaron ahí. El Senado pisó el expediente y no lo envió a Diputados para evitar el debate, con lo cual metió en la línea de fuego a la presidenta Gisela Scaglia que en definitiva es la responsable institucional de esos trámites. Las repercusiones también impactaron en el Ejecutivo, que tuvo que contener los llamados poco amistosos desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Todo eso ocurrió en la previa de que el secretario general de la Gobernación Juan Cruz Cándido, el ministro de Gobierno Fabián Bastia y el poderoso senador Felipe Michlig subieran al avión el viernes a la noche rumbo a Estados Unidos invitados para observar las elecciones presidenciales.
La batalla con el Poder Judicial
Cuando las partes de un conflicto en desarrollo juegan a doblar las apuestas, corren riesgo de pisar la banquina. Les pasó a los sindicatos cuando un grupo minúsculo dentro de una movilización pacífica atacó demencialmente la puerta de la Legislatura durante el debate previsional, poniendo en serio riesgo a periodistas, personal legislativo y policías.
A la Casa Gris también le ocurrió con el retroactivo salarial al Poder Judicial que rechazaba pagar. Ante la presión y el enojo reinante entre empleados, jueces, fiscales y defensores por ese y otros temas buscó una salida de emergencia. Echó mano a la gestión que hizo la fiscal general María Cecilia Vranicich para anunciarle que enviarían fondos para pagarle al MPA, aunque en realidad es a todo el Poder Judicial.
También usó un argumento poco feliz: que si no habían cobrado era a causa de desmanejos financieros de la Corte. El máximo tribunal, a pesar de sus diferencias internas, no tardó ni un minuto en ponerse de acuerdo para desmentirlo en bloque y sin fisuras.
Quedan más rounds por delante con el Poder Judicial. Unidos objeta la incapacidad de la Corte para moldear un sistema de Justicia “acorde a lo que demanda la sociedad”. Ese cuestionamiento al tribunal es de vieja data, e incluso está instalado dentro de la misma Corte, donde las voces disonantes son el juez Daniel Erbetta y el procurador Jorge Barraguirre, ya sea en cuanto a reformas sistémicas y de gobierno, la modernización de resolución de conflictos, la intervención de la Justicia en conflictos sociales extrapenales y el control del trabajo de los miembros del Poder Judicial.
Erbetta y Barraguirre son los dos miembros del tribunal que no alcanzaron la edad de 75 años. Los tres que se disponen a continuar, sin más razones que la ambición personal y cierto vacío legal que hay en Santa Fe sobre los límites de permanencia en los cargos, son Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler.
Éste último, según una alta fuente de la Casa Gris, incumplió un compromiso de fijar una fecha de retiro, como previamente hicieron Mario Netri y María Angélica Gastaldi.
La misma fuente sostiene que el rosarino Falistocco no considera dejar su puesto desde que trascendió que Gutiérrez había prometido que si lo dejaban ser el último en irse se encargaría de que los demás se fuesen para facilitar la renovación y quedarse él. Difícilmente el presidente de la Corte ratifique esta versión, pero lo cierto es que el vínculo con el Ejecutivo, que en un momento se había distendido, saltó de nuevo por los aires.
El oficialismo ahora trabaja sobre la base de que no habrá más renuncias durante 2024, por lo que, cuando el gobernador crea conveniente, se avanzará con la designación de los reemplazantes de Netri y Gastaldi (ésta última se retira en abril) y de un séptimo integrante si, como todo indica, se aprueba la reforma judicial que Diputados tratará el 14 de noviembre a instancias de un proyecto del Partido Socialista.
Reforma constitucional
Santa Fe entró en zona de reforma constitucional. Aunque no es ciento por ciento seguro que salga, hasta el diputado perottista Roberto Mirabella o el Frente Renovador instalan el tema y se posicionan en las redes.
En esta etapa, los asuntos centrales de la reforma se están discutiendo dentro de Unidos, donde conviven miradas e intereses que no siempre concuerdan. Hay poco tiempo y mucho por resolver.
La elección de convencionales es un tema, porque si sale la reforma, en unos cuantos meses habrá una elección provincial fuera de calendario, lo que adelanta dos años un montón de disputas, entre ellas la sucesión de Pullaro. Nada menos.
Si bien el plan A del gobernador no es encabezar la lista de convencionales constituyentes, él y su entorno saben que no ocupar ese lugar es un problema, porque abriría anticipadamente la carrera de posicionamientos para la sucesión, por si acaso la reelección luego no se habilitara.
Una disputa de ese tipo en el primer semestre de 2025 no traería nada bueno para la gestión teniendo en cuenta que todavía le restarán dos años y medio en la Casa Gris. Si la elección posicionara un aspirante a sucederlo el problema sería mayúsculo. Por el contrario, si fuera candidato estaría arriesgando. Y ya se sabe que un gobernante puede perder aún ganando.
El escenario que le permitió a Pullaro llegar a la gobernación con más de un millón de votos contra el peronista Marcelo Lewandowski hoy es muy diferente. Unidos carga con un año de gestión, Milei se consolidó en el gobierno nacional y ahora apuesta a las provincias. Santa Fe sería la primera parada (o una de las primeras) y debut para el partido libertario (ayer lo presentó Karina Milei en la capital), además de ensayo e instalación para lo que realmente le importa a la Casa Rosada, que es la elección de diputados nacionales en la segunda mitad del año.
Una constituyente es una cita histórica a la que nadie quiere faltar y todos están invitados (no hay incompatibilidad con otros cargos para ser convencional), pero también están los obligados a competir. Lo tienen en claro en el oficialismo, pero también las oposiciones, donde un abanico de referentes de amplio espectro calienta motores, desde Marcelo Lewandowski y Diego Giuliano hasta Amalia Granata, Carlos Del Frade y la libertaria Romina Diez.
El sistema electoral es otra cuestión central. ¿Hay PASO o se eliminan? El peronismo las necesita desesperadamente para ordenar su interna. Ahora se entiende la determinación de los senadores para quedarse con el partido, y en consecuencia con los atributos partidarios. Sin primarias, al que no le gusten las reglas de juego controladas por los senadores, tendrá que buscarse sello muleto y competir por afuera.
Otro punto: ¿listas por distrito único o combinación entre distrito único y representantes departamentales? Esta última alternativa levanta las acciones de los frentes o partidos con estructura territorial.
Lo esencial: ¿qué discutirá la convención constituyente? La ley que apruebe la Legislatura, si sale, deberá disponer de forma más o menos cerrada, qué tipo de reforma se habilita. Será una constituyente con amplias facultades o estará acotada a determinados asuntos acordados previamente. ¿En ese caso, qué tan acotada? ¿Una reforma reducida a la medida del oficialismo y algún aliado; o una reforma potente que modernice gran parte del andamiaje institucional construido en 1962?
El rango constitucional para el Consejo de la Magistratura siempre fue número puesto, ¿sí o no? Algunos borradores redactados en oficinas que comandan radicales y que circularon las últimas semanas no lo contemplaban.
¿Dos cámaras legislativas o una sola? La mayoría de la política parece inclinada a mantener la bicameralidad, pero hay fuerzas minoritarias que darán la discusión para habilitar la discusión desde el vamos. Y además, ¿las cámaras serán las mismas después de la reforma, o se abrirá la discusión de vieja data sobre el manejo de fondos, subsidios y transparencias?
La narrativa de la reforma también está en juego. ¿Para qué, por qué, para quién? Sería un autoatentado no cuidar ese aspecto en tiempos en los que gobierna la retórica facilista pero taquillera de la antipolítica.