Si algo sostenía este jueves a la mañana, con apenas 48 horas de margen, la esperanza del oficialismo provincial de sancionar en el período de sesiones ordinarias la ley de necesidad de la reforma de la Constitución de Santa Fe era el silencio del perottismo. Después de que tres sus integrantes firmaran el documento del Partido Justicialista que calificó de “autoritario” y fuera de tiempo el intento de Unidos, los diputados que comanda el exgobernador Omar Perotti evitaron los pronunciamientos públicos y no participaron de las reuniones conocidas que hubo sobre el tema, una de la comisión de Asuntos Constitucionales y otra institucional entre el PJ y Unidos. En este marco, mientras la rosca seguía sin pausa, el gobierno provincial empezó a admitir lo que antes no: la posibilidad de que, ante un pedido formal de los bloques legislativos, el gobernador Maximiliano Pullaro incluya el tema en extraordinarias.
El margen de acción para que Perotti ponga sus votos sobre la mesa en estos dos días es estrecho: desde la conducción del PJ hay una amenaza de expulsión para los diputados que puedan negociar por su lado el apoyo a la ley de necesidad de la reforma y dentro del propio oficialismo hay sectores que impulsan un acuerdo más amplio.
Lo cierto es que Unidos necesita sí o sí sumar votos del peronismo para llegar al número mágico de 34 diputados que componen la mayoría especial de dos tercios que es condición para sancionar la ley de necesidad de la reforma constitucional y que ya tiene por sí mismo en el Senado. Salvo el perottismo, todo el resto del peronismo pronunció con claridad que no levantará la mano esta semana. Y Celia Arena, Marcos Corach y Walter Agosto, que responden al exgobernador, firmaron el documento peronista que cuestionó la idea oficialista de apurar los tiempos.
No es un dato menor que aunque figuran en el documento, según revelaron fuentes del sector a Rosario3, en realidad esos tres legisladores plantearon en la reunión del lunes que el PJ debía dar libertad de acción a los distintos bloques. De esa bancada quedan el propio Perotti y la exministra de Salud, Sonia Martorano. Con esos votos, más un par posibles de otros sectores, le alcanzaría al oficialismo, pues tiene 28 diputados propios y contaría también con el apoyo de dos del Frente Amplio Solidario (FAS), Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué.
El interlocutor elegido
Pullaro y Perotti construyeron una relación de confianza desde la misma transición en la que se acordaron las condiciones de traspaso de poder del segundo al primero. El diálogo entre ambos es permanente. Está claro que el actual gobernador eligió a su antecesor como su interlocutor en el peronismo y que el rafaelino retribuyó con actitud colaborativa en la Legislatura.
En el perottismo, por estas horas y ante la amenaza de expulsión del PJ, recuerdan que en las gobernaciones socialistas ese lugar lo ocuparon los mismos sectores que ahora amenazan con la tarjeta roja: los senadores provinciales y el rossismo. “Nadie entonces planteó echar a nadie de ningún lado”, dicen cerca del ex mandatario provincial.
No solo eso: también ponen el ejemplo de lo nacional. “¿Alguien en el PJ está pensando en expulsar a quienes apoyen el pliego de Ariel Lijo para la Corte? La propia Cristina Kirchner hizo que Laura Corpacci firmara el dictamen”, chicanean.
Que la voluntad de Perotti de acordar está es algo sabido desde hace tiempo. El documento del PJ contra la reforma constitucional lo que buscó es marcarle la cancha al exgobernador, hacerle saber que, en este caso, negociar solo, sin el resto del partido, tendrá un costo político mayor, que dentro del propio peronismo algunos comparan con el que pagó Jorge Obeid cuando derogó la ley de lemas.
Finalmente, lo que los otros sectores del PJ buscaban es ser parte también de la negociación. No quedarse afuera de un debate trascendente desde el punto de vista institucional, en un escenario donde, además, su mejor oportunidad está ahora. ¿Por qué? Porque sus votos son necesarios en la Legislatura para sacar la ley de necesidad de la reforma, pero su perspectiva electoral para el año que viene es muy desfavorable en el actual escenario y eso puede hacer que su influencia en la Convención Constituyente sea menor.
Esto último cabe también para el propio Perotti. Lo que se está por resolver, una reforma constitucional con la posibilidad de reelección para el actual gobernador, es algo que quisieron hacer y no pudieron prácticamente todos los gobernadores de la democracia, incluido el rafaelino. “Hay grandes posibilidades de acordar, pero mucho depende del grado de generosidad de Pullaro, de cuánto este dispuesto a abrir el juego”, sostienen las fuentes perottistas consultadas por Rosario3.
Que Perotti esté dispuesto a acordar operó como presión, también, para el resto del PJ. Por eso, el documento del lunes fue duro, pero en ninguna línea cerraba la puerta del diálogo, que de hecho se abrió con la reunión institucional que se realizó este miércoles. En ese encuentro, del que participaron por Unidos la vicegobernadora Gisela Scaglia, el senador el radical Felipe Michlig, el diputado socialista Joaquín Blanco y a la que se sumó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, lo que pidió el peronismo fue tiempo e institucionalidad. "Podemos ir hacia un proceso al que se sume no solo el perottismo, tengo sensaciones positivas", fue la conclusión a la que llegó una fuente de Unidos
Los tiempos
En este marco, la cuestión de los tiempos podría ser secundaria. Si bien el gobierno provincial considera importante que se sancione en ordinarias –es decir antes del sábado–, porque sostiene la narrativa pullarista de que es un tema de la Legislatura y de que el gobernador solo está concentrado en la gestión, dentro de Unidos también hay sectores que parecen más proclives a no forzar tanto la rueda.
Y es que, en ese punto, coinciden con dirigentes del peronismo que eso permitiría llegar con consensos más cerrados, aunque ya no se llegue a cerrar algún tipo de núcleo de coincidencias básicas, que no deje tan abierto el nuevo texto constitucional a la voluntad de una Convención Constituyente que nadie puede anticipar cómo estará conformada.
“El Pacto de Olivos no se resolvió en una sola reunión”, recordaba por estas horas un dirigente del PJ provincial, que puso sobre la mesa el riesgo de que una buena elección libertaria pueda poner en entredicho, por caso, cuestiones que en Santa Fe tienen actualmente rango constitucional, como los derechos de los trabajadores. “Hoy por hoy el peronismo no está en condiciones electoralmente de defender eso”, explicó.
De hecho, desde que comenzó el proceso, el socialismo planteó que la mejor estrategia era llegar con un núcleo de coincidencias básicas, como sucedió en la reforma nacional del 94, para definir lo que el derecho constitucional nombra como “sala de máquinas”, es decir las instituciones y normas que hacen al funcionamiento de los tres poderes del Estado, entre ellas la autonomía municipal, una deuda que Santa Fe tiene desde hace 30 años.
Acaso eso explique que desde ese sector también desdramaticen ante la posibilidad de estirar los tiempos, cuestión que podría saldarse con un pedido de los propios bloques legislativos al gobernador para que habilite el debate de la ley de necesidad de reforma constitucional en extraordinarias, algo a lo que ahora estaría dispuesto.
Se vienen horas de definiciones.