El veto no está pero estará, dicen en el Gobierno. Aunque la marcha universitaria sea masiva y aunque no tenga asegurado el tercio legislativo para blindar su postura, desde la administración que encabeza Javier Milei aseguran que el Presidente no se correrá de su postura de impedir que se promulgue la ley de financiamiento votada por el Congreso para garantizar fondos que permitan aumentar los sueldos de docentes y no docentes de las casas de estudio, un sector que sobrelleva una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 25 por ciento desde diciembre.
El Presidente tiene tiempo legal hasta el jueves para firmar el veto y todo indica que lo hará ese día, es decir 24 horas después de la marcha en defensa de la educación pública convocada por los gremios y los rectores universitarios.
Los convocantes a la manifestación que se realizará en Buenos Aires y también en otras ciudades –Rosario incluida– esperan repetir un hecho tan fuerte y contundente como el que en abril obligó al gobierno a abrir la billetera para aumentar los gastos de funcionamiento de universidades que en aquel momento decían no poder pagar ni las boletas de la luz.
Hasta ahora esa fue la movilización más importante contra el gobierno libertario, que se encuentra en estos días en una posición menos favorable en cuanto al apoyo hacia la gestión que enfrentan las encuestas, aun cuando Javier Milei sigue teniendo un respaldo importante y no aparece ningún liderazgo opositor en condiciones de hacerle sombra.
Pero el presidente entiende que no puede dar el brazo a torcer en su defensa a ultranza del déficit cero y está dispuesto, como ya pasó con el aumento a los jubilados, a pagar los costos.
El problema es que se encuentra en dificultades para recrear ese tercio de 87 “héroes” –así los llamó– que bloquearon en la Cámara de Diputados el rechazo al veto a la reforma jubilatoria.
Es que tanto en el PRO como entre los radicales que se dieron vuelta y borraron con el codo el aumento a los jubilados que habían votado con la mano hay resistencias a volver a votar de la misma manera.
¿Quiere decir esto que ganarán los rectores universitarios que en los últimos días metieron presión a los legisladores de su provincia para que permitan que la ley de financiamiento entre en vigencia?
Para nada. Por eso incluso después de la marcha y el eventual veto seguirán trajinando los teléfonos de los diputados. Por caso, los rectores de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y de la del Litoral (UNL), Enrique José Mammarella, convocaron para el viernes a una reunión a todos los legisladores de la provincia de Santa Fe. Entre ellos hay muchos, incluidos del PRO, que son egresados y quieren a la universidad pública.
Habrá que ver si no aparece un último intento de negociación por parte del gobierno, que ofreció días atrás un aumento del 6,8 por ciento de aumento salarial que rechazaron los gremios universitarios. Y si no es así, a quiénes se ausentan en una eventual sesión legislativa para intentar rechazar el veto, en un tema que la oposición amigable teme que escale y se convierta en un problema mayor.
El final está abierto.