Unos sesenta jueces de todo el país, los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e integrantes de la Cámara de Casación vendrán a Rosario el próximo jueves para dar apoyo a los magistrados de la Justicia Federal de la zona en el marco de la situación de inseguridad, violencia y crecimiento del narcotráfico. El juez federal Carlos Vera Barrios, anfitrión principal, consideró que se trata de un apoyo personal e institucional por parte de sus colegas en este difícil momento que atraviesa la región.
El titular del Juzgado Número 3 de Primera Instancia de Rosario, quien habla muy poco públicamente, describió con detalles la escasez de recursos con que se maneja la Justicia federal y fue muy crítico de la “falta de decisión política” para combatir el narcotráfico. Habló de una “retórica legitimadora que se terminó” con el crecimiento exponencial del fenómeno que se traduce en mayores niveles de violencia y mayor consumo.
La Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (AJUFE) se convocó en la ciudad y fue logrando la adhesión de magistrados que llegarán para debatir sobre el fenómeno narco en Rosario fundamentalmente. A manera de adelanto, Vera Barros, quien es vicepresidente de la región Litoral, habló a solas con Rosario3:
-¿La llegada de jueces federales de todo el país significa un apoyo a sus colegas de Rosario frente al crítico momento que estamos viviendo?
-Sí, es un apoyo en lo personal e institucional. Tanto de la AJUFE como de los colegas. Esto obligará a hacer otras reuniones en zonas de fronteras que son también difíciles. Con esto se cae a pedazos esa supuesta estigmatización sobre la ciudad. Rosario es un lugar de narcotráfico y está muy fuerte. El índice de mortalidad y violencia ya es conocido por todos. Y estamos desvalidos, es muy evidente. Hace treinta años que no se crean nuevos juzgados y encima las vacantes que hay sin ocupar.
-¿Con que recursos cuentan los jueces federales para juzgar al narcotráfico?
-En mi juzgado son veinte empleados y los dos secretarios. Uno encomienda las investigaciones a los fiscales y a las distintas fuerzas. La presencia de las fuerzas federales ha crecido pero sigue siendo pequeña en el interior en proporción. Una ayuda importante son las procuradurías especiales contra la de trata de personas con personal específico que baja de Buenos Aires. Hay problemas carcelarios ya que no tenemos donde alojar los presos. No tenemos cupos y existen problemas para trasladarlos. Hay una demanda política y de la ciudadanía para encarcelar y no tenemos donde meterlos. No hay videocámaras, la conexión es muy mala. La videoconferencia es gratis, sale mucho más barato que trasladar presos. La conexión y el sistema son malos, con equipos vetustos. En Latinoamérica el promedio de recambio es cada cinco años, nosotros hace diez que tenemos los mismos equipos. Por más que haya más personal, lo fundamental es la tecnología. No hay wi-fi en los tribunales, el abogado que viene se conecta con sus datos. No hay tinta para las impresoras. La digitalización es incipiente y se hizo a los ponchazos, aunque mejoró mucho la atención al público y ahorra tiempo y dinero. En los edificios faltan baños y lugares para el público. Para la investigación siempre reclamamos drones pero no hay. Hay cosas que son gratis o que se arreglan con gestión.
-Frente a esa realidad en materia de recursos para combatirlo y juzgarlo, ¿cómo cambió el narcotráfico en los últimos años?
-Se ha generalizado demasiado el consumo y se puso más violento. Es gente muy rudimentaria, se han hecho valer por la violencia. Los cabecillas de las distintas bandas que si bien fueron detenidos siguen operando desde las cárceles.
-¿Y qué falló entonces para que las bandas hayan crecido de esa manera?
-Es que llegamos al fin de una retórica legitimadora donde el Estado no quería hacerse cargo. Esa retórica eran sofismas muy ingeniosos y falsos. Se hablaba de estigmatización de Rosario, del que habla de narcotráfico era porque tenía intereses políticos, que se maten entre ellos como si se pudieran evitar víctimas colaterales. Eso se terminó. Si el Estado no interviene, juega a favor del más fuerte. Esa lucha territorial escaló, se dejó hacer y se dejó que se maten entre ellos. Y cuando escala con el poder del dinero, estamos en un problema. El riesgo del Estado fallido es que se escale hasta la ocupación del Estado. Además se hizo la vista gorda con las inversiones que vienen del dinero negro, ese dinero termina corrompiendo todo, fue un dejarlos hacer porque nos favorece. Y también hay una mayor demanda de drogas: las bandas no crean demanda, no hay un genio publicitario tras las drogas. Se consume más.
-¿Y la Justicia Federal no falló también?
-No dio respuesta en muchos sentidos. Es que en su momento no llegaban las investigaciones de los pesos pesados y se cortaba en los mandos bajos. Nunca se escalaba, nunca caía un narco del centro, siempre eran de la periferia.
-¿La Justicia Federal no se movió, reaccionó tardíamente o no actuó en muchos casos?
-No es cierto que la Justicia Federal no haya avanzado. Hay un defecto y es que la Justicia Federal no tiene vocero ni tampoco el ministerio público. Nunca lo tuvo. Los jueces no es que seamos oscos, si hablas demás podes ser recusado y ser sospechado de complicidad, y es una falta grave. Un juez que habla demás está mal visto. La Justicia provincial tiene más aceitada la comunicación y esa es la diferencia. Los líderes de las bandas están presos y condenados por narcotráfico. Pero siguen operando desde las cárceles. Esto va más allá de la decisión judicial.
-¿No hay autocrítica?
-Lo que nunca se explicó es que la Justicia Federal tiene un alcance limitado. La pena sirve como disuasoria si es contundente. Y además no vimos venir el fenómeno de las grandes bandas. Las grandes bandas aparecen después y de los grandes cabecillas supimos con alguna demora cuando estaban bastante instalados.
-¿Qué responsabilidad le cabe a la clase política?
-Hay una forma de complicidad o dejar hacer. Falta decisión política de perseguir el narcotráfico. La decisión política significa afectar recursos, dotar de recursos a la justicia, traer fuerzas, hacer tarea de inteligencia. Decisión política no es echar culpas a otros. Tenemos una ley de decomiso de 1974 y hay proyectos en el Congreso poniendo la extinción de dominio con la experiencia italiana que combatió a la mafia y eso hay que ponerlo en práctica. Es una herramienta fundamental ya que el delito de narcotráfico es por plata y hay que afectar ahí. Se puede extinguir el dominio incluso antes de la condena cuando no se pueden justificar esos bienes fuera de la causa penal. Eso les pega fuerte, esas son herramientas. Hay que ser creativos. Em la AJUFE somos partidarios de crear una especie de FBI, una fuerza federal al estilo norteamericano para combatir el narcotráfico. Son decisiones políticas que hay que tomar.
-Hay policías involucrados en el narcotráfico, ¿también está la política?
-Hemos llegado a la pata policial, pero no hemos llegado a la política aunque no la descarto. Siempre escuchamos en boca de los políticos la retórica legitimadora que es para anestesiar a la opinión pública. Pero a la opinión pública no la engañas, Rosario Sangra fue una muestra de ello. Ya está desterrado el hecho de que hablar de seguridad es de derecha, la seguridad es un derecho natural y la función esencial del Estado es dar seguridad. Ese discurso retórico se terminó y la clase política quedó desarmada después de haber convivido con niveles menores de consumo y niveles bajos de violencia. Cuando aumentaron el consumo y la violencia, se les fue de las manos.
Perfil de un magistrado
Carlos Vera Barros (61 años) conoce los pasillos del Tribunal Federal como pocos. En 1983 empezó la carrera judicial desde el último cargo, una década después fue nombrado secretario del Juzgado 4 a cargo del doctor Di Gerónimo y diez años después ganó el concurso para juez de primera instancia. Fue subrogante en el Tribunal Oral, y hoy subroga en el tribunal de San Nicolás multiplicando su habitual tarea como lo hacen sus colegas de Rosario y Santa Fe con los juzgados vacantes por falta de nombramientos. Es docente en Derecho Constitucional, en la diplomatura de la misma especialidad y en el doctorado de la Universidad Católica Argentina (UCA). Ha sido convocado para dar conferencias en el exterior y pronto viajará a Perú a capacitar a colegas para la implementación de un nuevo código penal.
Nacido en Rosario, soltero, sin hijos y fanático hincha de Rosario Central. Es un coleccionista apasionado de colectivos en miniatura y postales de la Rosario antigua, algo que viene de tradición familiar. Amable, de palabras medidas y muy atento al diálogo, aceptó un breve ping-pong:
-¿Cómo ve la ciudad?
-Con frustración como a la Argentina en general y Rosario en particular. Sacando la violencia política, tengo muy fresco el recuerdo de los setenta de una Argentina potencia, un país que crecía, Buenos Aires era la ciudad más segura del mundo, era otro mundo. Hoy se terminó el empleo estable y los jóvenes deben irse del país.
-¿Nunca le dio por la política?
-Me gusta mucho, me interesa, la sigo. Pero mi lugar es el Tribunal. Acá también se hace política que es preocuparse por el bien común.
-¿Está amenazado?
-No. Pero tengo custodia. Los jueces estamos más cuidadosos que antes. La mayoría nos exponemos poco, los que muestran sus vidas en las redes son excepciones.
-¿Qué los diferencia de los colegas de Comodoro Py?
-Nosotros tenemos poca presencia. Allá están las causas políticas, lo penal económico, las grandes causas.