Hay malestar e inquietud entre los jueces para con el gobierno provincial. Es que, aseguran, están ante “un conflicto de Poderes en puerta” generado por el “intento de copar la Justicia” de parte del Ejecutivo. Exhiben una serie de argumentos como la falta de nombramientos para ocupar casi un 30 por ciento de los juzgados que están hoy vacantes, las modificaciones en el régimen previsional, los cambios que impulsan para con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia santafesina y fundamentalmente la amenaza de avanzar contra la ley de enganche salarial que les permite equiparar sus ingresos con los de sus pares federales.
A principios de la gestión de Maximiliano Pullaro, había tres cosas que les quitaban el sueño a los magistrados. Una era la ley de narcomenudeo, que finalmente se aprobó y permite investigar bajo la órbita provincial la venta ilegal de drogas de poca monta. Otra era la reforma previsional y el recambio en el máximo tribunal de Justicia. Y tercero, que se les interrumpa la posibilidad de obtener los aumentos salariales que sus pares federales consiguen. Ya llevan más de la mitad de sus pesadillas hechas realidad.
“Hoy estamos en la puerta de un conflicto de poderes no buscado por el Poder Judicial, que viene con toda intensidad y que se la imprime el Ejecutivo con una visión hegemónica de copar la Justicia”, describió un camarista rosarino a Rosario3.
Otros colegas se remontan a agosto de 2023, cuando se rechazaron los pliegos de fiscales y nombramientos de jueces con la promesa que se iba a normalizar con el nuevo gobierno. Eso no sucedió y hoy -calculan- hay un 30 por ciento de juzgados vacantes por falta de designaciones, que en algunos casos llegan a los tres años y medio de demora.
Encima les pesa el cambio de reglamento en el proceso de selección de magistrados donde ya no hay orden de mérito y el gobernador puede elegir cualquiera de los inscriptos. Un ejemplo es la cuestionada selección de postulantes para la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, cuyos tres nombres seleccionados, y luego aprobados, no eran los tres primeros sino los que eligió el mandatario y envió sus pliegos a la Legislatura.
El desenganche más temido
Lo que más enoja a los jueces es la solapada pretensión que viene mostrando el Gobierno de impulsar una ley que los desenganche de los sueldos de sus colegas del fuero federal. Aunque notan que idea viene madurando con “prudencia”, vaticinan que si esto se traduce en los hechos podrá desatarse un conflicto con los actores del Poder Judicial como magistrados, funcionarios, fiscales y empleados que “afectaría la calidad institucional” de la Provincia.
Es que esa ley de enganche también la tienen los agentes judiciales de otras provincias como Córdoba (con un 90 por ciento de equiparación salarial), Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut.
“Esto evita una paritaria con los jueces. Se imaginan todos los meses reunirse para discutir los aumentos de los sueldos”, se quejó un letrado de Rosario.
En términos estrictamente económicos, tampoco ven una ventaja ya que “a los salarios de los magistrados y fiscales no los podes bajar, deben estar ajustados a la inflación, según una garantía constitucional. Si sacas la ley de enganche hay que ajustarlos con el índice de precios” explicó la misma fuente.
Consultado sobre la cuestión, el privilegio que tienen en relación al aumento automático de sus ingresos y la no tributación de Ganancias (para aquellos designados antes del 2017) respondió: “No son ni privilegios ni beneficios, son garantías”. Y remató elevando el volumen de la voz: “los poderes Ejecutivo y Legislativo se fijan sus haberes por su cuenta. Ahora quieren fijárselos al Poder Judicial. Es una forma de dominación y disciplinamiento”.
“Ni cara ni ineficiente"
La definición de Pullaro que la Justicia es “cara e ineficiente” caló hondo en los pasillos de Tribunales. El Colegio de Magistrados de la 2ª Circunscripción le respondió en su cuenta de X: “La justicia santafesina es la que menos recursos emplea para hacer frente a la conflictividad en la sociedad civil”.
Argumentan, según el acuerdo Nº 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, que el presupuesto destinado por Santa Fe al Poder Judicial (de 161.769 millones de pesos, un 3.41% sobre el total) es en proporción menor al de Córdoba (315.320 millones, un 7.49%).
Además, según escribieron los camaristas, Santa Fe presenta el índice más bajo de empleados y funcionarios judiciales del país: unos 4600, es decir 1.29 por cada mil habitantes. En cambio los cordobeses tienen 8810 agentes, 2.29 cada mil habitantes.
“Es la Justicia de Santa Fe que detuvo a las bandas narco-criminales que operaban en el territorio, con valentía y sin evadirse por la tangente de la jurisdicción federal del narcotráfico. Soportando amenazas y balaceras. No fue el Poder Ejecutivo, fue la Justicia”, concluyó la publicación del Colegio en la red social.
El golpe de la Caja
Otro golpe fue la reforma a la Caja de Jubilaciones santafesina. Es que un juez de Primera Instancia de Rosario calculó que con el régimen anterior se hubiera jubilado con el 82 por ciento y con el nuevo se podría jubilar con el 70 por ciento de ese 82. Es por ello que, según los números que manejan, 167 agentes -27 jueces, 60 funcionarios, 65 empleados y 15 jueces comunitarios- se acogieron al beneficio al 10 de septiembre último con la presentación de la respectiva renuncia. “Es mucho más que lo que sucedía años anteriores, no tiene comparación”, agregan.
Cuentan que han dejado su trabajo magistrados que podrían haber trabajado 7 u 8 años más, en especial mujeres. “Una sangría fuerte y de gente muy valiosa”, apuntó una de las fuentes consultadas.
Rosario3 supo que están en plena etapa de consultas con un prestigioso apoderado del fuero local para hacer presentaciones judiciales contra la nueva ley por parte de los ya jubilados por el denominado aporte solidario que están obligados a hacer -entre otros argumentos- y también de los futuros beneficiarios por el cambio de condiciones. Algo que también harán los gremios de docentes y estatales.
Cambios en la Corte
La embestida gubernamental para renovar la Corte y que sus integrantes con edad de jubilarse lo hagan pronto también contribuye al clima de discordia. Los jueces de la ciudad reconocen que el máximo tribunal necesita una “renovación”, pero están preocupados por el “cómo” y el “para qué” del proceso.
A las salidas ya anunciadas de los doctores Mario Netri y María Angélica Gastaldi, ahora habrá que esperar qué decisión toman Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco. Daniel Erbetta es el sexto y es más joven.
La decisión del gobierno es que al menos empiecen a barajarse los nombres de los posibles candidatos/as para reemplazar a los dos salientes y designar a un tercero/a para que la Corte tenga un total de siete miembros. Claro que están a la espera que también dejen sus lugares los otros tres quienes ya están en edad de retiro. Así lo plasmó el senador provincial y armador político del oficialismo, Felipe Michlig, esta semana por Radio 2, tras la reunión de la cúpula de los partidos que integran el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe que se reunió el miércoles pasado en la capital provincial.
Además de atender la cuestión de género, los magistrados entienden que también deben considerarse “la trayectoria y el prestigio” de los/as postulantes. Y que la renovación de los cortesanos no se convierta en un reducto de operadores políticos que resuelvan a favor de tal o cual espacio.
Ruido en Tribunales
El pasado miércoles hubo una asamblea y recorrida con aplausos en el hall y a lo largo de los pasillos del Palacio de Justicia de Balcarce y Pellegrini por parte de los empleados. Es que están reclamando el ascenso y designación de unos 300/400 agentes que están frenados.
En la manifestación también participaron directivos del Colegio y de la Asociación de Fiscales. Aunque, aclararon, fue “en apoyo” pese a que el reclamo es independiente de lo que están haciendo los magistrados.