Después de un mes y medio, este jueves el plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados que debe analizar y dictaminar para una ley nacional de humedales volverá a funcionar a pleno y con un “final abierto” sobre su resultado, como calificaron fuentes que participan de la negociación de último momento.
A diferencia de la semana pasada, cuando Juntos por el Cambio no asistió a la convocatoria del oficialismo, ahora ambas fuerzas adelantaron su presencia por lo que en primer lugar habría quórum para poder funcionar en pleno. De hecho, la cita a las 13 en el Anexo C consta en “la agenda parlamentaria” de la página oficial (la reunión anterior no).
La diferencia es que esta vez la comisión de Agricultura y Ganadería que preside el radical (en Juntos) Ricardo Buryaile también citó de manera formal y se suma a las de Recursos Naturales y de Presupuesto, que conducen Leonardo Grosso (autor del denominado proyecto de consenso) y Carlos Heller, ambos del Frente de Todos.
Con ese primer paso, que parece menor y formal pero que no se lograba desde el jueves 22 de septiembre, hace ya siete semanas, se reactivará entonces la discusión sobre un “Régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales”.
La pulseada entre dos proyectos
De las diez iniciativas que había al inicio del debate, esta semana las negociaciones se centraron en solo dos, una por cada bloque mayoritario y que cuentan con la mayor cantidad de firmas.
El proyecto presentado por el diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos) expresa una síntesis de los aportes de más de 500 organizaciones socioambientales y especialistas de universidades (por eso se lo conoce como “de consenso”). Ya tuvo dictamen en 2020 de la comisión de Recursos naturales, que preside, pero perdió estado parlamentario.
El desafío de ese sector del oficialismo era lograr el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores del norte, quienes se oponen a la ley y frenaron el plenario del 29 de septiembre con un comunicado desde Estados Unidos. Temen que una normativa ponga en riesgo las inversiones para extraer litio de los salares (ecosistema que se considera un humedal).
El articulado de ese expediente plantea un dilema. Si se modifican algunos principios (como ceder el poder de hacer el inventario y fijar el ordenamiento a las provincias y no a la Nación), el oficialismo podría superar sus diferencias internas e imponer dictamen de mayoría. Pero eso no estaba garantizado y la discusión continuaba en la víspera. “Estamos intentando acercar a algunos gobernadores más permeables'', dijeron fuentes legislativas a Rosario3.
En la vereda de enfrente, el texto que buscará imponerse es el de la santafesina Ximena García. La iniciativa de la radical en Juntos reúne más de 40 firmas en su bloque y tiene su réplica en el Senado. Uno de los avales que sumó fue el de Gabriela Lena (autora a su vez del tercer proyecto de ese espacio).
Si bien el plan original otorgaba un plazo de tres años para finalizar el inventario federal (es decir definir cuáles y dónde están los humedales) y luego otro más para el ordenamiento provincial, la última modificación es que ee mapeo ya no sería “federal” sino provincial.
“El inventario lo hacen las provincias y solo ejerce un rol de coordinación la autoridad nacional de aplicación (el Ministerio de Medio Ambiente y el de Economía a través de la Secretaría de Pesca, Agricultura y Ganadería)”, afirmó García a este medio.
De esa manera, el ex Cambiemos, que comenzó la discusión con tres alternativas, cerraría filas con ese proyecto. Lo dejó de forma muy clara el diputado por Corrientes y productor agropecuario Carlos Vara (autor de un texto propio) en el plenario: “Vamos a defender a muerte que el inventario tiene que estar en manos de las provincias”.
Terceros en disputa: un rol decisivo
Como la fuerza (cantidad de votos) de los dos bloques principales serían similares (entre 116 y 118 cada uno), la búsqueda de aliados puede definir la votación en el plenario.
El socialista rosarino Enrique Estévez adelantó que todavía no había definido su apoyo porque restaban conocerse los textos finales. “El bloque socialista va a acompañar el que más se acerque al dictamen que salió hace un año y medio de consenso (el original de Grosso)”, señaló.
Como todo era dinámico y estaba abierto, el legislador aclaró que solo hablaba en representación de dos de los ocho votos que forman parte del Interbloque Federal (los del PS). Así de finito asoma el poroteo para este jueves.
El resultado de la negociación y de la votación definirá el devenir del debate. En primer lugar porque las organizaciones medioambientales avisaron este martes que si se altera el proyecto consensuado en su momento se opondrán a la sanción y se manifestarán en las calles. En paralelo, si el proyecto Grosso no se abre y logra nuevos consensos podría salir como dictamen de minoría.
En el recinto en la Cámara de Diputados se optaría por sí o por sobre el dictamen de mayoría. Una eventual media sanción antes de fin de año podría tener la particularidad de ser reprobada por las agrupaciones verdes que empujaron el debate en primer momento (y desde hace ya diez años).
Tres puntos clave
Los proyectos de ley tienen varios artículos pero hay tres grandes ejes que definen buena parte de la discusión. En primer lugar la definición de humedales. No es una formalidad técnica. De eso depende que la regulación alcance al 21% del territorio nacional o el 9,5%, como plantea por ejemplo el nuevo mapa elaborado por el Inta y presentado este año.
El segundo tema es el inventario: dónde están, cuáles son, qué características tienen esos ecosistemas. El pedido original era que ese trabajo esté a cargo de la Nación. Si no es federal, cada provincia podría definir por su cuenta. Esa característica fue la que debilitó, entre otras cosas, la implementación de la ley de bosques.
Además, un humedal compartido por varias jurisdicciones (como el Delta del Paraná) podría serlo de un lado de la frontera y no del otro. Eso buscaría evitar la “coordinación” federal, aunque esa figura no tiene el mismo peso que estar a cargo.
El ordenamiento, es decir qué se puede hacer (y en todo caso cómo) y qué no, quedaría en manos de las provincias. Eso es algo que contemplarían las dos normativas.
En síntesis, las diferencias entre los dos proyectos mayoritarios ya no serían tantas ni tan profundas como al comienzo del debate, cuando este medio desarrolló las cuatro variables principales (el presupuesto destinado es otra).
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