En línea con el proceso de eliminación de leyes existentes que regulan distintos aspectos de la vida y la economía en el país, el presidente Javier Milei manifestó el pasado 22 de enero que la derogación del aborto legal está en la agenda legislativa “no urgente” de su gobierno y declaró a 2024 como el "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad".
En ese contexto, el diputado nacional rosarino Nicolás Mayoraz, que justamente construyó en buena medida su carrera política sobre el rechazo a la Interrupción legal del embarazo (ILE), se mostró confiado en conseguir este año su derogación y opinó que “la legalización del aborto no solucionó la mortandad de esta práctica”.
Ambas declaraciones causaron malestar en el sector de la población que reclamó y apoyó la sanción de la Ley 27.610, hecho que se concretó el 30 de diciembre de 2020 (hace poco más de tres años) luego de largos meses de complejo y pormenorizado debate y extensos años de cajoneo de proyectos, además del rechazo del Senado en 2018, que postergó su tratamiento un año más.
¿En qué se basa Mayoraz para sostener su postura?
Sin aportar precisiones sobre la base de comparación, Mayoraz advirtió que la ILE no resolvió el problema de la mortandad entre mujeres que llevan a cabo esta práctica y sostuvo que desde que se sancionó la Ley, se llevaron a cabo más de 250 mil abortos legales, lo que consideró “un verdadero genocidio”.
Según datos oficiales, solicitados por "Chequeado" (organización no gubernamental, sin fines de lucro, no partidaria, que trabaja a través de la verificación del discurso público) al gobierno nacional en un pedido de acceso a la información, sólo entre enero y septiembre de 2023 (último mes con datos disponibles), se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país. Sumados los años anteriores –2021 y 2022–, se contaron unas 245 mil interrupciones legales en el sector público. Santa Fe se ubicó como la 14ª jurisdicción con más abortos voluntarios. La primera es Capital Federal y la segunda es la provincia de Salta.
Pero ¿hay forma de comparar la cantidad de prácticas de este tipo realizadas en el país desde la entrada en vigencia de la ley 27.610 (24 de enero de 2021) hasta el presente, con algún dato fidedigno anterior a la sanción de la norma? Porque la irregularidad con que se realizaban y el escenario de clandestinidad en el que se producían hacen que sea muy difícil contar con un parámetro cierto que permita cotejar los datos presentes (con registro total de casos) y pasados (con registro parcial) y sacar conclusiones. A los escuetos datos oficiales se sumaban numerosos casos no registrados, sobre los cuales sólo había estimaciones.
De hecho, las organizaciones que impulsaron la sanción de la ley, remarcaron durante todo el debate previo, que la disyuntiva no estaba planteada entre “aborto sí - aborto no”, sino entre “aborto legal - aborto clandestino”, porque de hecho, aún en la ilegalidad, estas prácticas venían realizándose sin que quedara constancia de ellas y, como es sabido, justamente las condiciones de precariedad sanitaria que rodeaban a la clandestinidad terminaban causando, en reiteradas ocasiones, la muerte de muchas mujeres que no tenían recursos para optar por prácticas seguras.
Mortalidad materna por aborto en descenso
En segundo lugar, los datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación en relación con las muertes maternas por aborto, se contraponen con la afirmación del diputado Mayoraz, ya que marcan un descenso a partir de la implementación de la ILE.
Atendiendo estrictamente a las cifras oficiales que no daban cuenta de las prácticas clandestinas, en 2018 el Ministerio de Salud registró 35 muertes maternas por “embarazo terminado en aborto”, que implicaron el 13,6% de las defunciones de mujeres embarazadas (Nota: “Aborto legal: las cifras de la Argentina a un año de la sanción de la Ley IVE”, La Nación, 30 de diciembre 2021, cita de Patricia Bustamante, abogada integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito).
Mientras que según datos oficiales recogidos en el último informe del proyecto Mirar –iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) en alianza con Ibis Reproductive Health, que monitorea la implementación de la ley 27.610 en el país– las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021.
La meta de mortalidad materna por aborto es cero.
“La ley 27.610 de Acceso a la ILE/IVE (Interrupción Legal del Embarazo / Interrupción Voluntaria del Embarazo) generó condiciones para el acceso al aborto seguro y esto se observa en el descenso de la mortalidad materna por aborto en el primer año de implementación de la ley. La meta de mortalidad materna por aborto es cero, por lo cual es necesario seguir ampliando los equipos de salud que garantizan la práctica, continuar con la disponibilidad de medicación en el primer nivel de atención y mejorar la calidad de atención en el segundo trimestre y posaborto”, sostuvo entonces la cartera sanitaria.
Pero el pasado 26 de enero, el flamante ministro de Salud de la Nación designado por el presidente Javier Milei, Mario Russo, publicó un informe de 168 páginas titulado Estadísticas Vitales – Información Básica – Argentina 2022, en el cual se consignan, entre otros, los datos relativos a “muertes maternas” durante el año 2022, que contradicen lo afirmado por el diputado del mismo partido gobernante.
Las estadísticas publicadas por el propio Ministerio de Salud de la Nación dan cuenta de que la cifra de muertes va en disminución.
En la página 133 del mismo, consta una tabla donde se detalla la estadística relacionada con las muertes maternas y las causas de defunción en 2022. De ese registro oficial surge que la cantidad de muertes maternas a causa de embarazos terminados en aborto médico, fue de 8 casos. Es decir: 5 menos que en 2021.
Si bien esto no significa que el problema esté solucionado (para hablar en los términos del diputado Nicolás Mayoraz) ya que el objetivo máximo es que no se produzca ni una sola muerte materna por esta causa, las estadísticas publicadas por el propio Ministerio de Salud de la Nación dan cuenta de que la cifra muestra una tendencia a la disminución y ese dato guarda relación con la intervención de la salud pública de manera oportuna.
El termómetro del tema desde la Salud Pública municipal
Según la información aportada por la actual subdirectora de la Maternidad Martin –ex titular de la Mesa de Trabajo del Área de la Mujer, Diversidad y Género de la secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario, Karina Martínez– en la secretaría se viene trabajando sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos desde hace más de veinte años, como parte de una política de salud integral de las mujeres.
No tenemos registro –al menos en los últimos ocho años, dentro de los efectores de la red municipal– de casos de muerte materna a causa de la interrupción del embarazo.
En ese sentido –explicó– “se trabaja con embarazadas y no embarazadas, en detección de enfermedades de transmisión sexual, para poder identificar las causas de la morbimortalidad materna y perinatal y así contribuir a su disminución”.
“No tenemos registro –al menos en los últimos ocho años, dentro de los efectores de la red municipal– de casos de muerte materna a causa de la interrupción del embarazo. Del sector provincial y privado no tenemos datos”, afirmó Martínez.
“En relación con la interrupción propiamente dicha del embrazo, se viene trabajando desde el año 2012, es decir, mucho antes de la implementación de la ley 27.610. Dentro del área de Salud Pública municipal se empezó a atender a mujeres que necesitaban información, dentro del marco legal de interrupción de embarazo vigente hasta entonces. La ley de 2020 –señaló– le vino a dar un marco a la atención de las mujeres y a ordenar los sistemas de salud en cuanto a cómo deben funcionar y brindar atención. Es necesario dejar en claro que la decisión de interrumpir el embarazo es siempre de la mujer. Los equipos acompañan” subrayó.
Desde el año 2018, según explicó, se dio un aumento en las consultas y a partir de 2021, se produjo un amesetamiento de las mismas. “La entrada en vigencia de la ley no aumentó de forma exponencial los casos. Se trabaja mucho. Es un lugar de escucha y acompañamiento”, aseguró la profesional, y citó, a modo de ejemplo, que ninguna mujer asiste a procurar un aborto como si fuera a la peluquería”, como muchas veces se pretende afirmar para oponerse a la ley que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito.
Las causas de morbimortalidad materna en Rosario
En cuanto a las tasas de morbimortalidad materna en Argentina (los registros de Rosario coinciden en ese punto con los de Nación) la funcionaria precisó que a diferencia de lo que ocurría veinte años atrás, cuando la primera causa de muerte eran las infecciones, actualmente, esa causa quedó relegada al tercer lugar como consecuencia de los cuidados que se brindan a las gestantes, el acceso de las mujeres embarazadas a la atención médica oportuna, los controles periódicos, la ampliación de los horarios de atención y el acceso a los medicamentos con que cuentan los efectores de salud, entre otros factores.
“Hoy, la primera causa de morbimortalidad materna está constituida por los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo; la segunda son las hemorragias y en tercer lugar, quedaron las infecciones".
Anticoncepción
Desde Salud municipal destacan que el trabajo de salud sexual abarca también la información acerca de los métodos anticonceptivos disponibles y adecuados a cada mujer y mencionan los implantes subdérmicos como el método más utilizado últimamente.
Indicó que desde 2012, se empezaron a conformar en los hospitales y centros de salud, consultorías con equipos interdisciplinarios en salud sexual reproductiva que asesoran no sólo en relación con la interrupción del embarazo, sino también para el cuidado y la planificación familiar.
El silencio del Ministerio de Salud de la provincia
Ante la repercusión que tuvieron las declaraciones del presidente Javier Milei y las afirmaciones del diputado Nicolás Mayoraz en torno al aborto y la posibilidad de impulsar la derogación de la Ley 27.610 durante el año en curso, este medio consultó a la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, ya que la provincia se ha destacado por ser una de las pioneras en el país, en materia de salud sexual reproductiva.
Además, en mayo de 2020, en la previa a la sanción de la ley, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe –que Maximiliano Pullaro y Silvia Ciancio integraban– expresó su adhesión a la conmemoración del 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a través de un proyecto de declaración que acompañaron con su firma, entre otros legisladores, tanto el actual gobernador como la actual ministra de Salud provincial. En el mismo se expresa textualmente: “Las mujeres en el mundo demandan a los Estados (…) el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en todos los países, bajo el lema, que sostiene la Campaña Nacional en nuestro país: "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir"; y la modificación de las legislaciones punitivas y criminalizadoras de abortos, asegurando políticas publicas que garanticen servicios de abortos seguros, gratuitos y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados”
Sin embargo, es sabido que la actual vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia –quien al momento de la sanción de la Ley 27.610 se desempeñaba como diputada de la Nación, en representación del bloque PRO Santa Fe– argumentó y votó en contra de la ley hoy vigente.
Quizás, este marco sirva para comprender por qué en momentos de pleno debate de la Ley Ómnibus, de tensión entre Milei y los gobernadores y enfrentamiento entre Maximiliano Pullaro y el Ejecutivo nacional, por las retenciones al campo, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe –cuya titular, Silvia Ciancio, se manifestó a favor del aborto legal, seguro y gratuito en 2020– hoy responde a través de su vocera, que “no va a opinar del tema”. Además, se excusa de aportar estadísticas provinciales y apenas destaca “el compromiso” de su ministerio con “cumplir todas las normativas vigentes en materia sanitaria”; lo cual, lejos de fijar un posicionamiento respecto de la eventual derogación de la Ley 27.610 (que se anuncia para este año) describe ni más ni menos que lo mínimo que todo funcionario público debe hacer en el ejercicio de su cargo: cumplir con la normativa vigente.