El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo nuevas reuniones con los diputados de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, quienes plantearon la necesidad de postergar la sesión hasta el jueves 25 para poder consensuar aspectos centrales del proyecto de ley ómnibus impulsado por el Gobierno nacional.
Las dos bancadas opositoras que están dispuestas a acordar con la Libertad Avanza en el Congreso proponen emitir dictamen entre lunes y martes y sesionar desde el jueves 25 hasta el sábado 27, ya que es el tiempo que se estima que demorará el debate.
"Fue una reunión para poder establecer el procedimiento sobre la emisión del dictamen y la sesión", señalaron fuentes presentes en el encuentro.
Ahora los opositores aguardan la respuesta del oficialismo para poder establecer el cronograma de trabajo, ya que el Gobierno quería que la sesión se realice este sábado y se emita el despacho entre este jueves y el viernes.
Participaron del encuentro el presidente de Hacemos Coalición Federal , Miguel Angel Pichetto; sus pares de bloques, el ex presidente de la cámara Emilio Monzo, el cordobés Carlos Gutierrez, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y el legislador de Innovación Federal, el rionegrino Domingo Agustin.
Fuentes parlamentarias señalaron que los diputados opositores plantearon que para poder avanzar en acuerdos en los puntos donde existen discrepancias es necesario tener un plazo para realizar esas conversaciones a fin de poder acordar un dictamen de mayoría.
Además los diputados opositores están esperando respuestas sobre tres puntos claves del proyecto referidos a la fórmula de actualización de las jubilaciones, ya que rechazan la propuesta del Gobierno de anular el actual sistema de ajuste de los haberes y disponerlos por decreto y solo para las mínimas.
Otro punto central es que los diputados de Hacemos Coalición Federal , Innovación Federal, UCR y el Pro no están de acuerdo con subir las retenciones agropecuarias e industriales al sostener que afectan a las economías regionales, ni con los cambios en el régimen de Pesca, aunque en este punto los acuerdos estarían avanzados.
En cambio, habría acuerdo para limitar las facultades y establecer la emergencia por un año materia económica, financiera, fiscal, económica, administrativa y social, pero no abarcaría seguridad, defensa y previsional.
Uno de los diputados opositores que participó del encuentro señaló que "estamos de acuerdo en un 80 por ciento, pero necesitamos acordar en temas sustanciales", sino avanzarán con un dictamen propio firmado por Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal -que ya trabajan en forma coordinada y suman 32 votos- y posiblemente la UCR.
En cambio el PRO estaría dispuesto a acompañar el dictamen de mayoría de la Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria impulsará un despacho en rechazo del proyecto oficialista.
El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos declara la emergencia pública por dos años, aumenta retenciones agropecuarias e industriales, suspende la fórmula de ajustes de las jubilaciones, impulsa la privatización de empresas públicas, y elimina algunos organismos públicos.
Mientras que se avanzan en las conversaciones, el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, recibió opiniones de organizaciones sociales, económicas y ONGS a favor y en contra del proyecto de Bases.
Las exposiciones del día
Referentes de diversos sectores expusieron este miércoles sus posturas sobre la ley ómnibus del Gobierno, en el marco del sexto plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto sobre el cual el oficialismo aspira a dictaminar en los próximos días.
En el plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima, cuestionó las reformas contempladas en la ley sobre ese tema.
Sostuvo que "votar esto en este contexto no se puede calificar de otra manera que traición a la patria y traición a nuestra generación, que va a pagar estas modificaciones con su presente y su futuro", al advertir que introduce "profundas modificaciones que implican retrocesos muy significativos en materia ambiental" que, dijo, dejan al país "más expuesto frente a la crisis climática".
Por el contrario, por la empresa Nea Servicios Integrales de Limpieza e Higiene, Silvia Blanc dijo haber sido "víctima de aprietes sindicales cuando representantes gremiales irrumpieron en mis actividades de manera extorsiva" y respaldó las reformas en materia laboral contempladas en la ley "para el beneficio de todos. No es la ley perfecta pero empecemos por cambiar algo".
En esa línea, el empresario pyme, Matías Benetti, propietario de Duers, una fábrica de muebles de oficina, respaldó "los cambios a la legislación laboral".
Y sostuvo que "así como está la situación de las pequeñas empresas resulta imposible afrontar costos, por lo tanto se argentiniza para sobrevivir. Vengo a pedirles no argentinizar para poder seguir creciendo y no achicar mi plantel y que pueda ser el mayor exportador de muebles de oficinas. Votamos un cambio, queremos un cambio, queremos ser libres, trabajar y prosperar".
Por su parte, la psicóloga María Gabriela Dik, del Colegio de Psicólogos de Mendoza, cuestionó las modificaciones en materia de salud mental contempladas en la ley, al sostener que se trata de "un retroceso" en la materia, y afirmó que "necesitamos más educación, más arte, más deporte y menos encierro".
"Todos los que trabajamos en salud sabemos que el encierro no ha curado a nadie. Solicitamos que la juventud sea respetada en lugar de ser encerrada y reprimida. Solicitamos que defiendan la libertad individual y que sigan siendo garantes de la libertad, que no sea un bien de mercado sino un derecho que se conquista", abundó.
Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados, consideró que la fórmula de movilidad previsional "había que mejorarla, no derogarla", y recordó que hay "800 mil juicios previsionales parados en la justicia".
"¿Qué esperan? ¿Que se mueran los litigantes?", se preguntó, a la vez que afirmó que "los haberes van a seguir decreciendo. Quieren transformar la jubilación en una suerte de 'asignación universal por viejo'".
La profesora de la Facultad de Derecho de la UBA Beatriz Rajland consideró que "esta ley beneficia a los sectores más concentrados de la economía" y sostuvo que "cuando el presidente (Javier) Milei reivindica a cien años atrás o más, la historia nos indica que esa reivindicación es la reivindicación de la pobreza, el fraude, la represión y los ingentes beneficios de los sectores que hablamos".
En tanto, la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboristas, Mariana Amartino, cuestionó las reformas en materia laboral que propone la ley, al sostener que "ni la dictadura de 1976 se animó a tanto". Y pidió al Congreso Nacional "asumir su responsabilidad, efectuar el control de constitucionalidad y rechazar la norma".
Matías Delgado, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aseguró: "Somos mineros y pobladores que defendemos la soberanía y hablo por los trabajadores y por los pobladores". Añadió que "Yacimientos es viable y rentable para este país, pero si aprueban el DNU van en contra de las cuencas de Río Turbio", y alertó: "Nuestro espacio de trabajo está ubicado a 30 kilómetros de Chile, es una zona fronteriza, y por eso nosotros hacemos patria y defendemos soberanía".
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