El curso de las negociaciones para lograr la media sanción de la ley Ómnibus obligó al presidente Javier Milei a retirar varios de los artículos del proyecto original, para así lograr el apoyo de los bloques parlamentarios que no acompañarían la totalidad de los 600 puntos planteados inicialmente, de los cuales quedaron aproximadamente la mitad.
Entre los puntos que debió resignar el oficialismo están las emergencias públicas, que fueron reducidas de 11 a 6. La principal modificación, no obstante, tuvo lugar cuando el ministro de Economía Luis Caputo anunció el retiro del capítulo fiscal entero.
Tampoco pudo avanzar con el cobro de retenciones a las economías regionales, ni tuvo margen para la reforma política y el plan original de privatizaciones. Estas y otras concesiones le permitieron al Gobierno aprobar el proyecto en Diputados con 144 votos a favor y 109 en contra.
Facultades delegadas
En su capítulo II del Título I, el texto de la Ley declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y establece que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".
En el debate en comisión se eliminaron las emergencias de defensa y sanitaria, mientras que en la última modificación se redujeron a las siguientes 6: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa –aunque la de seguridad podría ser eliminada del proyecto–.
Al mismo tiempo, se limitó el plazo de vigencia, que se fijó en 1 año con la posibilidad de prorrogarlo por otro año con previa autorización del Congreso.
Capítulo fiscal
El ministro Caputo fue el encargado de anunciar la eliminación del capítulo fiscal, que implicó dejar fuera del proyecto cuestiones clave del plan económico del Gobierno para reducir el déficit.
En la ley original se eliminaba la fórmula de movilidad vigente y se planteaban aumentos por decreto. Ante la resistencia de la oposición, el Ejecutivo había aceptado fijar una fórmula ajustada por inflación que comenzaría a aplicarse a partir de abril, pero las negociaciones no dieron resultado.
En cuanto a las retenciones, el Gobierno quería imponer para todas las economías regionales e industrias una alícuota del 15 % por derecho de exportación. Además, elevaba de 31% a 33 % los subproductos de la soja, como la harina y el aceite.
Tampoco se pudo avanzar con el blanqueo de capitales, que en la propuesta se permitía regularizar hasta USD100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Naufragaron también el pago anticipado de Bienes Personales, la reforma de Ganancias, y la "consolidación de la deuda del sector público nacional", vinculado con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad que el Gobierno quería trasladar al Tesoro para la cancelación total de las deudas internas del sector público.
La privatización de empresas públicas representó uno de los puntos más discutidos de la ley. El Gobierno tuvo que retroceder en su nómina de 37 empresas al sacar a YPF y establecer que no se privaticen al 100 %, sino que se puedan volver mixtas, otras empresas como Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación.
Finalmente, con el dictamen acordaron que sean 26 las empresas que serán sujetas de privatización, entre las que están Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, Belgrano Cargas y los medios públicos. Además, el Gobierno aceptó que las operaciones de privatización sean segmentadas y acompañadas por la creación de una comisión bicameral de seguimiento, que no será vinculante.
Eliminación de la reforma electoral y leyes ambientales
Milei tampoco pudo avanzar con una amplia reforma electoral que incluía la incorporación de las circunscripciones uninominales, la eliminación de las Paso y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados. Estos aspectos serán discutidos en el período ordinario, que comenzará en marzo.
Otro de los artículos que fue modificado es el que exigía pedir autorización para una manifestación, que originalmente las definía como la "congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público".
Se aplicaron también modificaciones sobre la propuesta que afectaba al Régimen de Protección de Bosques y Glaciares, y se eliminó la que alcanzaba al Régimen Federal de Pesca.