Javier Milei viene construyendo una dinámica de poder en el Congreso que echa mano de manera sistemática al DNU. Desde el mega decretazo desregulador 70, publicado en el Boletín Oficial apenas asumió en Casa Rosada, hasta el 846, que habilita al gobierno a hacer canjes de deuda sin pasar por el Congreso, el presidente ha hecho del uso discrecional de DNU una piedra basal de su gobierno. La ventaja de los DNU, después de todo, es que no solo se puede prescindir de tener que conseguir mayorías en el Congreso para aprobarlos, sino que funcionan desde que se publican hasta que las dos cámaras decidan rechazarlos (algo que pasó solo una vez en la historia, y fue durante el gobierno de Milei con el DNU de los fondos reservados de la Side). Los DNU son tan claves para la gestión libertaria como la facultad de vetar leyes que no le gustan y es por eso que la oposición, tras el segundo fracaso en rechazar un veto presidencial, irá por la reforma de la ley de DNU.
"El Congreso, a partir de ahora, va a ser veto-DNU-veto-DNU", suspiraba un armador bonaerense con larga trayectoria en el Palacio Legislativo, minutos después de que la Cámara de Diputados hubiera blindado el veto a la Ley de Financiamiento Educativo con 84 votos. La oposición había intentado, una vez más, conseguir dos tercios del recinto para insistir en una ley vetada por Milei y había fracasado. Si bien el resultado se había jugado por muy pocos votos, el número no estaba. Por lo que había llegado el momento de pasar a la siguiente etapa: arrebatarle a Milei la posibilidad de seguir legislando vía DNU.
Para eso, había que modificar la Ley 26.122, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner. La ley regula la facultad del Ejecutivo de emitir DNU, fijando, por ejemplo, que solo el rechazo de ambas cámaras deroga un decreto. Desde que asumió Milei, la oposición ha presentado unos 14 proyectos para modificar la ley. Hay iniciativas de Fernando Carbajal (UCR), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer, entre otros. Todos proponen establecer plazos razonables para el tratamiento de los DNU en el Congreso y asimilar las reglas para la aprobación o rechazo de los DNU a la del resto de las leyes. El proyecto de Agost Carreño, por ejemplo, pone un límite de 60 días para que el Congreso pueda tratar un DNU y establece que si, vencido este plazo, ninguna cámara lo aprobó, el decreto se rechaza de hecho. Propone, a su vez, que si una sola cámara rechaza el DNU, este dejará de estar vigente.
Cada iniciativa, sin embargo, presenta matices, y el desafío, a partir de ahora, será que todos los bloques opositores consensúen un dictamen. El plan se puso en marcha el miércoles, minutos después de que La Libertad Avanza hubiera logrado blindar el veto. Después de la votación, Agost Carreño había tomado la palabra y había solicitado emplazar las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones para comenzar a tratar los temas. Martín Menem hizo todo los posible para impedirlo, pero no lo logró: la oposición consiguió la mayoría para forzar el inicio del debate, que comenzará el próximo miércoles a las 17 y finalizará dos semanas después, para cuando la oposición buscará dictaminar un proyecto común.
El radicalismo y los pichettistas de Encuentro Federal vienen conversando sobre la posibilidad de modificar la ley de DNU hace meses, pero siempre había una traba: la resistencia del peronismo a modificar una ley impulsada por CFK. El diálogo se repetía sistemáticamente: Germán Martínez le preguntaba a un diputado de Encuentro Federal si estaban los votos para voltear el DNU 70, le respondían que no y le proponían, en cambio, modificar la ley 26.122 para limitar la herramienta. "Hay que resolver el problema desde su origen", explicaban los dirigentes que, durante semanas, intentaron convencer a UxP para cambiar de postura. Fue Emilio Monzó quien encabezó las charlas informales, especialmente con Cecilia Moreau, buscando encontrar una grieta en la resistencia que habilitara comenzar a tratar el tema en el Congreso.
Finalmente, lo logró. UxP, con el visto bueno de la propia Cristina Fernández de Kirchner, decidió sumarse a la estrategia. "Cristina considera que, como este es un gobierno especial que va a hacer abuso de los DNU, hay que modificar la ley", explica una diputada de UxP. No hay aún acuerdo, sin embargo, sobre en qué consistirán esas modificaciones, ya que hay algunas propuestas −como la posibilidad de abrir los DNU y aprobar una parte sí y otra no− que generan algunas resistencias en el peronismo. Eso sí, en una cosa coinciden todos: terminar con la obligatoriedad del doble rechazo −en Diputados y en Senado− para voltear un decreto. El objetivo principal es habilitar que, si cualquier Cámara rechaza un decreto, este deje de tener vigencia. Un cambio en las reglas de juego que podría ser fatal para el gobierno.