17 de marzo de 2010, sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El entonces gobernador Hermes Binner y el fiscal de Estado Jorge Barraguirre encabezan la defensa político-jurídica del reclamo judicial para recuperar fondos de coparticipación descontados de forma unilateral por el gobierno nacional. En la sala están los ex gobernadores peronistas Carlos Reutemann y Jorge Obeid, gran parte del gabinete provincial y los legisladores nacionales por Santa Fe y los intendentes de Rosario Miguel Lifschitz, de Santa Fe Mario Barletta y de Rafaela, Omar Perotti.
29 de junio de 2022, sala de prensa de Casa Rosada. El gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía de Nación Martín Guzmán, comunican la firma del acuerdo de pago de la sentencia. Habla Guzmán, le cede el micrófono al santafesino y a los cuatro minutos y treinta segundos de iniciada la conferencia que da paso a la primera pregunta de la prensa que está dirigida al ministro y es sobre otro tema.
El cierre del histórico litigio entre Santa Fe y Nación debería haber terminado como empezó, pero fue todo lo contrario. Hubiera sido un golazo recrear en 2022 de aquella foto de 2010, con referentes políticos, el ex gobernador Bonfatti, intendentes, líderes sectoriales y sociales, legisladores. Sin embargo la celebración nunca ocurrió; y fue más potente la reunión de la oposición y sus críticas, que la muy modesta conferencia de prensa del gobernador y el ministro de Economía explicando detalles técnicos.
El acuerdo debió ser un punto de llegada común para todos. El gobierno provincial debió generar los espacios de protagonismo, abrir el juego, permitir que cada uno ponga en valor lo suyo: radicales y socialistas a Binner, el peronismo a Obeid, el resto el hecho de haber estado y acompañado. De eso se trataba, de que todos se sientan parte de una suerte de gesta impregnada de federalismo y que gracias a la unión y la decisión política impuso sus derechos sobre la arbitrariedad del Estado nacional.
Pero el sistema político santafesino no lo consiguió y en lugar de sostener el acuerdo por encima, lo sumergió en las profundidades de la disputa política cotidiana. Todos terminaron embarrados en un debate donde se mezclaron dudas y cuestionamientos muy pertinentes con críticas capciosas y otras que contradicen posicionamientos del pasado. El gobierno escondiendo cartas, hablando a medias y diciendo que no negoció lo que es evidente que negoció; la oposición parapetada con una artillería de impugnaciones, no siempre con sustento. El mundo de las finanzas y el derecho no están al alcance de todos y la omisión de ciertos aspectos sólo aporta a la confusión.
El acuerdo por la deuda tenía monto y tasa de interés fijados por la Corte, por lo tanto el margen de negociación del gobierno provincial quedó bastante reducido. Difícilmente el resultado hubiera sido muy diferente con otro gobierno aunque, como señaló el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad), “la negociación alguna intencionalidad muestra” en referencia a que los vencimientos de los bonos fueron estructurados (y ahí no tuvo nada que ver la Corte) de modo que Perotti cobrará 50 mil millones en poco más de un año, el gobierno que le siga 35 mil millones en cuatro años y el que asuma en diciembre de 2027 (cuando Perotti puede volver) 65 mil millones.
La oposición pide que el acuerdo vaya a la Legislatura. El gobierno dice que no corresponde y que alcanza con la homologación por parte de la Corte. De nuevo Giustiniani hizo un planteo realista: “Desde la sensatez, ¿podemos nosotros renegociar esto? ¿Qué pasaría? No cobraría ni este gobierno ni el próximo”.
La película continuará
Radicales, socialistas y PRO reunirán esta semana en Rosario a sus intendentes para debatir el posicionamiento sobre cómo cobrarán el pago de la deuda. El gobierno está decidido a abrirle una cuenta comitente a cada municipio y comuna, transferirle los títulos que le correspondan y que ellos definan si los liquidan o los aguantan en este proceso de diez años en los cuales irán obteniendo ingresos por cobro de intereses y amortización de capital. Lo que es seguro es que por ley deben aplicarlo a infraestructura.
La Legislatura ya tiene un proyecto del diputado Nicolás Aymar, muy cercano al intendente de Santa Fe Emilio Jatón, para que la provincia se quede con los títulos y adelante el efectivo a los municipios, algo que el gobierno rechazó porque no está en sus posibilidades. El jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco advirtió que se viene una dura batalla en el presupuesto 2023 por garantizar que lo que se cobre de los bonos se sume a las partidas de gastos de capital y no en reemplazo “del porcentaje histórico que corresponde por rentas generales”. “No vaya a ser que por ser un año electoral pretendan destinar ese dinero a transferencias directas al sector privado”, adelantó la jugada.
Si el Presupuesto 2022 fue un parto que recién dio a luz en abril, qué esperar para el del próximo año que incorporará decenas de miles de millones de la primera parte de la deuda. Como mínimo la oposición utilizará su capacidad de bloqueo para forzar un acuerdo sobre el destino que se le dará a esos fondos. No debe descartarse que incluso quiera asegurarse la lista de proyectos de infraestructura a financiar. Es la misma exigencia que el peronismo impuso en 2016 a Miguel Lifschitz como condición para autorizar la emisión de títulos de deuda destinados a obra pública.
Por su parte, los principales intendentes de la oposición como Jatón, Pablo Javkin, Alberto Ricci de Villa Gobernador Gálvez hacen equilibrio. No pueden ni quieren subirse a la confrontación con el gobierno provincial, pero tampoco sacan los pies del plato: además de ser su espacio de pertenencia política, la poderosa mayoría opositora en la Cámara de Diputados es su carta de negociación de última instancia.
La negociación que salió a la luz
El punto débil del acuerdo con Nación no es el pago de la deuda histórica, sino el “acuerdo complementario” para que Santa Fe vuelva a financiar a la Afip. A pesar de que el gobernador y sus funcionarios lo niegan, es evidente que Nación condicionó el pago de la sentencia a que Santa Fe vuelva a aportar el 1,9% de su coparticipación para el organismo recaudador. La oposición acusa al gobierno provincial de haber accedido a un “chantaje” o “extorsión”.
El gobernador y sus funcionarios dicen que no tiene nada que ver un convenio con el otro, pero los hechos y los documentos parecen mostrar otra cosa. En primer lugar el gobernador incurre en un error incomprensible al prestarse para anunciar al mismo tiempo el acuerdo de pago de la deuda histórica con un convenio que significa dejar en una ventanilla ajena buena parte de la plata que va a entrar por la propia. Visto a la distancia, se podría decir que un ministro debilitado y casi renunciado le empaña un anuncio que Santa Fe esperaba hacía 7 años.
Hay una segunda cuestión. La redacción de ambos convenios los vincula explícitamente. Empieza en el título, donde dice “acuerdo complementario”; y sigue en el primer párrafo con una referencia directa al acuerdo por la deuda: “Que en el día de la fecha se ha suscripto un Acuerdo de Ejecución de Sentencia…”. Quizás esto explique que el gobierno haya demorado 8 días en dar a conocer la letra de los convenios.
Esto motivó que el jueves, el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías dijera que el gobernador les mintió el día anterior durante la convocatoria a la Casa Gris –ambos presidieron el encuentro sentados a la par– cuando los diputados le preguntaron a Perotti por el vínculo entre ambos convenios. Lo de Farías no fue una declaración periodística sino en el pleno de la sesión, tras descender de la presidencia. Tampoco es un diputado más sino de alguien investido de una responsabilidad institucional de alto rango. El oficialismo no se esperaba que las cosas escalaran a ese punto y mandó a responder al ministro Marcos Corach y a Leandro Busatto: "Habló más como dirigente político de la oposición que como presidente de la Cámara", le bajó el precio el diputado. Como sea, la desconfianza que marcó la relación entre Perotti y la Legislatura desde el primer parece que será así hasta el último día.
La Casa Rosada hace valer con las provincias la relación asimétrica de fuerzas. En este caso impuso condiciones que el gobierno provincial prefirió no blanquear para poder cobrar.
No es la primera vez que ocurre. En 2017 otro gobierno nacional también “chantajeó” al entonces gobernador Lifschitz. Le puso como condición para llegar a un arreglo que firmara el Pacto Fiscal.
El Pacto estaba hecho a medida de achique del Estado y para ayudar a Horacio Rodríguez Larreta en Capital y María Eugenia Vidal en Buenos Aires. El peronismo santafesino le pedía a Lifschitz que no lo firmara, mientras por la puerta de al lado pasaban con asistencia casi perfecta los gobernadores peronistas de todo el país, salvo el de San Luis. Lifschitz firmó pero antes hizo incluir una cláusula con el 31 de marzo de 2018 como fecha límite para regularizar las deudas de provincias.
Macri no sólo no cumplió, sino que a lo largo de su mandato la pateó para adelante. Todo lo que Santa Fe tuvo fue a un adelanto de unos 10 mil millones, cifra muy inferior a las transferencias que durante ese periodo recibieron Capital y Buenos Aires para hacer caja. No es casualidad que por estos días la voz cantante del debate la llevasen adelante los radicales que en ese entonces no eran parte de Cambiemos y los socialistas, en particular Pullaro y Clara García. Para otros, como dice la letra de Sumo, Mejor no hablar de ciertas cosas.
El gobernador y sus funcionarios defienden el convenio con Afip. Están convencidos que corresponde que Santa Fe aporte a la Afip como casi todas las provincias (salvo La Pampa) y lo ven en términos de una inversión: a cambio de ese 1,9% de coparticipación Afip brindará información, servicios y capacitación que permitirían mejorar la fiscalización e incrementar la recaudación. Según esta mirada, el convenio se pagaría solo y podrían usufructuarlo no sólo API, sino municipios y comunas, la Caja de Jubilaciones, Inspección General de Justicia y hasta los fiscales en sus investigaciones penales.
Una de las voces autorizadas de la oposición para debatir los aspectos técnicos es el ex subsecretario de Ingresos Públicos, Pablo Olivares. Afirma que “Recuperar esos $8.000 millones con mayor recaudación de impuestos (serán $14.000 millones en 2023 con la inflación de hoy) roza el pensamiento mágico”. Desde su mirada Afip “no tiene mucha mayor información fuera del zoológico”, en relación a la economía formal que pueda beneficiar a Santa Fe.
Lo que se le cuestiona al gobernador es que haya resuelto ceder al Estado nacional ese platal sin informar ni consultar, siendo un tema que motivó un litigio de 15 años que acaba de cerrarse a favor de la provincia y que afecta directamente a municipios y comunas, que perderán ingresos de coparticipación, siendo que la gran mayoría de esos gobiernos locales son gestionados por partidos de la oposición.
De todos modos, el convenio con Afip sí o sí debe pasar por las cámaras. Y Nación no puede descontar ni un peso por más que el gobernador haya estampado su firma al lado de la de Guzmán, y por más que no haya hecho constar que su compromiso era ad referéndum de la Legislatura. Desde ese punto de vista, la última palabra la tiene la Legislatura, donde le espera un tratamiento muy largo. Mientras tanto, Perotti embolsilló 50 mil millones de acá hasta diciembre de 2023. Dicen que se le escuchó decir: “Trato hecho, ¿dónde firmo?”.