La semana terminó con un terremoto político con derivaciones imposibles de visualizar en el aquí y ahora. Los procedimientos que fiscales de la ciudad Santa Fe llevaron adelante este viernes en dos sedes del Ministerio de Seguridad de la provincia, sacaron a la luz la investigación originada en denuncias de personal del Organismo de Investigaciones y del propio Ministerio de Seguridad que sin contar las nuevas pruebas recolectadas, tiene acumulada evidencia electrónica y testimonial en cantidad y calidad, según fuentes calificadas.
Los fiscales de Santa Fe analizarán la información que surja de los dispositivos de almacenamiento y los teléfonos celulares incautados el viernes al viceministro Germán Montenegro y otros funcionarios vinculados al ex ministro Marcelo Sain antes de pedir la audiencia imputativa. “Hay mucha evidencia por analizar”, dijo la fuente. Evidencia no es lo mismo que información.
Sain es el epicentro del nuevo terremoto político-institucional que sacude a Santa Fe. Ya no es la figura de un senador y la discusión sobre la constitucionalidad de sus fueros para ser citado a declarar. En este caso se investiga espionaje ilegal con herramientas del Estado y desde el Estado, bajo órdenes de un ex ministro de Seguridad. El tema es gravísimo, más aun haciéndose desde el Estado con recursos humanos, tecnológicos y económicos destinados a atender la seguridad.
Las presuntas víctimas son periodistas, funcionarios políticos y judiciales, legisladores y empresarios. Entre éstos últimos se mencionan al titular del Grupo Oroño y medio centenar de médicos, entre ellos Eduardo Javkin, que es el papá del intendente de Rosario y empleado jerárquico del grupo que preside Roberto Villavicencio.
Las versiones de que desde el Ministerio de Seguridad se realizaban espionaje ilegal circulaban hace tiempo. Algunas de esas versiones fueron sugeridas por legisladores del peronismo y de la oposición, y están plasmadas en las versiones taquigráficas de las cámaras legislativas.
El martes estalló todo cuando el gobernador habló con Marcelo Sain por teléfono. No fue una conversación, sino una áspera discusión. Perotti le comunicó que la situación no podía continuar así y que los funcionarios que había dejado en el ministerio –en la práctica mantenían el control del ministerio desde las segundas y terceras líneas– tenían que presentar la renuncia. La interna ministerial estaba al rojo vivo. En la vereda de enfrente, el ministro Jorge Lagna condicionaba su continuidad a que echen a los funcionarios de su antecesor.
Ese mismo martes, Sain ordenó a sus colaboradores poner la renuncia a disposición. Cuando la noticia se supo, los fiscales activaron el procedimiento que tenían programado para más adelante para evitar que los funcionarios salientes, muchos de los cuales son los mismos que están bajo investigación, se lleven o borren información relevante.
La decisión del gobernador descolocó a Sain, quien venía en ascenso: acababa de ser nombrado como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación y daba por hecho que tendría el control de la seguridad santafesina por medio de la designación como ministro de Germán Montenegro. ¿Por qué el gobernador inclinó la balanza a favor de Lagna? Sabe que la gobernabilidad está complicada, pero con Sain y compañía sería insostenible.
El fuego de esa interna se encendió en septiembre pasado, cuando Aníbal Fernández asumió el Ministerio de Seguridad nacional y fijó Santa Fe como prioridad. Tuvo su primera reunión con el gobernador, y después convocó a su amigo Marcelo Sain para conocer la situación de la provincia, saltándose al ministro en funciones, a quien no invitó a la reunión ni como figura decorativa. Un daño innecesario a la autoridad de Lagna.
Desde esta columna –la autorreferencia en el periodismo sólo es perdonable cuando tiene valor informativo– se remarcó que esa situación tendría profundas implicancias: “La primera y básica es que profundiza la incertidumbre sobre quién conduce las políticas de seguridad en Santa Fe. ¿El ministro Lagna o Marcelo Sain? ¿Con qué autoridad Lagna le puede dar órdenes a la Policía si el interlocutor al que llama el nuevo ministro nacional es a Sain?”. Con todo lo que ocurrió en los últimos dos meses en Santa Fe, está claro que el ministro Lagna, el resto del arco político, la Policía y las bandas criminales, en definitiva casi todos, enseguida entendieron lo que estaba pasando con la autoridad.
La ciudad de la que todo el país habla, no por la belleza de su ribera y la explosión de flores de jacarandáes y lapachos sino por el espanto de la violencia, tuvo siete cambios de cúpula policial en 21 meses. Y hoy no tiene jefatura policial, sino que está delegada en la jefa provincial Emilse Chimenti. ¿Qué planificación puede hacerse así? ¿Cuál es la línea? ¿A qué jefe se le hace caso? ¿Cuánto vale la palabra de éste o aquél jefe si lo más probable es que dentro de tres meses no esté más? ¿Vale la pena desgastarse o es mejor hacer la plancha hasta que los que mandan tengan claro a dónde quieren ir y con quién?
Este lunes debería estar cerrado el nuevo organigrama del Ministerio de Seguridad, en el que trabajaron todo el fin de semana el ministro Lagna y el ministro Coordinador Marcos Corach. Fuentes de la Casa Gris aseguraron que no hay otros referentes del perottismo aportando en el tema. La palabra final la tiene el gobernador.
Desde la Casa Gris los voceros transmitieron este sábado a la tarde señales de tranquilidad. “No hay crisis”, “que la Justicia investigue todo lo que tenga que investigar”, fueron algunas de las frases. Incluso algunas voces fueron un poco más allá y señalaron que "el espionaje no existe" y que todo "es una conspiración contra el gobernador". Sin embargo sería importante que el gobierno ofrezca una explicación y se pronuncie oficialmente sobre el tema en las próximas horas.
La semana que comienza y el movimiento de los actores protagónicos de los tres poderes del Estado, serán relevantes para lo que sigue. Suponer que esto nace y muere en Sain sería un error estratégico. Más aún, ante la posibilidad de que se imputen delitos como los que mencionó el fiscal Hernández, que prevén prisión efectiva y penas de 3 a 10 años, se abre un abanico de inquietantes preguntas: ¿Sain y su gente absorberán las responsabilidades en soledad?
En consecuencia, esas inquietudes se trasladan al plano político. Será importante la prudencia con la que se desenvuelvan los referentes de los principales espacios políticos. Después de dos años sin acuerdos políticos y a dos semanas de una elección en la que el oficialismo fue derrotado, cualquier movimiento o gesto fuera de lugar agravará el problema.
El primer pronunciamiento institucional fue de parte del presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. Dijo que los hechos de corrupción y espionaje que parecen estar confirmándose son de extrema gravedad institucional y ratificó la asistencia a la reunión convocada el miércoles próximo por parte del gobernador a los jefes de bloque legislativos, aunque avisó que en ese encuentro se le pedirá explicaciones por estos hechos así como garantías para el trabajo de la Justicia. Y a los fiscales les pidió trabajar con el máximo cuidado y objetividad para que las causas lleguen a buen término.
De crisis institucional habló la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren días atrás cuando llamó a "todos los sectores de la política y los distintos poderes del Estado a ponerse a trabajar en serio y evitar hacerlo para conseguir beneficios personales”. Estaba transmitiendo el sentimiento de un MPA agobiado por la obligación de estirarse como un chicle para atender la inabarcable crisis de seguridad, tironeado por sectores de la política y falto de herramientas y recursos.
Es impensable cómo en el actual contexto de guerra política el año próximo podrá elegirse un nuevo fiscal general y superar la precariedad actual de tener dos de los cinco fiscales regionales ejerciendo interinatos permanentes, entre ellos Rosario.
Este lunes el fiscal general y los cinco regionales se sentarán frente a dos comisiones de la Cámara de Diputados para explicar las necesidades de cambios en el Código Procesal Penal y otras leyes penales. Un paso auspicioso que debería seguir con asegurar mayor presupuesto, facilitar la cobertura de vacantes y fortalecer su estructura.
Por más que el MPA sea autónomo, la Corte Suprema podría usar su peso institucional para ayudar en esa tarea. Más aún, la Corte debería aportar señales en medio de la crisis: ¿no será hora de que se vaya expidiendo sobre la constitucionalidad o no de los fueros parlamentarios de los legisladores santafesinos?
Todo el Poder Judicial enfrenta dificultades con las vacantes. En parte son resultado directo de la ausencia de acuerdos en la política santafesina. Quedó claro una vez más la semana pasada: de los 14 pliegos de jueces enviados apenas pasó la mitad.
Una oposición resuelta a hacer sentir su mayoría, un oficialismo legislativo desordenado y un Ejecutivo hipercentralizado que debilita a sus propios negociadores, componen una gran orquesta desafinada.
La política real es la que manda. Y la realidad es que desde el 15 de noviembre en adelante, todo es más cuesta arriba para el gobierno.