Es un clásico de fin de año. La Legislatura tuvo una agenda intensa antes del cierre del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, y este jueves hubo de todo: una sesión de ambas cámaras para suspender a una fiscal, el tratamiento de 82 pliegos de funcionarios judiciales y del Enress algunos de los cuales ya generaron fuertes polémicas públicas, y la aprobación del presupuesto provincial 2023 en la Cámara de Diputados, entre otros temas.
Otra cuestión espinosa quedó postergada: el “Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos”, un proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado y deja abierta la puerta a la privatización de la provisión, administración y distribución de todos los medicamentos que compra el Estado provincial, ya sea a través del Laboratorio de Industrias Farmacéuticas, hospitales, Samcos y el Iapos.
Los pliegos de la discordia y los aprobados
La Asamblea Legislativa comenzó cerca del mediodía con el análisis los pliegos de jueces comunitarios, fiscales para el sistema penal, jueces de diferentes fueros en cuatro circunscripciones más dos directores del Enress y un vocal del Tribunal de Cuentas. El tema adquirió temperatura fundamentalmente por la polémica que se disparó a partir de la denuncia de “contubernio” que el pullarismo lanzó contra el socialismo y el gobierno provincial por un supuesto acuerdo para promover como jueces comunitarios a determinados nombres pese a que no se trata de quienes quedaron en el primer lugar en el concurso.
Entre los pliegos aprobados este jueves estuvo el del exministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar un lugar en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). Salió con un ajustado resultado y fuertes resistencias ya que 32 legisladores votaron a favor, 30 en contra y hubo además 5 abstenciones.
La Asamblea Legislativa también aprobó los pliegos como jueces penales de Rosario para Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana, Paola Aguirre, Aldo Bilbao Benítez y Fernando Sosa para Rosario. En tanto, hubo votación dividida para el pliego de Andrea Aronne, con rechazo del socialismo.
Diputados y Senadores también avalaron la designación de Marcelo Terenzio, propuesto por el Ejecutivo provincial, para el Tribunal de Cuentas de la provincia. En este caso, salió por 62 votos a favor y 5 en contra.
Más tarde fueron rechazados tres de los 36 pliegos de jueces comunitarios de pequeñas causas. Se trata de René Alzugaray (Llambi Campbell), Martín Ceschi (La Criolla) e Ignacio Cristiani (Puerto Gaboto), precisó en Telenoche Rosario (El Tres) la periodista Ivana Fux, desde Santa Fe. Fueron votaciones reñidas para la mayoría pero pasaron casi todos, precisó cuando ya eran las 21 y la actividad seguía.
Las polémicas y objeciones
Además, hay algunos pliegos que fueron objetados en la Justicia. El primer amparo lo presentó un abogado que estaba primero en el orden de mérito en el concurso para el juzgado de Santa Teresa ante la jueza de Distrito de la 1ª Nominación de Villa Constitución, Agueda Orsaria. La magistrada ordenó a la Casa Gris la “suspensión inmediata” del proceso. En principio se permitirá el tratamiento del pliego pero el nombramiento quedará en suspenso hasta que se resuelva el amparo.
Por otro amparo hay una cautelar que suspende el concurso para el juzgado de Empalme Villa Constitución mientras que ante una presentación similar pero en Margarita la Justicia votó a favor del gobierno provincial y se podrá aprobar el pliego.
Mientras que para los cargos del MPA hubo conflicto con el pliego de Matías Edery, que concursó para ser nombrado como titular pues hoy es fiscal adjunto. Pero hacia la noche había acuerdo legislativo para su pliego pese a que al menos parte del peronismo planeaba votar en contra de Edery, uno de los fiscales rosarinos que investigó e imputó al senador Armando Traferri como supuesto jefe de una asociación ilícita por la causa de juego clandestino.
Presupuesto
Para las sesiones de las cámaras por separado, en tanto, sobresale el tema Presupuesto 2023. Se especulaba con que el tratamiento podía postergarse para la semana que viene, cuando cierra el período ordinario de trabajo legislativo, pero se inició la sesión en Diputados para votar ese proyecto y una serie de leyes tributarias. Todo volverá luego al Senado, que lo sancionará el próximo martes.
De eso no se habla
Mientras tanto, hay otro tema que se manejó en un llamativo silencio, parecía encaminarse a convertirse en ley y finalmente se frenó: el “Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos”. Se trata de un proyecto que tiene media sanción del Senado y recibió tratamiento exprés en las comisiones de Salud y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El lobby empresario que empuja esta suerte de privatización de la provisión, administración y distribución de todos los medicamentos que compra el Estado provincial –ya sea a través del Laboratorio de Industrias Farmacéuticas, hospitales, Samcos y el Iapos– consiguió incluso que una de estas comisiones se reuniera para aprobarlo un viernes.
Sin embargo, para votar el proyecto en el recinto faltaba el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde luego de un planteo del sector que responde a Pablo Javkin definieron abrir una ronda de consultas con actores privados involucrados en el mercado de los medicamentos y con las áreas estatales correspondientes, como los ministerios de Salud y de Economía de la provincia, antes de habilitar el tratamiento en el recinto.
En concreto, el proyecto plantea terminar con el actual sistema descentralizado, por el cual cada hospital licita los medicamentos que necesita, por un sistema de compra, administración y provisión centralizado, tanto en lo operativo como en lo tecnológico.
En el caso del Iapos, lo maneja a través de un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción (ciudad de Santa Fe), que este año recibirá por el mismo 20 mil millones de pesos.
Con la decisión que se tomó en Asuntos Constitucionales, difícilmente el proyecto se sancione antes del fin del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre. Quedaría entonces para el año que viene, salvo que el gobernador Omar Perotti lo incluya en el temario de las sesiones extraordinarias.