Si hay algo que en la Municipalidad de Rosario desdramatizan en cuanto al futuro de penurias que anuncian las principales voces del gobierno nacional que asumirá el 10 de diciembre, con Javier Milei a la cabeza, es el de obra pública cero. El razonamiento es simple: “Ni Cristina, ni Macri, ni Alberto nos dieron mucho, así que la cosa, por más mala que sea, no nos va a cambiar demasiado”, explican desde la Intendencia.
Lo que sí preocupa, en todo caso, son las consecuencias sociales de un plan de ajuste, de un período de “estanflación” que el propio presidente electo pronosticó para la primera parte de su gobierno, en una ciudad ya de por sí castigada por la pobreza y una violencia urbana lacerante. También que un recorte de los envíos a las arcas provinciales afecte también al Estado local.
Pero a la vez da cierta tranquilidad a los funcionarios municipales que el nuevo gobierno de Santa Fe sea de su mismo signo político y tenga un compromiso mayor con la ciudad, cuyo intendente ya prepara algunos pedidos para Maximiliano Pullaro. Uno de ellos es que el aporte para sostener la Salud municipal vuelva al nivel que tenía con Miguel Lifschitz –era del 40 por ciento del presupuesto del área y pasó a alrededor del 30– y el pago de una deuda total que deja la gestión Perotti, que fuentes de la Intendencia ubican en 2.800 millones de pesos.
En el plano nacional, la Municipalidad buscó en los últimos días garantizar la continuidad de fondos para financiar proyectos de urbanización que considera fundamentales como política social a mediano plazo e insiste ante la actual administración para que antes de irse cumpla la promesa que hizo en campaña el ministro de Economía, Sergio Massa, para actualizar los montos del Fondo del Conurbano para Rosario y Santa Fe, anclados desde 1994 en una cifra ridícula: 30 millones de pesos.
En el tema urbanizaciones, la gestión de Pablo Javkin avanzó un casillero esta semana: la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) firmó el acuerdo para financiar la última parte de la urbanización del barrio La Tablada. El riesgo de que la administración Milei frene esos desembolsos choca con una realidad: esos recursos (provenientes del Fondo de Integración Sociourbana para los barrios populares) están garantizados por ley.
Entre los otros planes de urbanización que están por iniciarse se encuentran los de Sorrento y Cullen, que no correría riesgo porque el financiamiento es del Banco Mundial. Pero genera dudas el de Los Pumitas, el asentamiento de Empalme Graneros en el que en marzo pasado fue asesinado el niño de 11 años Máximo Jerez y luego fue escenario de una pueblada contra los narcos. Es que en este caso, en el que el financiamiento corresponde a Nación, se lanzó la licitación pero no llegó a adjudicarse y las empresas que cotizaron realizaron ofertas de casi el doble de lo presupuestado: alrededor de 6.400 millones de pesos contra 3.700 millones. “En esas condiciones es casi imposible que esa licitación no se caiga”, sostuvo una fuente del gobierno provincial.
Discriminación histórica
Por fuera de las urbanizaciones, en lo que financia el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, desde la Intendencia dicen que la discriminación a Rosario –desde hace décadas no alineada políticamente con los oficialismos nacionales– ha sido clara y sostenida. De hecho, en estos días circula entre los funcionarios municipales un informe que indica que a pesar de ser el departamento más poblado, esa cartera solo destina a Rosario el 6,2 por ciento del presupuesto que ejecuta actualmente en la provincia de Santa Fe. 9 de Julio, en cambio, se lleva el 38,4 por ciento y Castellanos, de donde es oriundo el gobernador saliente Omar Perotti el 29,3 por ciento. Si se toma por cada habitante, la inversión nacional es de 10 mil pesos en Rosario, 380 mil en Castellanos y 3.100.000 pesos en 9 de Julio.
En concreto, eso se traduce en apenas un puñado de obras en la ciudad: la reparación del Monumento a la Bandera, la Cascada del Saladillo, cloacas en el barrio 7 de Septiembre, un polideportivo en zona sur y algunos trabajos en la Universidad Nacional de Rosario.
“No decimos que no puede ser peor, pero el presente de la obra pública nacional en Rosario es muy elemental. No hemos recibido de ningún modo lo que merece un área metropolitana con la importancia que tiene esta”, sostuvo una alta fuente del municipio.
Y, más allá de la comparación con otras zonas de la provincia, señaló que más indignante aún es la diferencia con localidades del conurbano bonaerense, donde el Ministerio de Obras Públicas financia cloacas, pavimento y otros trabajos que en Rosario se realizan con recursos propios o tomando endeudamiento.
Lo que viene
La previsión para lo que viene, entonces, es continuar en la misma tónica. De hecho, el presupuesto 2024 que este jueves a la noche la Intendencia envió al Concejo contempla la continuidad del bono para obra pública, un mecanismo que este año le permitió al municipio obtener en el mercado de capitales 2.740 millones de pesos para la realización de pavimento definitivo en tres barrios.
La idea es volver con ese mismo instrumento a la Bolsa de Comercio y conseguir así los recursos para continuar con el plan de pavimento definitivo, eje fundamental de la acción municipal en obra pública.
Eso marca, de alguna manera, el espíritu con el que Javkin piensa al menos el inicio de su segunda gestión, a partir del 11 de diciembre. “Municipalismo, cercanía, hacer todo lo posible para facilitar la vida cotidiana de los rosarinos en un contexto nacional que sabemos que será complejo y hostil. Nuestra trinchera será la defensa de lo colectivo, la reconquista y el cuidado del espacio público como lugar de convivencia”, resumió una fuente cercana al intendente.
Para eso, se plantean otros ejes como profundizar el proceso de complementación con la UNR, con la llegada de las escuelas de oficios y la universidad para adultos mayores a los barrios, y avanzar el proceso de digitalización para que todo lo vinculado a los trámites municipales se pueda resolver online. Para esto último, se definió crear una Agencia de Modernización que no solo coordinará esa tarea, sino que además tendrá la función de ver dónde se traban las cosas.
“Esto no solo es importante para facilitarle la vida al ciudadano. También tenemos que simplificar las cosas para ayudar a sostener la actividad económica”, señaló la fuente consultada por Rosario3.
En el presupuesto enviado el jueves al Concejo, que los funcionarios definen como un instrumento "provisorio" por la incertidumbre que hay a nivel nacional, también aparece esta línea de acción en lo que desde la Intendencia definen como “simplificación tributaria”. Lo que se propone es la eliminación de unas 30 tasas municipales, que de esta manera pasarían de cerca de 80 a menos de 50.
¿Punto de conflicto?
Una cuestión que puede ser conflictiva en el tratamiento parlamentario, en tanto, es que el proyecto de presupuesto cambia el índice de referencia para los aumentos trimestrales de las tasas. Hasta ahora se hace en base a la actualización del contrato de recolección de residuos –ese es el tope posible pero generalmente el intendente define un porcentaje algo menor–, mientras que el plan es cambiarlo por el de inflación.
La modificación significaría para el municipio una mayor cobertura frente a lo que se vislumbra con el índice de precios en el contexto nacional y desde el punto de vista de las autoridades implica también una “mayor armonía”, pues muchas veces el contrato de recolección se mueve de manera más brusca y no necesariamente al ritmo que lleva la inflación por el impacto que tienen cuestiones como las paritarias de los trabajadores.
Este punto muy probablemente sea resistido por la oposición, pero lo cierto es que Javkin –que sostiene que el 11 de diciembre lo que empieza es la gestión del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y que de hecho incorporará a su nuevo gabinete a representantes de sus espacios aliados– tendrá algo que no tuvo en sus primeros cuatro años de gobierno: mayoría en el Concejo, con un interbloque oficialista de 15 ediles sobre 28.