Mariano Galíndez (MG): Hola. Dejame arrancar con un tema que no venimos tocando, pero me parece muy acorde a los tiempos que corren. ¿Qué te parecieron los anuncios de la Intendencia con respecto a la reconfiguración del servicio de taxis? Sobre todo a la posibilidad de tomar viajes vía app, pago electrónico, tarifas variables, posibilidad de viajes compartidos.
David Narciso (DN): Es toda una postal de época, un típico caso donde la presión de mercado, en este caso liderada por las aplicaciones, condiciona las políticas públicas. Esto ya pasó en otras ciudades del mundo y en Argentina.
MG: Veo al mercado aportando mejoras a un sistema que históricamente fue de los más regulados y monopólicos. Por eso hay taxistas que trabajan en Uber.
DN: Eso mismo me dijo uno de los funcionarios que estuvo en la cocina del proyecto de ordenanza. Poder jugar con promociones, bajar precio en momentos de baja demanda, hacer viajes compartidos, que puedas calificar reputaciones de los y las choferes, el pago electrónico… son mejoras que la tecnología aporta.
MG: Igual, no es la liberalización total. Los taxis van a seguir teniendo una tarifa regulada básica, con un margen de 20% para arriba o para abajo. Pero además van a conservan el odómetro, porque si parás el taxi en la calle es necesario.
DN: Y las aplicaciones deberán competir. Ese es un tema que pregunté. El taxista podrá trabajar con Uber, Cabify, Movi Taxi, cualquiera. Pero deberán estar habilitadas por la ciudad.
MG: Y con las comisiones que cobran las aplicaciones, ¿También habrá competencia?
DN: El proyecto pone un tope de 15%, tendrán que competir por debajo de ese techo. Veremos las reacciones. MIlei te diría que es una aberración. Jajaja. Pero Uber cobra 25% por viaje.
MG: Prácticamente un socio de tu negocio.
DN: Hay que entender que sigue siendo un servicio público, y que como tal el estado regula. Por eso, por ejemplo, los autos mantendrán la obligación de mantener el dispositivo GPS de localización.
MG: Igual, te digo lo que recogí de altas fuentes. Por más que digan lo que digan, cuando baje la espuma, la Municipalidad sólo va controlar papeles del auto y del chofer, pero todo lo que respecta a cómo consiguió el viaje (ya sea por Uber o por la app Narciso/Galíndez) ni se van a meter. Sin decirlo, Uber ya está blanqueado.
DN: Respecto a cómo la tecnología invade casi todos los órdenes y vuelve obsoletas no sólo otras tecnologías sino formas de vivir, pensar y desenvolvernos, este lunes ya no funcionan más las oficinas del Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito, que en su momento, allá por los 90, fue una de las grandes innovaciones de la ciudad.
MG: Fue el primer gran paso para descomprimir las comisarías, ¿recordas? Y hoy ya no tenía sentido mantener oficinas físicas cuando la notificación de un siniestro sin lesionados se puede hacer digital. Las aseguradoras se ahorran costos fijos importantes.
DN: Y la provincia recupera ese espacio de San Lorenzo y Moreno, en la sede de Gobernación, que además era un lío estacionar.
MG: Igual, en los últimos tiempos iba muy poca gente.
DN: En la Municipalidad ya tienen el foco puesto en otro ícono de la reforma del estado de los 90: los centros de distritos municipales.
MG: En la medida que se fueron digitalizando los trámites vienen perdiendo funcionalidad.
DN: Sí, aunque siguen siendo un enclave territorial determinante para el estado municipal, eso es irremplazable. Tendrán nuevas funciones, como organizadores de determinadas formas de llegada del Estado local a la gente, mayoritariamente en lo social. El gobierno de Javkin habla de centros cívicos. Hay cosas que lo digital no puede reemplazar.
MG: Ya que arrancamos con temas vinculados al transporte, vuelvo con la batalla por los accesos portuarios del Gran Rosario
DN: ¿Qué tenes?
MG: Dos inquietudes que me llegaron esta semana desde el sector empresario.
DN: Arranquemos.
MG: Valoran la voluntad política de la Provincia de buscar una solución de fondo al tema, respaldan la idea de armar una unidad ejecutora que aborde el sistema integralmente y proponen que la administración se haga por fideicomiso para que sea ágil y no burocrática. En ese marco, prefieren un plan de obras con avance gradual y constante, pero sin proyectos de grandes dimensiones, costos y complejos para los que hoy, dicen, no hay condiciones.
DN: Por el lado de los fondos, pueden aparecer. Los que tome la Provincia del mercado y los que consiga de organismos de crédito.
MG: Y de los puertos y aceiteras.
DN: Por supuesto, generan beneficios, pero también un altísimo impacto ambiental. Es otra discusión pendiente entre la política y el sector empresario. Recuerdo que a finales de la década del 200º hubo una acalorada discusión por ese tema entre un ex ministro de Economía provincial y un puñado de CEOs de las agroexportadoras.
MG: Me acuerdo. Fue Àngel Sciara quien buscó sentarlos en la mesa, pero los CEOs miraban para otro costado. Hay que entender que los puertos, en el caso de Timbúes, compraron terrenos baratos porque no había nada, ni caminos. Y luego empezaron a pedir infraestructura, que -en el caso de la energía- la terminaron pagando, pero en otros temas no.
DN: En fin, esa no lo tenía que les iban a pedir a las empresas aportes. ¿Las convencieron a las empresas?
MG: En la Provincia sostienen que el sistema de "primero peaje y luego obras" no va más. Por eso se necesita fondeo, y las empresas tendrán que participar ya que, de última serán de las principales beneficiarias por la mayor productividad del ingreso fluido de camiones.
DN: La negociación estará para alquilar balcones, como en el caso de la otra fuente de financiamiento a la que la Provincia le puso la mira: la tasa que cobran los municipios a los camiones.
MG: Les guste o no la tendrán que poner sobre la mesa. No toda la recaudación porque sería injusto, pero algo importante deberán ceder, sobre todo luego de que admitieron en público lo que ya se sabía por lo bajo: que buena parte de esos fondos no van a los caminos.
DN: ¿Pero qué te sugieren esos empresarios?
MG: Que se necesita, y no están viendo, que Provincia avance en el tejido politico de un consenso con Municipios y Nación que le dé sustento al armado posterior de las licitaciones de obras y el fondeo. Que empoderen a una suerte de lobbista oficial que pueda trabajar en armar los acuerdos políticos necesarios para que todos estén adentro. El resto, en cambio está: planes de obras, fondeo, etc.
DN: Bueno, los principales ministros del gabinete, como Olivares, Enrico y Puccini, están sobre el tema.
MG: Lo que los entusiasma porque le da gran peso político al tema. Pero ellos hablan más de la gestión diaria de convencer a municipio por municipio en el tema de la tasa, en el plan de obra, en cómo sería la administración del sistema.
DN: ¿Ves que estén pensando en alguien?
MG: No. Para nada. Saben que el gobierno provincial es muy celoso con el tema de los nombres. Ni se les ocurriría proponer a alguien. Lo que buscan es que la Casa Gris lo defina. Que, ojo, no necesariamente es una persona, sino que puede ser una unidad ejecutora ya que la tarea es tanto política como técnica. Y también deben negociar con Nación,
DN: Primero hay que encontrar con quién hablar.
MG: Tengo entendido de que hay buena sintonía con "los cordobeses" de Obras Públicas de la Nación
DN: A eso iba. Sacarle hoy aportes al gobierno de Milei no parece fácil, aunque sería lo más justo ya que, por ejemplo, los accesos al puerto de la ciudad de Buenos Aires los pagó el gobierno nacional.
MG: En este caso, más que recursos, lo que se necesitaría es que cedan la jurisdicción de rutas nacionales, como la 11, en los tramos provinciales. Pero ahí es cuando me hicieron notar un escollo que yo no había visto en primera instancia.
DN: A ver
MG: Uno podría suponer que no habría nada mejor para este perfil de gobierno nacional que le propongan sacarse responsabilidades de encima, como administrar rutas en el interior en las que no están poniendo un peso. Pero, me dicen, eso podría ser válido para rutas perdidas en el interior (en las que “el clavo” se lo llevaría el gobernador de turno), pero muy distinto es para Nación retirarse de las rutas que abastecen al principal complejo exportador y fuente de ingresos de dólares. Así que, estiman, que Nación podría no ceder con total facilidad.
DN: Tiene lógica que Nación no quiera perder el control de esos accesos clave, pero eso implica una responsabilidad que no cumplía, y menos ahora. Ahora depende de la muñeca política de la Provincia, que es la que carga con el problema, en lograr los acuerdos políticos con Nación y Municipios en una suerte de unidad ejecutora.
MG: Política para el armado y gestión para la ejecución, dos grandes desafíos.
DN: Y te apunto algo. Seguí de cerca el derrotero de la inversión portuaria más grande que se hizo pública hace poco tiempo, promovida por el empresario nicoleño Juan Manuel Ondarcuhu. Primero que no estaba todo tan cerrado como anunció el vocero presidencial Adorni en su momento.
MG: Me consta que el gobierno nacional se apuró ya que la empresa es cultora de perfil bajo y buscaba anunciarlo cuando esté en obras. Y me consta que la primereada de Adorni molestó en la Provincia, aunque fui testigo presencial de cómo en Expoagro desde la empresa se lo habían comunicado informalmente al gobierno provincial antes del anuncio de Adorni y que, como diría Milei, "no la vieron" como para capitalizar primero políticamente la inversión.
DN: Yo tengo que estas cuestiones de logística que estamos hablando empiezan a hacer repensar algunas cuestiones, la ecuación entre beneficios y los costos en materia social, ambiental, urbanística, de seguridad, infraestructura no estaría cerrando.
MG: Por lo que vengo siguiendo el plan de inversiones allí está firme y la empresa de Ondarcuhu tiene espalda económica de sobra. Lo de impacto ambiental me parece raro. Proyectan actividad logística (carga, descarga y almacenamiento de fertilizantes) y no de producción; y encima en un predio lejos de todo. ¿No será que alguien de la competencia le está tirando? Es un negocio millonario y todos juegan en serio, aunque también hay muchos con llegada a prensa y políticos que más que fertilizantes venden humo.
DN: Tomá nota, hagamos averiguaciones por nuestros lados y el sábado que viene cambiamos fichas.
MG: Dale. Para cerrar, te cambio de tema. Días atrás en Radiopólis (por Radio2) entrevistamos a la fiscal General de la provincia María Cecilia Vranicich y me confirmó que en estos días ya se le agotaban las partidas de todo el año fijadas en el presupuesto 2024 que aprobó la Legislatura.
DN: ¿Cómo dice el dicho? “Fue lindo mientras duró”, jeje. Y ahora, ¿a peregrinar a la Casa Gris para que amplíe partidas?
MG: Eso mismo, nos dijo que ya había abierto contactos para establecer las ampliaciones presupuestarias, como todos los años, para llegar a fin de año. Y se ocupó en destacar la muy buena predisposición y comprensión del Poder Ejecutivo para hacer todo el trámite de manera ejecutiva. Ahora, te pregunto: Teniendo en cuenta que el MPA ya cumplió una década, ¿no es hora de que la política le asigne un presupuesto realista, acorde a las necesidades? Como bien aclaró Vranicich esto pasa año tras año, pero ¿Tiene que ser así?
DN: Desde mi punto de vista no. El MPA es un organismo con autonomía según la ley, pero entre la Corte Suprema, que históricamente le pisó los nombramientos y cargos, y el poder político que la obliga a negociar a cuentagotas el presupuesto, puede interpretarse que esa autonomía fue un poco menguada.
MG: Al fin de cuentas la partida a gastar va a ser la misma. Insisto: ¿Es necesario que todos los años sea así? De última, por más que sea un trámite, pone al MPA en desventaja institucional.
DN: No debería. El tema no es sólo el flujo de recursos, que al fin de cuentas, tarde o temprano terminando estando.
MG: Es estructural.
DN: Es lo que interpreto del mensaje que la Fiscal General dejó en la Legislatura.
MG: ¿Qué les pidió?
DN: Nada en particular, sólo expuso números que hablan por sí solos. El presupuesto del MPA, quitando el rubro personal, es apenas el 7% de todo el Poder Judicial, a pesar de que es el motor del fuero penal. Y en términos de recursos humanos es el 12%.
MG: ¿Esa planta de personal es mucha o poca?
DN: Tiene un déficit enorme, en particular en lo que refiere a empleados, es decir la estructura que trabaja para los fiscales. La relación fiscal/empleados en el MPA es muy baja en relación a los estándares internacionales y a provincias como Córdoba, por ejemplo.
MG: Te doy vuelta la pregunta: ¿Es poco lo del MPA o mucho lo del Poder Judicial?. ¿Se refería a esto el gobernador cuando en diciembre, al asumir, dijo que tenemos una Justicia cara e ineficiente? ¿Hay que pasar personal del Poder Judicial al MPA?
DN: Buena pregunta. Dejala en el tintero. Pero otra cosa interesante que ocurrió en el balance de gestión que hizo la Fiscal General ante la Legislatura fue el contrapunto con los senadores Raúl Gramajo de 9 de Julio y Orfilio Marcón de General Obligado.
MG: ¿Picante?
DN: Y… Gramajo dijo algo así como que Vranicich tiene atadas las manos a los fiscales regionales para investigar narcomenudeo y que se las tiene que soltar.
MG: Epa.
DN: Y Vranicich le contestó de forma bastante directa, pero con la altura que la caracteriza, que si alguien le ató las manos a los fiscales regionales entonces fueron ellos mismos, los legisladores cuando votaron la ley de narcomenudeo y la reforma orgánica del MPA.
MG: ¿Por qué? ¿Cómo es el entuerto?
DN: Los senadores argumentan que para iniciar una investigación el fiscal de 9 de Julio, por ejemplo, le pide autorización al fiscal regional y éste a su vez a la Fiscalía regional (en realidad a la unidad fiscal especial de narcomenudeo que es una a nivel provincial). Y es ésta la que analiza los casos que le informan de acuerdo a criterios fijados previamente que posibilita al MPA priorizar y focalizar su política de persecución penal.
MG: Que me imagino tiene eje en la criminalidad que genera violencia lesiva.
DN: Claro, porque si no el MPA va a ocupar tiempo y recursos en perseguir perejiles cuando necesita para combatir a los que realmente generan muertes, heridos, ocupan espacios públicos para sus actividades, montan búnkeres que alteran la vida barrial, etc.
MG: Y en las ciudades más pequeñas están acostumbrados al comisario que lleva “el dato de calle” al fiscal.
DN: Bueno, esas metodologías casi artesanales son las que atentan contra un estado que aborde estratégicamente el problema. Pueden que en alguna comunidad chica funcione como herramienta de control territorial o social, pero en el mundo el problema se aborda diferente.
MG: Ese es el motivo por el que todos los casos de narcomenudeo, salvo fragancia, se canalizan a través de la unidad fiscal provincial de microtráfico.
DN: Es un motivo. El otro es porque también esa unidad fiscal coordina con la Justicia federal, en función de qué organización se trata quién se queda con el caso. Y por otra parte para evitar el mayor riesgo que tiene la ley de microtráfico, que es darle a los policías una carta blanca para administrar el negocio y montar más cajas negras. Con esto, se limita esa posibilidad.
MG: Por lo menos se le quita discrecionalidad a la Policía.
DN: Así es. Bueno, te leo mañana.
MD: Pará. Antes de terminar, dejame que te cuente algo del Régimen de Grandes Inversiones, que obtuvo -como parte de la ley Bases- dictamen del Senado.
DN: Ví que el Plan de Inversión ahora deberá incluir la integración de productos locales y un plan de desarrollo de proveedores, aunque no hay requerimientos mínimos para ninguno de ellos.
MG: Precisamente. En la industria nacional dicen que frente a lo que había es mejor, sobre todo en el punto de los proveedores, pero no alcanzan las mejoras. Los puntos más controvertidos son la extensión en la prórroga de los beneficios, la posibilidad de girar divisas desde el tercer año y que los litigios se tengan que realizar en tribunales internacionales.
DN: Esta semana justo estuve leyendo diarios de Brasil que tenían como notas destacadas las exigencias que les estaban poniendo a las grandes inversiones en hidrocarburos. Muy fuertes, en el sentido de integrar un porcentaje de trabajo brasileño.
MG: Es Brasil. Argentina, por el contrario, tiene mucho menor margen para poner condiciones,
DN: Todo lo que quieras, pero marca el norte de que los países grandes defienden sus mercados internos y tienen políticas de desarrollo.
MG: Sobre el Rigi, también me pareció importante que Rosario, por su peso industrial, siente posición. Para eso, el Concejo convocó esta semana a un Foro Pymes en las que los ediles analizaron junto a referentes y cámaras empresariales, industriales y gremiales de la de la región, su impacto en la producción y el empleo
DN:Y, tengo entendido, hubo muchas voces críticas, sobre todo de los industriales.
MG: “La aprobación es la entrega del aparato productivo santafesino y los recursos nacionales a grandes corporaciones extranjeras. El régimen tiene que fortalecer a la industria nacional”, dijo a modo de conclusión, la concejala Norma López, impulsora del encuentro.
DN: Ahora sí: te leo mañana. Chau
MG: Abrazo