Las universidades nacionales avanzan en su estrategia por buscar un salvavidas que las saque del ahogo presupuestario a las que las somete el ajuste de la gestión de Javier Milei. La apuesta de los rectores es que se apruebe una ley de emergencia para actualizar las partidas para el sostenimiento de las casas de estudio, que quedaron muy retrasados frente a la inflación.
Este lunes los rectores se reunirán con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados para pedirles que voten el proyecto de emergencia presentado por la diputada radical Danya Tavela y que tiene también el apoyo de legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal, entre ellos la socialista rosarina Mónica Fein. Además, este martes se reunirán en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y analizarán la posibilidad de convocar a una gran marcha nacional por la educación, antes de que se firme el Pacto de Mayo al que convocó el presidente Javier MIlei.
Con la decisión de reconducir el presupuesto nacional 2023, las cuotas para gastos de funcionamiento que la Nación envió a las universidades en enero y febrero fueron la misma que en los mismos meses del año pasado. En marzo, esa partida se incrementó un 70 por ciento. Pero la inflación acumulada fue del 270 por ciento y las universidades dicen que es imposible sostener las casas de estudio con el presupuesto actual.
Sin respuestas a sus reclamos por parte del gobierno nacional, los rectores se aferran a la posibilidad de que sea el Congreso el poder que le abra la puerta a una solución.
El proyecto de Tavela tendría el apoyo de los distintos sectores del radicalismo legislativo y sumó el respaldo de también distintas vertientes de Hacemos Coalición Federal.
La iniciativa plantea una actualización bimestral de la cuota de gastos de funcionamiento, con un índice que combinaría el índice general de precios al consumidor (50%), “la variación de la cotización de la divisa de referencia para las importaciones (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%)”.
Varios rectores de universidades advirtieron en los últimos tiempos que sin una actualización presupuestaria significativa deberán cerrar sus puertas. Por caso, la del Comahue (Neuquén y Río Negro), Beatriz Gentile, dijo este mismo lunes que la casa de estudios no entró formalmente en cesasión de pagos, pero casi: no está en condiciones de hacer frente a los vencimientos de las facturas de servicios públicos.
A la par, los docentes también reclaman por un aumento salarial que les permita paliar los efectos de la inflación, postura que es apoyada por las autoridades universitarias. De hecho, la idea es que junto con la emergencia se trate otro proyecto para restablecer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), anulado por el gobierno nacional.
En el caso de Rosario, la cuota de funcionamiento de enero y febrero, equivalente a las de los mismos meses del año pasado, fue de 283 millones de pesos. Con el aumento del 70 por ciento dispuesto para marzo se llegó a 483 millones.
La cuota de funcionamiento es para el mantenimiento de los edificios, obras que se hacen con presupuesto propio, como las actuales en la facultad de Derecho; para sostener becas, comedores, residencias y proyectos de investigación, y pagar los servicios públicos. Para tomar dimensión: la boleta de la EPE que pagó la UNR en el bimestre enero-febrero de 2023 fue de 50.507.624 de pesos; la del mismo período de 2023, de 128.640.719. El presupuesto, el mismo.
“El aumento del 70 por ciento es mejor que nada. Pero como sea, el presupuesto ya se ha licuado exponencialmente”, sostuvo el rector Franco Bartolacci, que participará tanto de las reuniones de este lunes en el Congreso como del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional de este martes.
Mientras tanto, desde este lunes al miércoles se realizarán en la UNR las elecciones estudiantiles, también atravesadas por la situación presupuestaria.