Débora Cotichini, una de las funcionarias de confianza de Marcelo Sain en su paso por el Organismo de Investigaciones (OI), fue destituida de su cargo al cabo de un juicio disciplinario que culminó este martes.
Cotichini, una psicóloga que desde julio de 2017 fue jefa de Inteligencia Zona Sur del OI hasta su suspensión preventiva, comenzó a ser investigada bajo la sospecha de reportarle a Sain información reservada desde el OI cuando este ya ocupaba su cargo ejecutivo en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Por unanimidad el tribunal disciplinario decidió destituir a Débora Cotichini en el ejercicio de la función en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), del que depende el OI. Es la sanción máxima que se le puede imponer y ella podrá apelar. Los fundamentos serán dados a conocer en los próximos días.
La primera audiencia del juicio disciplinario con los respectivos alegatos, se llevó a cabo el jueves durante más de ocho horas. Se pasó a cuarto intermedio hasta el lunes. Al cabo de esa segunda jornada, el Tribunal resolvió volver a reunirse este martes para deliberar y emitir el veredicto. La auditoría a cargo de María Cecilia Vranicich solicitó la destitución de Cotichini; en tanto que la defensa a cargo de Juan Lewis, reclamó la desestimación de los cargos.
Cotichini había sido suspendida en septiembre de 2021 bajo sospecha de haber filtrado información reservada para fines políticos. Solicitó a analistas la producción de un perfil de la ex funcionaria Ana Viglione cuya información luego fue emitida por un canal porteño. Además, por posible envío de datos bajo reserva de causas, como escuchas legales, a Sain cuando era ministro de Seguridad y ya había tomado licencia como director del OI.
El jurado estaba integrado por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; su par regional de Venado Tuerto, Matías Merlo; la diputada socialista Lionella Cattalini; el senador del PJ Alcides Calvo (reemplaza a Armando Traferri, quien se excusó) y Gabriela Capponi Fiorillo, en representación de los abogados.
Cotichini también fue imputada la semana pasada en libertad el marco de la causa por espionaje ilegal, en la que se lo investiga a Sain y a otros ex funcionarios tanto del OI como del Ministerio de Seguridad por acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.550: consultar bases de datos, hacer tareas de calle, obtener referencias de policías y periodistas informantes y elaborar perfiles y dossiers.