El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que asumirá el próximo viernes, fijará una serie de topes de salario y restricciones para la contratación de parientes en La Moneda, según dos instructivos que ya circulan entre los futuros ministros y que fueron reproducidos parcialmente por la prensa chilena.
Los documentos fueron elaborados por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en colaboración con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto (Dipres) y ya fueron socializados informalmente entre los ministros, informa el diario La Tercera en su versión digital.
Establecen una serie de limitaciones para la contratación de quienes serán colaboradores de la próxima administración, tanto en lo relativo a salarios como a la declaración de conflictos de intereses y, a su vez, a su parentesco con otras autoridades, como ministros y subsecretarios.
En el caso de los honorarios, no podrán superar el 50 o el 65% del sueldo del ministro, que asciende a 8.096.113 pesos chilenos (10.000 dólares, aproximadamente), en el caso de que sean empleados con posgrado y al menos con 15 años de experiencia en el servicio público.
El documento señala "reglas de austeridad y transparencia" y asegura que es "un primer paso dentro del compromiso más global que asumimos de diseñar e implementar un sistema de remuneraciones al interior de la Administración del Estado que permita disminuir las actuales brechas, estableciendo límites a las altas rentas"
Los cargos de exclusiva confianza se restringirán desde el tercer hasta el cuarto grado de consanguinidad, incluyendo a convivientes.
La orden dice que existe una "enorme desconfianza en las instituciones que vivimos" por cuanto "es necesario no sólo cumplir de forma estricta con la ley vigente, sino también prestar atención a los flancos que la normativa actual deja y prevenir eventuales riesgos que dañen aún más la confianza de las personas en el Estado".
El escrito afirma que estas limitaciones "van en línea" con la reforma constitucional que impulsó desde el Congreso el frenteamplista y ahora próximo ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y que permitió rebajar la dieta de altas autoridades de la administración del Estado, como parlamentarios y ministros.
En otro punto, el documento también aborda posibles incompatibilidades y conflictos de interés en contrataciones de servicios u otra actividad privada.
"Previo a la contratación, se requerirá a las personas una declaración jurídica simple -que se remitirá también a la Contraloría- indicando si prestan servicios en otra repartición pública y actividades privadas que se relacionen con la entidad pública en que serán contratadas", según el texto.
También se requerirá información adicional sobre eventuales contratos vigentes que la persona haya celebrado con "proveedores, contratistas o instituciones privadas que tengan relación con el mismo servicio".