El oficialismo busca acuerdos en Diputados para sancionar en particular la ley Ómnibus. Desde este martes, se repasará artículo por artículo la normativa que alcanzó el viernes pasado la aprobación general. Los artículos sobre los cuales se negocia tienen que ver con facultades delegadas, privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 a 109 votos el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, Pro, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma. La iniciativa cosechó 38 diputados de LLA, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Creo; uno de Avanza La Libertad, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Libre, tres de Independencia y uno de Unión Mendocina.
Sin embargo, no pudo avanzar en la discusión en particular porque los bloques más afines al gobierno quieren otros cambios en algunos de los artículos, por lo que serán claves los acuerdos que se puedan lograr este martes en las conversaciones que el oficialismo mantendrá con diputados opositores que respaldaron el proyecto.
¿Cómo van a acompañar los diputados santafesinos? En diálogo con Radiópolis (Radio 2), el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo sobre el devenir de la discusión parlamentaria: “Habrá que ver la coherencia de aquellos bloques que dejaron por escrito hace 10 días atrás a la hora de firmar el dictamen de las comisiones distintas posiciones respecto de los temas más emblemáticos a la hora del tratamiento en particular. Se va a hablar de facultades delegadas, reorganización administrativa, privatizaciones y deuda externa. Sobre estos 4 temas los bloques ya dejaron posiciones expresadas en sus dictámenes de minoría en sus firmas en disidencia”, sostuvo.
“Si cada uno hace en el recinto lo que dijo 10 días atrás las facultades delegadas no deberían salir o deberían salir acotadas y las privatizaciones deberían pasar por el Congreso sin declarar a ninguna empresa sujeta a privatización, la deuda nueva que se quiera tomar debería seguir pasando por el Congreso y se debería impedir que el Ejecuivo intervenga en cualquier organismo como está haciendo ahora y como va a hacer con la ley Ómnubus”, planteó.
Para Martínez, “hay bloques con una excesiva vocación de acompañar al oficialismo, siendo que el proyecto de ley ha sido recortado pero no mejorado, sigue siendo terrible. Lo único que hicieron es sacarle artículos periféricos para no modificar el espíritu de la ley que es la profunda delegación de facultades al presidente, sigue cargando el ajuste sobre la liquidación y la venta del Estado argentino con la privatización de las empresas, sigue dándole al presidente atribuciones para intervenir organismos muy sensibles para el desarrollo nacional que pueden ser liquidados por algún interventor que ponga Milei”.
El legislador santafesino remarcó la necesidad de reflexionar sobre la “representación”: “Los que fuimos electos por un determinado espacio político con valores y un modelo de país al votar no podemos al costado el contrato electoral, lo que está en juego es la representación política. Entonces, lo entiendo en La Libertad Avanza (LLA), y en algunos sectores del Pro, pero en campaña nosotros dijimos todo lo contrario a la ley Ómnibus”, consideró.
Finalmente, tras advertir que la concentración popular y la resistencia en la calle no está vinculada a la actividad parlamentaria –“No hace falta que los arenguen”–manifestó sobre la reacción de la gente que concentró la semana pasada en Congreso y fue reprimida: "Hay anticuerpos muy fuertes en la sociedad respecto a estas polìticas porque saben que cada vez que se implementaron fueron muy dañinas para la gente".
A continuación, el diputado José Nuñez, integrante del bloque del Pro, destacó, en principio, que el debate se haya podido realizar de día: “Es una manera distinta pero pudimos discutir de cara a la gente, aunque fueron muchos días. Ahora, viene artículo por artículo y tema por tema”, comenzó y consideró que fue “demasiado ambicioso haber mandado esta ley al Congreso con 600 artículos”.
“Le hemos dado una herramienta al gobierno como se las hemos dado a otros, el kirchnerismo habla de las facultades delegadas como si fuesen extraterrestres”, ironizó sobre el acompañamiento de su bloque a la normativa en general. Sin embargo, adelantó en relación a la votación en particular: “El Pro no está de acuerdo en el 100 por ciento, queremos ayudar pero no estamos de acuerdo, lo van a ver”.
Luego, aseguró que el bloque está unido: “En términos generales estamos bien, los temas que le importaban a Santa Fe, como la producción porque somos la provincia que aportamos 40 por ciento de las divisas por derechos de exportación, podemos hacer más, pero necesitamos que se invierta de parte del gobierno nacional, la infraestructura en Santa Fe está muy deteriorada, estamos muy bien en el Pro, pero marcando la diferencia como santafesinos”, concluyó.
La coparticipación
De todos modos, el punto que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la coparticipación del Impuesto País, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informa Télam, los legisladores podrían aceptar diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, si el Gobierno acepta reformar el articulo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.
Las privatizaciones
Otro de los puntos donde aún hay discrepancias es en el paquete de las privatizaciones de las empresas del Estado, pese a que el jueves el Gobierno propuso quitar de esa lista nueve compañías.
Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación y de Arsat.
El secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace, dijo a Télam que la UCR aspira a que "se realicen cambios en el artículos para que la evaluación patrimonial de cada empresa sea hecha de forma independiente al Gobierno".
Uno de los artículos establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá "elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos; ese informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación".
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscales, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedan sujetas a privatización.
En cambio, sí hay acuerdo en aprobar el artículo que establece la emergencia que quedó limitada a seis materias que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética, y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
Delegación de facultades y emergencia
Pero donde hay disidencia es en algunos artículos donde se delegan facultades y donde algunos diputados piden que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Otros puntos que aún faltan son los cambios en el artículo sobre modificaciones al Código Penal en temas de protestas, y la reforma sobre endeudamiento, en los cuales hasta ahora no hubo avances entre oficialistas y dialoguistas, señalaron voceros parlamentarios.
El proyecto se votó en general en una sesión que se extendió desde el miércoles hasta el viernes, con 31 horas de debate y en donde expusieron más de 200 oradores.
Ahora se estima que la discusión en particular durará por los menos dos días, ya que el dictamen de mayoría de 383 artículos demandará fuerte discusiones en los capítulos sobre emergencia pública, privatizaciones, seguridad, educación y reforma del Estado debido a la cantidad de oradores que ya se anotaron.
Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien estuvo en la conducción de la sesión en la mayoría de los tramos de la extensa deliberación, deberá poner límites como ya lo hizo para que los expositores cumplan con el reglamento y los acuerdos establecidos en labor parlamentaria.
El segundo capitulo se escribirá el martes cuando los diputados vuelvan a sentarse en sus bancas y el oficialismo deberá conformar nuevamente quórum con los bloques dialoguistas, porque ni UxP ni la izquierda colaborarán para que se alcance el piso de 129 necesario para comenzar a votar cada artículo en particular.