En la Cámara de Diputados, un plenario de las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad dictaminó una legislación que tipifique penalmente las situaciones de violencia de género y acoso sexual en ambientes laborales y académicos, contemplando contextos de asimetría de poder. Hasta el momento, sólo está establecido para espacios callejeros o domésticos.
La iniciativa fue promovida por el grupo de Periodistas Argentinas e implicaría una reforma de la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Tiene consenso de los bloques de Unión por la Patria, PRO, los radicalismos, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
En ese sentido, se tipificaría como delito la violencia y acoso sexual "la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo". Además, se otorgaron herramientas a empresas que quieran desplazar a un empleado acosador pero que no pueda afrontar un juicio laboral o una indemnización.
En 2023, un estudio de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y Grow Género reveló que en Argentina 3 de cada 10 mujeres sufrieron violencia sexual en el trabajo. Las principales formas en las que se presenta son mediante comentarios inadecuados sobre el cuerpo o la vestimenta (33%); acercamientos físicos inapropiados que pueden incluir desde avances sobre el espacio personal hasta contacto físico no consentido (22%) y favores sexuales a cambio de beneficios o promociones laborales (4%).
La bonaerense Mónica Macha (Unión por la Patria), titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad e impulsora del proyecto, señaló que "la violencia de género hay que pensarla como un proceso vivo" y apuntó que "las realidades van cambiando y también la percepción que nosotras mismas logramos construir sobre las situaciones de violencia. Tal vez había cuestiones que antes naturalizábamos o las dejábamos pasar por miedo, vergüenza o humillación, hoy estamos dispuestas a que estén contempladas por la ley".
Por su parte, la jujeña Natalia Sarapura (UCR) remarcó que "estamos muy conscientes del proceso de transformación social que han iniciado nuestras abuelas y que han liderado nuestras mayores. Se hace necesario que digamos con claridad que cuando hablamos de derechos de las mujeres son derechos humanos reconocidos internacionalmente". "Hay símbolos, actitudes y prácticas que ponen en riesgo nuestra integridad e institucionalizan la violencia. En este momento, desde lugares de poder se instalan discursos de violencia hacia los sectores más débiles y los que logramos mejoras consustanciales", añadió.
Posteriormente, el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) celebró "el acuerdo pluripartidario que antepone a cualquier interés sectorial el interés de garantizar derechos" porque "mantiene con buena salud la democracia en la Argentina". Asimismo, pidió que en el debate por el Presupuesto 2025 no "se admitan recortes en materia de políticas públicas de equidad de género".
En el caso de Silvia Lospennato (PRO), solicitó ampliar el debate a futuro para pensar la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo formal: "Las mujeres tenemos menos horas para dedicarle al mercado laboral, porque empleamos exactamente el doble de tiempo que los varones en las tareas de cuidado". "No debemos seguir postergando estas discusiones", pidió.