Fue el crimen político y el mensaje mafioso más siniestro desde el regreso de la democracia. Este miércoles se cumplen 26 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias que fue secuestrado, torturado y asesinado de dos disparos. El cuerpo, arrojado en una cava de General Madariaga, muy cerca de Pinamar, fue calcinado dentro del auto que él y el periodista utilizaban para hacer la cobertura de la temporada en esa ciudad balnearia.
Con la consigna histórica desde aquel 25 de enero de 1997 –”no se olviden de Cabezas– este miércoles habrá un acto en homenaje al fotógrafo a las 10.30 en la plaza Pringles.
La naturaleza de crimen político la dio el propio exgobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, cuando se enteró ese mismo día, del asesinato: dijo que le habían “tirado un muerto” cuando estaba a punto de realizar el acto de lanzamiento de su candidatura presidencial para suceder a Carlos Menem, con quien tenía un durísima interna. Duhalde lo contó en el documental “El fotógrafo y el cartero”, que se puede ver en Netflix.
Cabezas era un gran fotógrafo y la revista Noticia era, en aquellos años, una presencia molesta para el poder. Apenas se supo del crimen, las hipótesis apuntaron en dos direcciones: la Policía Bonaerense y el empresario Alfredo Yabrán, un hombre que manejaba enormes negocios vinculados con el Estado, cercano al menemismo, denunciado como jefe de una organización mafiosa por el ex ministro Domingo Cavallo y que gustaba de manejarse en las sombras.
Justamente Noticias fue de alguna manera el medio que más hizo por sacarlo de la oscuridad y Cabezas el reportero que obtuvo, casi un año antes de su aseisnato, las fotos en la playa que hicieron conocida su imagen. “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente”, le había dicho Yabrán a la revista en una nota que le dio unos meses antes, con la condición de que no hubiera imágenes.
En cuanto a la fuerza de seguridad, las razones de las sospechas se fundaban en que Noticias había hecho una nota sobre el enriquecimiento ilícito y las prácticas non sanctas de muchos de sus miembros. Esa tapa llevaba el título “Maldita policía” y estaba ilustrada con un gran retrato del entonces jefe de la fuerza, Pedro Klodzyck, sacado también por Cabezas.
El asesinato
El asesinato parecía de otros tiempos, los de la dictadura militar. Cabezas y su compañero Michi había asistido a la fiesta del empresario Oscar Andreani, una cita que se había convertido en un clásico de aquellos años en las que Pinamar era la meca de las elites políticas y empresarias de la etapa menemista. Michi se fue a las 4 de la mañana, Cabezas se quedó una hora más.
Cuando estaba por entrar a la casa en la que convivía con su mujer y con su hija más pequeña, a Cabezas lo redujeron, lo metieron en un Fiat Uno y lo llevaron a la cava de General Madariaga donde lo mataron, seguido por el propio Ford Fiesta que él usaba junto a Michi. En el camino, esposado, lo torturaron. Luego le dieron dos disparos y quemaron su cuerpo.
La investigación, llevada adelante por la Justicia federal de Dolores, fue lenta y estuvo plagada de pistas falsas, maniobras para evitar que se llegara a los verdaderos responsables.
Una de ellas hizo que se detuviera a la llamada banda de Los Pepitos, un grupo liderado por una mujer llamada Margarita Di Tulio y conocida como Pepita la Pistolera, que manejaba el negocio de la prostitución en la zona del puerto de Mar del Plata.
La hipótesis era que lo mataron porque Cabezas los extorsionaba con fotos que según esta línea tenía de ellos. Todo ese armado, indignante en su intento de manchar a la víctima y también en el propósito de mantener impunes a los verdaderos culpables, se comprobó como totalmente falso meses después, cuando apareció otra pista –que llegó a través de Duhalde– que llevó a cuatro muchacho del barrio de Los Hornos, en la Plata.
De Prellezo a Yabrán
La declaración Banda de los Horneros llevó al policía bonaerense Gustavo Prellezo, que comandó el operativo de secuestro de Cabezas y fue el autor de los disparos fatales, primero y luego a Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, ya en carácter de autor intelectual.
La secuencia fue así: después de que en el verano anterior Cabezas le sacara las fotos mientras caminaba por la playa, Yabrán le pidió a Ríos que mantuviera alejado al periodismo durante su estadía en Pinamar, donde tenía una lujosa casa e importantes inversiones.
El equipo de Noticias tenía justamente el objetivo de retratar y entrevistar al empresario y empezó a rondar su casa. Eso fue detectado por la custodia y a partir de allí se planeó el crimen que se concretó el 25 de enero.
La investigación fue lerda y sufrió tantas maniobras de desvío que hasta el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, se presentó en los Tribunales de Dolores y luego dio por esclarecido el crimen con la detención de los Pepitos –claramente buscaban despegar al amigo Yabrán–.
Pero el uso del Excalibur, un entonces novedoso sistema de entrecruzamiento de llamados telefónicos, permitió determinar que Prellezo había tenido numerosos llamados con Ríos y también con el propio Yabrán, que estos se intensificaron antes del crimen y que se acallaron por completo luego de esto.
Yabrán a la Rosada
A partir de eso, la idea de que Yabrán había estado detrás del asesinato se convirtió en casi certeza. Aun así la detención se demoraba y el empresario hasta fue, en ese interín, a reunirse a la Casa Rosada con el entonces jefe de Gabinete Jorge Domínguez. Todo un gesto del menemismo para expresar su respaldo a este hombre que esos mismos días le dijo en un reportaje a Clarín que “el poder es impunidad”.
Sin embargo, las pruebas eran ya tan contundentes que salió la orden de detención. La policía no lo encontró ni en su casa ni en sus oficinas. Su paradero era un misterio, se especuló con que pudiera haber salido del país y se pidió la captura internacional a Interpol.
Finalmente, se determinó que estaba en la estancia San Ignacio, un enorme establecimiento rural de su propiedad ubicado en la provincia de Entre Ríos, entre Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, cerca de su Larroque natal.
Cuando la policía llegó hasta la habitación en la que estaba encerrado con llave y golpeó la puerta, se escuchó el disparo de escopeta con el que Yabrán se quitó la vida. Otra conmoción nacional y el descreimiento de una población que creyó que era otra maniobra para garantizar la impunidad del hombre que manejaba el correo privado, los depósitos fiscales, la carga y descarga de los aviones, entre otros negocios estratégicos.
Condenados y liberados
La causa en Dolores siguió avanzando pese a que las maniobras tendientes a evitar que se pudiera llegar a la verdad no terminaban. El tribunal de esa localidad, la misma donde en estos días se juzga el crimen de Fernando Báez Sosa, condenó a cadena perpetua a los instigadores y autores materiales del crimen de Cabezas.
En el juicio se supo que Yabrán llegó a reunirse en persona con Prellezo, a quien Ríos contrató para sacarse de encima al equipo periodístico de Noticias con la complicidad de sus colegas uniformados Aníbal Luna (que marcó a los periodistas) y Sergio Cammarata (que ofreció la logística para ocultarlos en la costa). El comisario de Pinamar, Alberto “la Liebre” Gómez, liberó la zona. Prellezo contrató a Los Horneros para hacer el trabajo sucio.
También que el sistema Excalibur había descubierto 122 llamadas entre Yabrán y su entorno con celulares de la Side que figuraban a nombre de Hugo Anzorreguy, el entonces titular del organismo. También se encontraron llamadas entrantes y salientes con la Quinta de Olivos. Todas ellas en momentos claves de la causa Cabezas.
Años después, vino la vergüenza. El 13 de noviembre de 2003, la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense decidió recategorizar la figura del delito por el que se condenó a los asesinos de Cabezas y pasaron de “sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, en concurso ideal con homicidio simple con dolo eventual” a “privación ilegal con violencia en concurso real con homicidio”. En los dos casos se hablaba de un secuestro y un asesinato. Pero estos cambios de palabras redujeron las condenas de los imputados a entre 18 y 27 años de cárcel, algo muy diferente a una cadena perpetua.
Así, con el beneficio del dos por uno y la “buena conducta” de los detenidos, los asesinos fueron recuperando la libertad. Hoy ninguno de ellos está detenido. Un buen motivo para volver a gritar: “José Luis Cabezas, presente”.
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