El Centro de Justicia Penal de Rosario fue escenario este martes de una extensa e histórica jornada, en la que un fiscal y un empleado judicial fueron acusados por sospechas de corrupción ligada al juego clandestino. Se trata de Gustavo Ponce Asahad, quien quedó preso, y Nelson "Coqui" Ugolini, quienes filtraron información a cambio de dinero –al menos en el caso de Ponce Asahad– a Leonardo Peiti, miembro de una banda dedicada al juego clandestino y extorsiones. Es decir, cometían delitos en lugar de combatirlos. La imputación no solo es grave, sino que también tendrá un nuevo capítulo, tal vez más fuerte, cuando Patricio Serjal Benincasa –hasta el lunes, jefe de fiscales de la Segunda Circunscripción– esté en el banquillo de los acusados.
El cuerpo de fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, integrado por María Eugenia Iribarren, Gisela Paolicelli, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, llevaron a cabo la imputación, que estuvo basada en la declaración de Leonardo Peiti, cuyos datos aportados al acogerse a la figura del "arrepentido" fueron constatados con evidencias objetivas: filmaciones de cámaras públicas y privadas; mensajes de Whatsapp; registro de llamadas telefónicas; registro de ingreso y egreso de Peiti y Serjal de un hotel de Buenos Aires, donde se concretó uno de los tantos encuentros.
Para comprender la acusación contra Ponce Asahad y Ugolini se debe comprender el contexto que parece sacado de una serie de ficción por el que la Justicia llegó a ellos. Una banda acusada por extorsiones y juego clandestino tiene a algunos de sus miembros presos. Uno de ellos, Maximiliano "Cachete" Díaz, mano derecha de Ariel Máximo "Guille" Cantero y organizador de la estructura delictiva. "Cachete" fue arrestado el 13 de enero, dos días después del atentado y crimen del casino City Center. Luego lo imputaron por planificar el ataque.
"Cachete" Díaz cayó en un operativo de la Agencia de Investigación Criminal y la Tropa de Operaciones Especiales. El 16 de enero, en plena feria judicial, una persona acercó a la Agencia de Criminalidad Organizada de Fiscalía un teléfono prácticamente destruido. Comentó que lo encontró cerca de donde había sido detenida una persona, la que luego conoció a través de la televisión que tenía vínculos con Los Monos ("Cachete" Díaz). La intención de esa persona era acercar un elemento que, tal vez, pudiera ayudar a la Justicia a profundizar la investigación.
Ese teléfono era de "Cachete" Díaz y su pareja Flavia Broin –imputada y presa– había intentado destruirlo. Ese celular, en definitiva, fue la llave de un sótano de corrupción, extorsiones y juego clandestino. Fue llevado a Buenos Aires, donde se logró acceder al material que tenía en su interior.
En el celular se hallaron conversaciones varias de Díaz. Una de ellas con Leonardo Peiti, donde Díaz le pidió tres días antes del crimen del casino que "gestionara" la libertad de Claudio Ricaldez y Horacio Hernán Quinteros –miembros de la banda de extorsiones y juego clandestino–. Ricaldez y Quinteros, que está prófugos, habían sido detenidos el 8 de enero en un control de Gendarmería con un arma sin documentación. "Cachete" buscaba liberarlos rápidamente porque ellos iban a ser los encargados de la balacera contra el City Center. Spoiler: Peiti no logró liberarlos a través de sus contactos y el homicidio lo cometió el dominicano Otniel De León Almonte –imputado y preso por ese hecho–.
Peiti inició esa "gestión" a pedido de Díaz. Primero se comunicó con Alejandro "Pipi" Torrisi, jefe policial retirado y preso como miembro de la banda dedicada a extorsiones y juego clandestino. Torrisi no logró conseguir ese beneficio porque el procedimiento había sido de Gendarmería, aunque Quinteros y Ricaldez estaban alojados en la comisaría 21ª.
Frustrada la operación con Torrisi, Peiti habló con Nelson "Coqui" Ugolini, empleado judicial de Gustavo Ponce Asahad. Le pidió información de la causa y si se podía "hacer algo". Ugolini envió los datos luego de ingresar al sistema informático judicial, pero le aclaró que la causa "no la tenía" él sino el fiscal Aníbal Vescovo. "No tengo la causa yo, pero dejame ver cómo metemos un comentario ahí", le explicó.
Esa conversación entre Peiti y Ugolini fue enviada por Peiti a Maximiliano Díaz, al celular que fue encontrado gracias a una persona que lo acercó a la Agencia de Criminalidad Organizada.
A partir de las medidas investigativas, los fiscales Edery, Schiappa Pietra, Paolicelli e Iribarren impulsaron allanamientos que terminaron con varias detenciones, pero no con la de Peiti. Con Peiti prófugo, su abogado Luis Rossini llamó al fiscal general Jorge Baclini para poner a disposición a su cliente. Baclini, por lógica, le respondió que esas situaciones debía conversarlas con el fiscal regional Patricio Serjal, que era su responsabilidad, a lo que Rossini le explicó que no podía porque el material que tenía Peiti comprometía al propio Serjal.
Así fue que Peiti se entregó en la sede de la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez, donde estuvo 48 horas incomunicado hasta ser llevado el viernes de la semana pasada a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Allí, Peiti declaró que mantuvo 30 encuentros con el fiscal Gustavo Ponce Asahad, con el jefe de fiscales Patricio Serjal y admitió contactos con Nelson Ugolini. Agregó que a Serjal y Ponce Asahad les pagó coimas –unos 4 mil dólares en promedio– desde diciembre de 2018 hasta la fecha en concepto de "protección". Según la acusación contra Ponce Asahad, se trató de filtrar información de datos privados al miembro de una banda a cambio de plata. Es decir, no solo no investigar sino favorecer a una organización criminal. En pocas palabras, corrupción.
Pero la declaración de Peiti no es una más. Es, tal vez, un antes y un después en el Ministerio Público de la Acusación. Los fiscales Edery, Schiappa Pietra, Paolicelli e Iribarren constataron cada dato que aportó Peiti. La declaración y las pruebas de que su declaración era cierta fue lo que se ventiló este martes en el Centro de Justicia Penal contra Ponce Asahad y Ugolini.
La evidencia es abrumadora. Conversaciones por Whatsapp, fotos, filmaciones de cámaras públicas que acreditan los encuentros, registros de llamadas telefónicas e incluso cambios en los códigos de seguridad de Whatsapp hechos por Ponce Asahad y Serjal en fechas clave, como después de allanamientos a Peiti.
Es tan grave la imputación que cabe la pregunta: ¿Los fiscales Serjal y Ponce Asahad se creían impunes, que nadie los iba a investigar? La respuesta es evidente porque esta trama de película fue develada a partir de la tarea de la propia Justicia local. Lo que resulta gravísimo es haber tenido a dos fiscales que lejos de investigar favorecían a una banda filtrando información. Y, además, poco inteligentes, torpes o brutos, cometiendo los delitos ante cámaras de seguridad pública, en el cantero central de bulevar Oroño y Mendoza (en el caso de Ponce Asahad).
Otro dato. La fiscal María Eugenia Iribarren señaló este martes que "costó muchísimo" obtener el domicilio del fiscal Ponce Asahad para allanarlo. Agregó que uno de los domicilios que figuraban era la Asociación Argentina Árabe de Profesionales de Dorrego al 1200, donde se hicieron algunos encuentros con Peiti; en tanto, el fiscal Matías Edery afirmó este miércoles en Radiópolis (Radio 2) que otra dirección era la de la Facultad de Ciencias Económicas, que está en la misma cuadra de Oroño al 1200 donde vive el fiscal. La situación incluso mereció el reproche de la jueza de la audiencia Eleonora Verón, quien dijo en su resolución que "debe tener el domicilio actualizado, más siendo funcionario".
Por si fuera poco, Ponce Asahad cometió al menos un acto después del avance de la investigación que acredita esa torpeza. La primera fue al dar una conferencia de prensa en la puerta del edificio donde vive (Oroño 1217), donde afirmó que no conocía "a ninguna de las personas investigadas", cuando justamente una de las personas investigadas –Leonardo Peiti– estaba en ese mismo momento admitiendo encuentros con el fiscal, admitiendo el pago de coimas y dando detalles de la cadena de protección que gozó durante unos 20 meses.
Ese acto fue coherente con la torpeza del segundo, al declararse inocente "de cada hecho" que se le imputó, cuando habló en la audiencia en su contra este martes. Porque después de eso se mostraron imágenes de él con Leonardo Peiti y otro encuentro con el abogado de Peiti, donde se derrumba la primera aseveración de que no conocía a ningún investigado. La presunción de inocencia rige para todos por igual, pero también es un dato descriptivo que un fiscal haya cometido tantos errores a la hora de defenderse ante un proceso judicial en su contra.