Rosario atraviesa el año más violento del que se tiene registro en su historia reciente. Alcanzó los 265 crímenes, y superó por uno al fatídico 2013, signado por el asesinato del líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero y la ola de homicidios en venganza. Y, para peor, todavía falta todo el mes de diciembre.
Este 2022 tiene varias particularidades, como familias enteras acribilladas –hubo tres triples crímenes–, ejecuciones de tinte narco –algunas en caminos rurales situados en la periferia de Rosario– y una gran cantidad de víctimas que quedaron en medio de disparos que eran para otras personas. También vecinos que fueron asesinados para robarle un auto o una batería, como los casos de Omar Fernández o de Patricio Gigena.
Familias enteras asesinadas
El primer triple crimen del año fue el más resonante por la mecánica y por el contexto. Ocurrió el 29 de enero, cuando Iván Maximiliano Giménez (33 años), su pareja Érica Vanesa Romero (38) y Elena, su beba de un año, salieron de un casamiento entre dos personas procesadas por narcotráfico que se había celebrado en la vecina comuna de Ibarlucea.
Según la causa que investigan los fiscales Gastón Ávila, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, desde una Amarok gris atacaron a tiros el Audi TT blanco en el que se desplazaba la familia a la salida de la boda. El conductor y la beba prácticamente murieron en el acto, pero la mujer no. Ella volvió hasta el lugar del casamiento para pedir asistencia y consiguió que otras personas trasladen a su hija y a su pareja hasta el Eva Perón de Granadero Baigorria. Una vez que fueron declarados muertos, Romero se fue del lugar y su cuerpo fue hallado calcinado dentro del auto en un camino rural.
En esa investigación no hay detenidos ni imputados. Quienes se casaron en Ibarlucea fueron Esteban Enrique “Pinky” Rocha y Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra, quienes permanecen prófugos a la fecha a pesar de haber avanzado el juicio en el que están acusados como vendedores de droga para la estructura de Olga “Tata” Medina.
El segundo triple crimen ocurrió en mayo pasado en Colombia y Schweitzer, en barrio Larrea, en la zona noroeste. Entre dos y tres sicarios dispararon los 38 tiros que mataron a Marcos Máximo Caminos (27), su pareja Micaela Bravo (27) y su hijo Ciro (1), quienes estaban en el interior de un Audi estacionado.
Un nene de 6 años presenció el asesinato de toda su familia, ya que estaba en el auto, pero logró salir del vehículo y correr hasta la casa de su abuela, a quien le dio aviso de lo que había pasado.
También hubo un triple homicidio “por error”. Fue a principios de junio pasado en Garibaldi y Ayacucho, en barrio Tablada. Rodrigo Morera (26), su pareja Aymara Altamirano (25) y Auriazul Morera (6) fueron acribillados al bajarse de un auto. En el avance de la investigación de la fiscal Marisol Fabbro se imputó a una pareja que dijo ser testigo del hecho y que, de acuerdo a la teoría del caso, era la verdadera destinataria de la emboscada, aunque los gatilleros se confundieron y acribillaron a la pareja y a su niña.
Asesinatos “por error” o porque sí
En el derrotero de este año hubo víctimas de homicidios por el triste hecho de estar en el momento y en el lugar equivocado. Lamentablemente, hubo varios casos.
Uno de los más emblemáticos es el doble crimen de Claudia Deldebbio (58) y Virginia Ferreyra (32), madre e hija respectivamente, que el 23 de junio estaban en la parada de colectivos de Maestros Santafesinos e Ísola, en barrio Parque del Mercado, cuando sicarios de la banda del jefe narco René Ungaro –según el fiscal Patricio Saldutti– abrieron fuego contra todas las personas que estaban en el playón municipal.
Saldutti aseveró tras imputar a dos de los gatilleros que el objetivo fue “infundir temor” en la zona porque Ungaro quería enviar un mensaje a otros vendedores de droga que se habían infiltrado en el complejo Fonavi y le hacían competencia.
Graciela Paulina Carrizo (58) es otro caso. Tomaba mates junto a familiares en unos bancos de cemento frente a su casa de barrio Molino Blanco, cuando sicarios acribillaron de 15 tiros a Jonatan Nicolás Schneider, un joven al que buscaban y que en ese momento pasaba en bicicleta. Graciela estaba detrás de la línea de disparos, a unos 40 metros, y cayó muerta de dos balazos mientras intentaba cubrir a los parientes que estaban con ella.
Josefa Retamozo (62) recibió tiros en la espalda mientras intentaba meterse adentro de su casa de Spiro y Cepeda, de Villa Manuelita, ya que estaba en la puerta tomando mates con su esposo. En la causa constan testimonios de que a pocos metros funciona un búnker, por lo que se sospecha que el ataque estaba dirigido allí y los gatilleros le dieron a la mujer, que era completamente ajena a la situación.
Carmen Noemí Villalba (53) y Marlén Catalina Villalba (15) fueron acribilladas de 40 tiros en Ugarte al 700, en barrio Gráfico, en la zona noroeste. De la investigación se desprende que los sicarios eran tres, que cada uno portaba un arma y que todos abrieron fuego después de bajarse de un Onix blanco. En la escena, peritos secuestraron vainas calibre 9 milímetros, calibre .380 y cartuchos de escopeta 12/70.
Carmen y Marlén no vivían en la casa donde fueron baleadas. Ese domicilio era de Marcela Villalba, condenada en Rosario por narcotráfico y detenida en 2020 en Entre Ríos por el mismo delito. “Pienso que fue por error. Cuando yo llegué mi hermana estaba viva. La Policía tardó y la ambulancia también. Ella estaba con mi sobrina. Se la rebuscaba vendiendo ropa usada y tenía cuatro hijos más”, señaló la hermana de Carmen en El Tres.
Entre las víctimas llegó a haber hasta bebés. Geraldine Mora Gómez tenía un año y medio, y murió tras haber recibido varios disparos que estaban dirigidos contra la casa de su familia de Mitre al 2800 de Villa Gobernador Gálvez. La chiquita sufrió una herida en el cráneo, mientras que dos parientes fueron trasladados a centros de salud con lesiones por los tiros.
En el triste listado de víctimas que estaban en el lugar y momento equivocado están Valentín Solís (14) y Eric Galli (15), acribillados el 24 de noviembre pasado en el complejo Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí por tres sicarios que portaban aparentemente una ametralladora y que, se cree, los confundieron con otras personas.
Ejecuciones narco
En abril y julio de este año hubo dos homicidios a 100 metros de distancia en barrio Tablada con una particularidad: los cuerpos de las víctimas tenían carteles escritos con fragmentos de canciones de Callejero Fino, referente de RKT.
El primero fue el 26 de abril en Esmeralda y Presidente Quintana, donde fue hallado Brian Leonel Pino, de 27 años, con los ojos vendados, los brazos sujetados con un cabestrillo y nueve heridas de arma de fuego. Entre sus prendas había un papel que decía “Que pelee, si no que corran”, alusiva al track “Pide”.
El segundo tuvo lugar el 20 de julio en Esmeralda al 3800, donde fue hallado Héctor Quinteros (20), cuyo cuerpo estaba descalzo, con el pantalón bajo, atado de pies y manos con un cable, amordazado y con múltiples disparos. Entre la remera y el suéter, se halló la frase manuscrita “Corte re secuestro. Pa lo’ giles rafagazo. Saben que no miento”.
Se presume que ambos casos estarían conectados. Dentro del Ministerio Público de la Acusación se investiga si las víctimas le habían robado a un vendedor de droga de barrio Tablada.
Dentro de los ataques con trasfondo narco está el doble crimen de las hermanas Marianela (28) y Estefanía Gorosito (25), cuyos cadáveres fueron hallados en un camino rural de Cabín 9 de Pérez, después de haber sido secuestradas y ejecutadas de cuatro y ocho tiros, respectivamente. Por esa investigación, el fiscal Patricio Saldutti imputó a una parte de la estructura narco que responde al preso Pablo Nicolás Camino –presunto lugarteniente de Los Monos–, con quien las víctimas aparentemente tenían una deuda por droga.
Un caso de referencia para el funcionamiento de la lógica criminal de este año, para algunos investigadores, es el crimen del adolescente Zacarías Sharif Azum (15), quien había ejecutado un asesinato en abril pasado en la zona oeste y lo mataron a tiros el 28 de octubre en pasaje Del Campo al 5000.
Azum tiene a su padre, a su madre y a su padrastro acusados de delitos graves. Su cuerpo fue hallado con diez heridas de arma de fuego y en uno de los bolsillos del pantalón decía “Menor tiratiros”. “Es un caso que te expone cómo bajó la edad en todo sentido, para matar, para balear, para vender y para morir”, remarcó un investigador judicial.
Homicidios por inseguridad
A finales de marzo, Fabricio Guiral fue asesinado de un disparo en el pecho en su casa de Villa Gobernador Gálvez. Después de ese ataque, su padre contó que había abierto un bar y venía recibiendo extorsiones para pagarle a la mafia a cambio de que no balearan a su familia. “Se me terminó la vida”, explicó Hernán, el papá de Fabricio, en El Tres.
La extorsión es un delito del que se aprovecharon las bandas sobre todo a partir de la pandemia y la cuarentena, ya que les sirvió una línea recaudatoria de fácil comisión. Actualmente, todas las organizaciones tienen a integrantes que estando presos usan celulares para realizar este tipo de intimidaciones.
Otra forma de comprender la inseguridad brutal de esta ciudad son los casos de Omar Alberto Fernández (55), que recibió un tiro en la cabeza en Biedma y Pueyrredón de parte de ladrones que se llevaron su Palio blanco; o el de Patricio Gigena, el jubilado de 82 años que fue asesinado a finales de octubre por dos trapitos que le dieron un palazo en la cabeza dentro de su taller de barrio Azcuénaga para llevarse la batería de un auto.