El suboficial Pablo Báncora, que era parte del Organismo de Investigaciones y trabajaba en el mismo espacio físico que fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), reconoció haber filtrado información reservada sobre la investigación provincial contra el presunto narco Esteban Alvarado, mientras estaba prófugo. Firmó un juicio abreviado que fue homologado por el juez Carlos Curto. Fue sentenciado a un año de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y una multa de cinco mil pesos. Se trata de la primera condena en la causa Alvarado. La pena que aceptó le permite recuperar la libertad.
En el marco de una causa en la que avanzaron contra Alvarado, el brazo armado, las empresas y testaferros y la cobertura policial para garantizar impunidad, Báncora es considerado parte de este grupo. El suboficial había sido detenido en junio en la terminal Mariano Moreno por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
Las sospechas sobre él empezaron el 18 de diciembre de 2018, cuando se dejó el WhatsApp Web abierto en oficinas del Centro de Justicia Penal y detectaron que enviaba mensajes relacionados a la causa, que entonces era incipiente. Desde allí le probaron conductas descriptas como "de gravedad institucional".
Entre otras cosas, Báncora anticipó detalles sobre allanamientos dentro de la investigación que tenía al imputado a Alvarado prófugo, aportó un número falso para relacionar a Chulo Olivera –de Los Monos– con hechos que podían involucrar al grupo en cuestión y buscó vincular a Hugo Maldonado, hermano del asesinado Lucio Maldonado, con un grupo de colombianos. Está acreditado además que el suboficial recibió ofertas de dinero por omitir detalles de allanamientos.
En la causa provincial, que ya es emblemática, hay más de 30 imputados. Y Báncora es el primer condenado. En su caso, por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado".
No fue considerado miembro de la asociación ilícita, pero en el Ministerio Público de la Acusación señalan entre la importancia del resultado que el hecho de que él acepte responsabilidad y reconozca las evidencias sirve para escalar en la persecución contra miembros del grupo.
"La pena es proporcional a lo exigido por la Constitución y convenciones internacionales", señala el acuerdo que selló el abogado José Luis Giacometti con los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que finalmente fue avalado por Curto.