El histórico sindicalista portuario Herme Juárez, que el domingo volvió a su casa de San Lorenzo tras recibir el beneficio de la detención domiciliaria, se quedó sin abogados y deberá designar nuevos. Los profesionales particulares que habían apelado su procesamiento y planteado una serie de nulidades de las actuaciones renunciaron de manera sorpresiva.
El grupo que estaba designado en la causa por asociación ilícita y delitos económicos incluía a Joaquín Da Rocha, Zorrilla, Diego Balaz, Giuntini y Gené. Eran quienes representaban además a Oscar (hijo), Mariana y Debora Juárez (hijas), Daniel Badía, Pablo Bunello y Damián Bunello.
El Juzgado Federal de Campana envió este jueves un exhorto a la Justicia Federal de Rosario, en turno ahora con el juez Marcelo Bailaque, "a fin de que disponga con carácter de urgente la comparecencia ante esa sede judicial de los imputados" con el objeto "de notificarlos de dicha renuncia y de que deberán designar una nueva defensa, pudiendo ser ésta particular o la Defensa Oficial".
Según información que difundió el periodista Hernán Funes (Telenoche, El Tres) ninguno de los profesionales involucrados reveló los motivos de su alejamiento, pese a que tras la indagatoria sólo uno de los procesados seguían alojado en un establecimiento del Servicio Penitenciario.
Quienes podrían seguir cerca del sindicalista de San Lorenzo son Gastón y Javier Rabadé. Ambos ensayaron en su nombre una defensa pública de Juárez, pero no estuvieron ni están hasta el momento constituidos en el trámite judicial. En caso de representarlo, deberán formalizarlo.
Nulidades a debatir en la Cámara de San Martín
En tanto, el expediente ya ingresó a la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, para tratar las apelaciones de las defensas y del fiscal Sebastián Bringas, que cuestionó las libertades otorgadas.
La Cámara debe entonces notificar a las partes para que expresen los agravios. Entre ellos, varios abogados van por la nulidad de todas las actuaciones. Martín Scocco, defensor de Hernán López, confirmó a El Tres que solicitó "la nulidad absoluta de todo lo actuado desde octubre de 2018 por vicio en la competencia del juez, así como se revoque lo decidido respecto de López por una notoria carencia de pruebas de su posible participación criminal".
El planteo surge porque la investigación se inició por un anónimo por tráfico de drogas desde el Puerto de Zárate. Cuando Adrián González Charvay desechó que haya evidencia de ello, instruyó por delitos económicos aún sin requerimiento fiscal. Ordenó allanamientos y la detención de 10 personas, las indagó, resolvió y después se declaró incompetente. Todos los hechos se dieron en el Cordón Industrial, competencia de la Justicia de Rosario.
Por su parte, Carlos Edwards, defensor del abogado Ramón Jorge Jerez, mantiene además del planteo de nulidad un pedido para que el expediente sea remitido a Rosario previo a que resuelva la Cámara Federal de San Martín. "Está prorrogando tácitamente la competencia territorial, porque si él juez de Campana no lo es, San Martín tampoco", enfatizó.
Como González Charvay abrió aparte un incidente de nulidad, interpuso también una reposición, donde señala que es parte de los agravios sobre el procesamiento y que lo debe tratar la Cámara que intervenga.
Los letrados sostienen además vigentes una serie de planteos en nombre de empresas para desbloquear cuentas "para pagar sueldos y continuar con la operatoria comercial".
Herme Juárez y Oscar Juárez se encuentran procesados con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad. A ambos les trabaron embargos por 500 millones de pesos.
Asimismo, Daniel Badía, Hernán Mario López, Damián Bunello, Ramón Jorge Jerez y Pablo Bunello están procesados por asociación ilícita -en carácter de miembro-, administración fraudulenta y coacción agravada. Todos fueron detenidos inicialmente pero ya se encuentran en libertad.
En el caso de López, recibió además un falta de mérito por lavado, delito por el que fue indagado.
En tanto, Débora Paola y Mariana Lorena Juárez están procesadas por el delito de lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad. Nunca estuvieron detenidas sino que fueron citadas directamente a Campana por González Charvay.
Con falta de mérito tras las indagatorias quedaron Iván Daniel Juárez, Rubén Ramón Teves, José Luis Gómez, Ana María Cañete, María Jimena Juárez y Exequiel Alejandro Aste.
En otro orden, las cooperativas de San Lorenzo y Puerto San Martín y la Mutual 21 de Diciembre permanecen bajo la administración del interventor Juan José Schaer. Por último, la Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante.