Esteban Lindor Alvarado, condenado recientemente a prisión perpetua por la Justicia provincial, ahora enfrenta un pedido de 20 años de cárcel de la Justicia federal. La solicitud la hizo el fiscal federal Fernando Arrigo este lunes durante su alegato de clausura en el juicio por narcotráfico, donde se lo acusa a “El Esteban” por un cargamento de 493 kilos de marihuana que fue secuestrado en noviembre de 2017 en General Roca, Río Negro.
“El pedido estuvo fundado en la mecánica de la instauración de toda la organización que intervino para el traslado de la droga, con el uso de personas físicas y jurídicas y de testaferros”, dijo Arrigo luego de alegar en los tribunales federales.
El fiscal añadió que también tuvo en cuenta para el pedido de la pena “el nivel de violencia que manejaba la organización” criminal liderada por Alvarado, de lo que dieron cuenta “los testigos del juicio”.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió al Tribunal, presidido por el juez Ricardo Vázquez e integrado por Otmar Palucci y Eugenio Rodríguez, que se desarchive una causa en la que se investigó a funcionarios policiales por presunto encubrimiento de la banda de Alvarado. Se presume que es un desprendimiento de una investigación de 2013 contra agentes de la División Judicial de la Unidad Regional II que, casualmente, era la que allanaba e investigaba a Los Monos, la organización rival en la venta de droga.
También solicitó que se investigue a otras personas que fueron mencionadas en las escuchas que se reprodujeron en el debate oral.
En este juicio, iniciado en febrero pasado, Alvarado está acusado de ser el organizador del transporte de 493 kilos de marihuana a la provincia de Río Negro.
El cargamento con droga fue secuestrado por la policía de esa provincia el 24 de noviembre de 2017 en un camión Scania con un semirremolque, en el que viajaban dos hermanos identificados como Jesús José y Marcos Esteban Rodríguez.
Según la investigación, el transporte de carga era precedido por un Chevrolet Vectra que operaba como “puntero” (para advertir posibles controles policiales), que era conducido por un hombre llamado José Luis Di Marco y en el que también viajaba Ricardo Ariel Ianni.
Con distintas penas, los cuatro fueron condenados en mayo de 2019 a prisión por el Tribunal Oral Federal de la localidad rionegrina de General Roca, aunque el juicio no avanzó sobre el organizador del transporte de la droga.
A partir de una investigación de la Justicia ordinaria santafesina a Alvarado por un homicidio, iniciada a fines de 2018, se determinó que el camión que transportaba la droga era propiedad de Toia SRL, sigla de los nombres de Nadia Toledo y Ricardo Ianni.
Ianni, que iba en el auto que hacía de puntero, apareció además entre las visitas que Alvarado recibía en la cárcel –entre 2012 y 2018- mientras cumplía una condena por robo de autos.
Toledo, a su vez, fue condenada en un juicio abreviado por lavado de activos y como miembro de una asociación ilícita liderada por Alvarado.
Para el fiscal Arrigo, no quedan dudas de acuerdo a la prueba producida durante el debate de que el envío de drogas al sur “fue coordinado por él en la dirección empresarial, cuando estaba en la cárcel (cumpliendo condena por robo automotor) y seguía cometiendo ilícitos”.
El fiscal agregó que para cometer esos delitos Alvarado montó una red de sociedades para estar “siempre atrás de las empresas” y enmascarar su participación, aunque, remarcó, “era el único que tenía capacidad de dirección” de la empresa criminal.
Arrigo también destacó que durante el juicio se puso en evidencia “la complicidad de un sector de la policía” con Alvarado, que le tarifaba ese presunto encubrimiento.
“En una escucha aparece un policía diciéndole cómo evitar los controles de Gendarmería”, contó el fiscal, y agregó que en otras llamadas se aprecia “el canje o sustitución de gente que vendía drogas en los búnkeres por menores, que no eran imputables”.
La policía “también le cobraba por los homicidios”, contó Arrigo, para explicar que una testigo contó que Alvarado “estaba enojado con un sicario” al que mandó a matar a una persona de tres tiros “pero le disparó 30”.
Según el fiscal, “la policía le pedía más plata por la violencia” empleada en ese crimen.
Tras el alegato de la Fiscalía, el Tribunal estableció que este martes se realice el de la querella, a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que además denunció a Alvarado por lavado de activos, en una causa en la que ya fue indagada su ex esposa Rosa Natalí Capuano.
“El Esteban”, como lo conocen en el mundo del hampa santafesino, fue condenado el viernes pasado a prisión perpetua por la Justicia santafesina en un juicio en el que fue encontrado responsable de instigar el crimen del prestamista Lucio Maldonado, balaceras a edificios judiciales, amenazas a una funcionaria y cinco casos de lavado de activos.
Fuente: Télam