La Justicia federal pidió elevar a juicio a Matías José Ángel Matarochi, un empresario acusado de lavado cuyo domicilio de la localidad de Álvarez fue baleado dos veces en junio del año pasado, semanas después de haber sido excarcelado. En la causa –donde hubo más de 40 allanamientos en Santa Fe y Salta– también están involucradas otras siete personas por el mismo delito y por asociación ilícita.
La solicitud fue realizada por la titular de la Fiscalía Federal N°3 de Rosario, Adriana Saccone, la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia, el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay Molina y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Carmen Chena.
En el requerimiento, los representantes del Ministerio Público Fiscal dieron por probada la existencia de una organización criminal que –"con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional"– operó con habitualidad y tuvo entre sus destinos la comisión continuada de hechos de lavado de activos. Asimismo, indicaron que se pudo corroborar que la organización se cimentó sobre la base de vínculos familiares y de confianza detentados por los principales investigados.
Por ese motivo, el MPF acusó a Norberto Carlos Derminio, Juan Norberto Derminio, Matias José Ángel Matarochi, Micaela Belén Barbieri, Diego Antonio Ramón Noguera, Débora Gisel González, Lourdes Derminio y María Cecilia Rodríguez por los delitos de "lavado de activos y asociación ilícita en distintos grados de participación".
Por otra parte, la fiscal Saccone junto a los fiscales coadyuvantes Tiscornia y Argibay Molina y la titular de la DGRABD entendieron que no podían requerir la elevación a juicio sobre otros imputados en la causa por que su procesamiento no se encuentra firme. Asimismo, se destacó que Juan Carlos Derminio falleció durante el transcurso de la investigación –con anterioridad a poder ser llamado a indagatoria–, mientras que Erich Genis se encuentra prófugo.
La causa
Según publicó el sitio web Fiscales, la investigación llevada adelante por Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzó tras las sospechas por gastos excesivos de un “supuesto empresario”. La pesquisa llevó dos años y derivó en varios allanamientos en la provincia de Salta y distintas localidades de la provincia de Santa Fe donde se incautaron más de 2 millones de dólares y casi 5,5 millones de pesos. Además, se secuestraron gran cantidad de vehículos –varios de ellos de alta gama– y documentación de interés.
A través de la investigación realizada, los representantes del MPF le atribuyeron a los acusados 146 operaciones relacionadas con el lavado de activos, de las cuales 94 corresponden a compra y venta de automotores, 4 se vinculan a embarcaciones y 33 a bienes inmuebles. Además, en el requerimiento de elevación a juicio pusieron el foco en maniobras de conversión de moneda extranjera y en un crédito con garantía hipotecaria por cien mil dólares.
Para concretar las maniobras, los acusados no solo habrían recurrido a la interposición de personas, sino que desplegaron también una actividad comercial “supuestamente lícita” para que fuera posible confundir el patrimonio y encubrir los activos de origen ilegal. De acuerdo a las tareas investigativas, se advirtió que se habrían realizado diversas acciones tendientes a impedir que el organismo fiscalizador descubriera su verdadera realidad económica y, en muchos casos, las adquisiciones se habrían efectuado por valores inferiores a los de mercado.
En el requerimiento de elevación a juicio se indicó que estas conductas habrían permitido insertar en el mercado legal fondos de origen espurio provenientes de un conjunto de actividades delictivas vinculadas al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, al contrabando de mercaderías, a defraudaciones, a infracciones a la ley de marcas, entre otros ilícitos, con el objetivo de que los bienes adquieran apariencia de un origen lícito.
Los representantes del MPF precisaron que las operaciones cuestionadas se habrían llevado a cabo al menos desde 2014 y consistieron, principalmente, en la adquisición y administración de bienes muebles e inmuebles en el país y en el extranjero que fueron inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios acusados, de otros imputados o de terceras personas. También, se estableció que los acusados realizaron operaciones de conversión de moneda extranjera y puesta en circulación del dinero ilícito a través de la construcción de inmuebles y de un esquema de préstamos dinerarios garantizados –en algunos casos– con gravámenes reales.
En la investigación, se señaló que los distintos miembros de la organización hacían uso y goce de los activos ilegales, pero se probó que esto se hacía siempre bajo el control de las líneas jerárquicas. Dentro de la causa, se ordenaron a pedido de la fiscalía diversas medidas cautelares, entre ellas, el secuestro y embargo de rodados, embarcaciones e inmuebles.
Por último, los integrantes del MPF indicaron que las personas señaladas actuaron "sobre la base de una decisión común y de manera conjunta, conformando una verdadera estructura criminal que, con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, operó con habitualidad y tuvo entre sus destinos la comisión continuada de hechos ilícitos de lavado de activos y perseguía, además, la comisión de otros delitos, tales como, el contrabando y/o su encubrimiento, amenazas, defraudaciones, entre otros, constituyendo una genuina asociación ilícita".