La Fiscalía Federal de Rosario que investiga a Esteban Lindor Alvarado pidió este lunes la elevación a juicio del "Esteban" por una causa por narcotráfico que data de 2017. En esa investigación, el presunto jefe narco está sospechado de haber organizado el transporte de casi 500 kilos de marihuana a General Roca, Río Negro. El delito por el que está acusado –transporte de estupefacientes– prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Esteban Alvarado se encuentra procesado con prisión preventiva en la causa por el juez federal Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario. Por ese mismo expediente fueron detenidos y condenados cuatro rosarinos que tienen estrecha vinculación con el presunto jefe narco y que fueron defendidos por el mismo abogado que Alvarado, Claudio Tavella, actualmente detenido e imputado como presunto miembro de la asociación ilícita.

De acuerdo a la investigación, el 24 de noviembre de 2017 un camión transportaba 493 kilos de marihuana y fue interceptado en General Roca. El vehículo pertenece a la firma Toia, vinculada a Alvarado; y la propiedad del acoplado resultó ser de un trabajador registrado en la firma Logística Santino, que está a nombre de Rosa Capuano, pareja de Alvarado.

Para los fiscales Javier Arzubi Calvo, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 de Rosario, y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Alvarado fue el organizador de la empresa criminal que, entre otras actividades, llevó a cabo el transporte del cargamento que se encontraba en la parte inferior del semirremolque marca Randon, dominio AUC-366, mientras eran trasladados por Jesús José Rodríguez, Marcos Esteban Rodríguez, José Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni al momento de ser detenidos por un operativo policial, desplegado tras la comunicación telefónica realizada por personal de Senasa al Cuerpo de Seguridad Vial de la ciudad de General Roca de la Policía de Río Negro.

La causa tuvo su inicio en una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF), en la cual se indicaba la posible comisión del delito de lavado de activos tipificado por parte de Luis Medina –asesinado en diciembre de 2013– Alvarado y personas de su entorno como Rosa Natalí Capuano, Logística Santino SRL, Jorge Benegas, Gustavo Fernando Ramos y Lucio Maldonado, entre otros. La producción de medidas de prueba permitió detectar una gran cantidad de bienes y empresas en las que participan las personas allegadas al entorno familiar y de amistades de Alvarado, junto con un mapa del entramado societario desarrollado por aquel.

Según publicó el sitio web Fiscales.gob.ar, en abril de 2018 se recibió una denuncia de identidad reservada en la Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario, que daba cuenta de que Alvarado podría ser el organizador del transporte de 500 kilos de  marihuana, finalmente secuestrados. El denunciante manifestó que una persona llamada Ariel –apodada “Gordito Ariel” y/o “Rengo”, quien se identificó posteriormente como Ianni– habría sido una de las personas encargadas del transporte.

Ante esas circunstancias se solicito información a la justicia federal de Rio Negro y pudo determinarse que allí existía una causa penal en la que fueron condenados las personas que resultaron detenidas. El cargamento estaba siendo transportando por un camión perteneciente a la firma Toia SRL y el titular del acoplado donde se encontró el material estupefaciente resultó ser un empleado de la empresa Logística Santino, que con el devenir de la investigación se logró acreditar que respondían a Alvarado. También se realizó un estudio  de la prueba documental incautada por el Ministerio Público de la Acusación a partir de la imputación formulada a Alvarado por el homicidio de Lucio Maldonado.

La acusación
 

“Las vinculaciones halladas hacen suponer que el nombrado no solo tenía efectivo conocimiento de la sustancia allí transportada, sino que además fue el organizador de dicha maniobra, como una más de aquellas que llevaba a cabo la empresa criminal que tal como se desarrollará, él organizaba”, sostuvieron Iglesias y Arzubi Calvo en su dictamen.

Los fiscales encargados de la investigación desarrollaron también las vinculaciones que se obtuvieron y permitieron llegar a Alvarado. En ese sentido, se determinó  que si bien en la causa que tramitó en la justicia federal rionegrina fueron condenadas las cuatros personas  señaladas –como coautores del delito de tráfico de estupefacientes, específicamente en la modalidad de transporte– había indicios de que también existiría una persona que organizó ese transporte: por la forma en que estaba oculto el material estupefaciente en el camión –parte de los panes distribuidos en la parte inferior del semirremolque, en una baulera metálica dentro de ese semirremolque y por último dentro de la cabina del camión–; y porque ese camión contaba con el acompañamiento de otro vehículo que oficiaba como campana o punta, lo que da cuenta de una logística y organización que no era realizada por las personas detenidas.

La participación de Alvarado pudo empezar a esclarecerse a partir de la denuncia realizada en Rosario en 2018. A partir de allí, también se detectó que Ianni y Di Marco visitaron asiduamente al presunto líder en la Unidad Penitenciaria de Urdampilleta, como así también que las firmas Toia SRL y Logística Santino SRL –vinculadas directamente al camión y semi remolque en que se llevaba la marihuana– eran dirigidas de hecho por él. Finalmente, se contempló que todos fueron defendidos por el mismo abogado, Claudio Tavella, quien fuera luego detenido e imputado “por formar parte de la asociación ilícita endilgada a Alvarado”, sostuvieron los fiscales.