Indagaron a la pareja del líder de la banda narcocriminal de Los Monos y a otra imputada por maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Las mujeres están acusadas de blanquear dinero de la organización narcocriminal rosarina con la compra de propiedades a través de testaferros. Los fiscales federales de Rosario coordinaron la investigación con el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
En una causa llevada adelante por el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Federico Reynares Solari, junto con la Delegación Regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar NEA), la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) y los fiscales coadyuvantes Santiago Alberdi, Franco Benetti y Matías Mené, se imputó a Vanesa Barrios, pareja de Ariel Máximo “Guille” Cantero –líder de la banda narcocriminal de Los Monos–, y a Mariana Ortigala, sospechada de estar vinculada a esa organización, por su presunta participación en tres maniobras de lavado.
Según la imputación, “Guille” Cantero –quien acumula condenas en distintas causas del fuero federal por narcotráfico, y en el provincial por asociación ilícita, balaceras, homicidios, extorsiones y secuestro extorsivo–, aportó el dinero para que Barrios y su hija Paula Estefanía Bay –quien en otra etapa también será imputada al igual que su padre– adquieran tres inmuebles a nombre de testaferros.
Eslabón trascendental
Según la fiscalía, el rol de Ortigala –presa desde 2023 por una cadena de extorsiones y por haber subalquilado una vivienda a un vendedor de drogas relacionados a Los Monos–, fue trascendental y permitió la concreción de las maniobras. Asimismo, también se refuerza la hipótesis en relación con que la mujer facilitó distintos inmuebles a personas involucradas con el narcotráfico.
Esos domicilios objeto de las maniobras fueron allanados la semana pasada en procedimientos en conjunto realizados en las ciudades de Rosario, Funes y Roldán, a fin de incautar evidencia vinculada con la adquisición de propiedades en el marco de maniobras de lavado de activos relacionadas con fondos provenientes del narcotráfico.
Asimismo, los fiscales pusieron la lupa en las intermediaciones de las operaciones inmobiliarias. Las causas investigadas contaron con un trabajo coordinado entre los fiscales federales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, lo cual permitió un intercambio de información y buenos resultados investigativos.
Según la imputación que formalizaron los fiscales y avaló el juez Carlos Vera Barros, el encuadre legal de los delitos que le atribuyeron a Barrios es el de dos hechos de lavado de activos, agravados por la habitualidad, en concurso real y en carácter de coautora; mientras que a Ortigala quedó imputada por tres hechos de lavado de activos en concurso agravado, por habitualidad real y en carácter de coautora, y dos hechos de facilitación para la comercialización de estupefacientes.
Alquiler temporario bajo la lupa
Además, se allanaron diversos domicilios en búsqueda de elementos que permitan profundizar la relación entre los alquileres temporarios y el comercio de estupefacientes. Esta última línea de investigación está en curso y se desarrolla bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), en vigencia en Rosario desde mayo de este año, que otorga mayores herramientas a los fiscales para la el avance de las causas.
Según la fiscalía, con estas investigaciones se busca profundizar en el aspecto económico de las organizaciones dedicadas al comercio de estupefacientes e identificar sus mecanismos financieros y de adquisición de bienes para el ocultamiento y blanqueo de activos. Así se busca evitar que estas bandas criminales puedan enriquecerse y disponer de las ganancias ilícitas que obtienen de su actividad. Para tal cometido, el MPF resaltó que quienes articulan el ingreso de activos provenientes del delito al mercado formal son eslabones fundamentales e insustituibles.