La Fiscalía Federal Nº 2 comunicó este viernes al juez federal Carlos Vera Barros el requerimiento de elevación a juicio de una causa que se le sigue a la corredora inmobiliaria Mariana Ortigala, quien subalquiló un departamento a un presunto integrante de una banda dedicada a la venta de drogas. A la par, también pidieron llevar a juicio a Alan Gabriel Coronel, el morador del domicilio en cuestión, ubicado en Francia al 800.
El expediente federal es uno de los frentes abiertos de Ortigala, una mujer que cobró notoriedad por haber sido una de las principales testigos en el juicio contra el capo mafia Esteban Alvarado, proceso que culminó en prisión perpetua en junio de 2022, y luego fue confirmado en segunda instancia. El año pasado, sin embargo, quedó al descubierto formalmente la vinculación de Ortigala con la banda de los Monos, y fue imputada en la Justicia provincial por participar de extorsiones. A la par, los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca denunciaron la relación “impropia” de su par Matías Edery con la mujer, que oficiaba de informante. Edery terminó suspendido e imputado por "omisión de investigar en reiteradas oportunidades, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato".
El expediente federal que se le sigue a Ortigala y que los fiscales Matías Scilabra y Franco Benetti solicitaron llevar a juicio surgió con un allanamiento en agosto de 2021 en un inmueble de Francia al 855 por una causa de venta de drogas.
Según fuentes federales, quien alquilaba ese departamento era Ortigala, que al parecer se lo había subalquilado –sin autorización de la propietaria– a Alan Gabriel Coronel, un hombre investigado por narcomenudeo que ya contaba con antecedentes por narcotráfico, puesto que había sido condenado en la causa federal Los Patrones, que tuvo en el banquillo al cabecilla de los Monos Ariel “Guille” Cantero.
La dueña de la propiedad declaró que firmó un contrato de alquiler en agosto de 2019 e indicó expresamente que estaba prohibido subalquilar el inmueble y que Ortigala nunca le indicó que estaba siendo habitado o utilizado por Coronel. Ortigala, finalmente, rescindió el contrato.
“La maniobra de Ortigala no es aislada”, señalaron a Rosario3 fuentes judiciales. “Sabía a qué se dedicaba Coronel y por esa razón lo auxilió”, confiaron los investigadores.
El nombre de Ortigala ya había rozado otros dos expedientes por narcotráfico en su rol de operadora inmobiliaria. A la luz de los hechos, para los investigadores se trata de un accionar “metódico” e indicaron que “consigue inmuebles para personas ligadas al narcotráfico en pro de asegurarles anonimato”, indicaron los investigadores federales.
En febrero de 2017, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó un departamento de Montevideo al 3700 y un domicilio de Marcos Paz al 6100 en el marco de una redada contra el llamado clan Insaurralde que arrojó unos cien kilos de cocaína secuestrados. Por esos días, la propia Ortigala, que administraba esas propiedades, se presentó ante la Justicia para deslindar su responsabilidad y aseguró ser sólo una “intermediaria”.
Para fundamentar la aseveración, citaron los casos de dos departamentos de Montevideo al 3700 y Marcos Paz al 6100, que administraba Ortigala y fueron allanados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2017. Y otro de Castellanos al 900, en 2019, donde fueron secuestrados 8 kilos de cocaína, más de 2 millones de pesos y 110 mil dólares.
Más recientemente, en enero, investigadores detectaron que un departamento de Corrientes al 147, que pertenece al opaco universo de propiedades de Ortigala y estaba inhibido por orden de una jueza, era utilizado como guarida de un fugitivo de la banda del peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon.
Los fiscales también pidieron llevar a juicio a Coronel, otra vez por tráfico de drogas. A comienzos de mes, ocho integrantes de la banda que integraba acordaron penas en juicios abreviados, entre ellos, el veterano barra leproso Marcelo “Pipi” Arriola.