Una mujer que estuvo prófuga durante meses fue imputada por ser parte de una maniobra que consistió en vender una casa por Marketplace y luego mandar a usurparla por métodos violentos. En la causa ya se encuentra imputado un recluso, con el que la acusada supo mantener un vínculo sentimental. La sospechosa cayó detenida el sábado en la guardia del Hospital Roque Sáenz Peña, a donde llegó para dar a luz. Al brindar su identidad, la policía constató que tenía un pedido de captura. 

El fiscal Federico Rébola acusó a esta mujer, identificada como Daniela Carla Rubio (29), de haber participado en un plan criminal que consistió en ceder la posesión de un inmueble ubicado en Barra al 3300 mediante un boleto de compraventa que contenía datos falsos y a cambio de un millón y medio de pesos. Al término de la audiencia, La jueza Valeria Pedrana dictó prisión preventiva por el plazo de ley.

Según la denuncia realizada por la víctima en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en noviembre de 2022 compró una de las tres propiedades (supuestamente independientes entre sí) ubicadas al 3350 de calle Barra que estaba ofrecida en Marketplace, el sitio de compraventas de Facebook.

La misteriosa Carla

Para realizar la transacción, se encontró con una tal “Carla Ruíz” a quien le pagó 1.5 millón de pesos en dos cuotas. Primero fueron 1.3 millón que abonó el 12 de noviembre y 30 de diciembre pagó los 200 mil restantes.

“Me dijo que vendía la casa porque le quedaba grande a ella e iba a comprar una más chica”, dice la declaración. Una vez hecha la compra, extrañamente Carla Ruíz bloqueó su contacto en WhatsApp.

Carla Ruiz “era flaquita, rubia; me dijo que tenía 26 años, parecía de más. Tenía una hija, la vi a la nena, vino el día que hicimos la entrega de la plata porque yo le pagué en dos pagos. Supuestamente, ella vivía antes ahí. Pero su dirección actual nunca me dijo”, expuso la víctima, una mujer oriunda de Paraguay de escasos recursos económicos.

Un mes después, el 28 de enero, comenzó la pesadilla para la nueva moradora. La casa fue blanco de amenazas y una balacera.

“Yo me encontraba en mi casa con toda mi familia, estaba mi hermano, estábamos cenando en la vereda, pasó una moto, había dos pibitos y tiraron. Fue el mismo día que me dejaron una nota, que fue en la madrugada, y a la noche nos balearon”, expuso la víctima.

Para el 14 de febrero, ya con la casa desocupada por temor, la víctima observó que el frente del domicilio se encontraba pintado de otro color, y además le habían cambiado la cerradura. Tres días después hubo un intento de restitución de la vivienda. Pero el 18 de febrero, recibió una llamada en número privado. Una voz le dijo que la casa no le pertenecía más y la amenazó. Así, tuvo que irse nuevamente.

La causa fue delegada a personal de la Brigada de Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que con tareas de campo, escuchas telefónicas y entrevistas concluyó que Carla Ruiz no era el nombre verdadero de la supuesta vendedora.

Además, el impacto de las antenas telefónicas y las escuchas arrojaron que "Carla Ruiz" era interlocutora de un recluso de la cárcel de Piñero, luego identificado como Ismael Edgardo González (39), actualmente purgando condena por homicidio. En julio de 2013, González recibió una pena de 23 años de cárcel por varios delitos, entre ellos el crimen de Arturo Beltrán Correa durante un asalto ocurrido en 2010 en barrio Tío Rolo. La pena se unificó con una anterior que estaba cumpliendo al momento del asesinato.

Carla Ruiz, luego determinó la investigación, no era otra que Daniela Carla Rubio, quien ahora quedó detenida por los delitos de amenazas con el fin de compeler a la víctima a que abandone su residencia habitual, agravada por la utilización de arma de fuego y en concurso real con usurpación, todos en concurso ideal con el delito de estafa.

Rubio llegó de urgencia el sábado al Roque Sáenz Peña con un embarazo avanzado. La habían buscado en allanamientos librados en junio. En la guardia, los policías constataron el pedido de captura solicitado por el fiscal Rébola.

Desde la defensa de la imputada propusieron que quedara alojada en prisión domiciliaria por una cuestión obvia: la mujer es madre de un bebé de cuatro días y de cuatro años, circunstancias que están contempladas en convenciones internacionales en las que se explicitan principios sobre el interés superior del niño. Además, citaron la ausencia de antecedentes y escuchas con la pareja –parte de la evidencia de la Fiscalía–, donde el recluso amenaza con matarla a ella y al hijo. Sin embargo, los argumentos no convencieron a la jueza Pedrana, que ordenó que Rubio sea alojada en el penal de Mujeres (Subunidad Nº 2 del Complejo Penitenciario de Rosario).

La casa de Barra 3350, según constataron los investigadores, se encuentra deshabitada. La víctima manifestó que, por temor, "no desea volver a vivir a su casa y que tampoco desea ir a poner un candado".