Un transero de Carcarañá y dos de sus laderos quedaron detenidos en prisión preventiva por ser considerados partícipes necesarios del asesinato de Gonzalo Cucit, el hombre oriundo de Correa que fue ejecutado en Luis Palacios el martes 30 de julio. La investigación del fiscal Aquiles Balbis está sustentada en testimonios, peritajes de celulares y filmaciones, y develó un posible móvil: Cucit tenía problemas de consumo de drogas y se había endeudado, por lo que decidió vender su Ford Fiesta. La transacción resultó ser una trampa mortal.
Balbis llevó a audiencia imputativa a Ramón Alberto Rojas (57), domiciliado en las cabañas del Parque Sarmiento de Carcarañá y sindicado como vendedor de drogas; al bonaerense Ivan Castillo (34) y a Claudio Martin, alias Mono o BJ (44), un dealer que operaba en Correa para Rojas y era el contacto de la víctima para comprar drogas.
Los tres fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de San Lorenzo en los días posteriores al crimen, a medida que los detectives fueron desandando el camino de Cucit, cuyo teléfono y vehículo, un Ford Fiesta, a la fecha siguen sin aparecer.
Para ello fueron esenciales las cámaras de Carcarañá que sobre la Ruta 9 captaron el paso del Ford Fiesta de la víctima y su encuentro con la Ford Ecosport de Rojas, quien era el interesado en comprar el auto: “Ofreció más plata que las agencias de autos”, señaló un testigo reservado. Rojas iba en compañía de su ladero Castillo, dijo el fiscal. El impacto de las líneas telefónicas de ambos coincide con el recorrido de la víctima hasta Luis Palacios, dice la investigación.
Ese martes Cucit se retiró de su casa en Correa a las 19.20 para encontrarse con Rojas y concretar la venta del vehículo. Una transacción que había sido acordada, ya que antes, el 18 de julio, Cucit le había entregado los papeles del Fiesta.
Cucit tomó la Ruta 9 y condujo hasta la intersección con la Ruta S26, donde se encontraba Rojas. Tras algunos minutos, la Eco se retiró por Ruta 9 seguida por el Fiesta. Ambos vehículos se desplazaron por esa ruta hasta Roldán e ingresaron a una estación de servicios Ruta y Urquiza.
A las 20, luego de una breve charla entre Rojas y Cucit, se retiraron por Catamarca (Ruta 9) hasta la intersección con Ruta A012. Luego tomaron la 34, con destino a Luis Palacios.
Frente a la entrada de la estancia Santa Eulogia, los ejecutores del crimen –no identificados– despojaron a Cucit del Fiesta y de su celular y lo mataron de cinco tiros. Lugareños escucharon las detonaciones entre las 20.30 y las 21. A las 22, reportaron el hallazgo del cuerpo.
“El único inconveniente de Gonzalo era su problema de consumo”, señala una declaración. La víctima, pese a ganarse la vida trabajando en la cosecha, llegó a gastar 200 mil pesos por semana en cocaína, adicción que lo obligó a vender pertenencias y, en última instancia, su vehículo.
Su dealer en Correa era Claudio Martin, un transa que movía droga para Rojas, señala la investigación. Martin fue partícipe del homicidio porque puso en contacto a Cucit con Rojas para simular la compra del Fiesta, indicaron. En su casa había un cuaderno con anotaciones que confirmó que Cucit estaba endeudado con él. Pero además una cámara captó que Rojas estuvo en su casa antes y después del crimen. Ello sin contar que un chat con su novia reveló que sabía quién era la persona asesinada en Luis Palacios mientras el cuerpo era NN, señaló la Fiscalía.
En la denuncia de paradero que hicieron los familiares de Cucit el 31 de julio en la comisaría de Correa, Rojas ya estaba mencionado, un dato que fue determinante para encaminar la pesquisa.
En el caso de Castillo, señalado como un errante cuyo último domicilio fue en Cosquín, un elemento lo comprometió seriamente. En su celular, que fue incautado en la cabaña de Rojas, los investigadores encontraron la tarjeta de memoria del celular de la víctima. El dispositivo había sido formateado, pero un análisis digital forense recuperó fotos que había tomado Cucit, donde se lo podía ver tocando la batería o con sus mascotas.
El caudal de evidencias que comprometió a los sospechosos bastó para que el juez Carlos Gazza disponga la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para todos los imputados, tal como lo solicitó la Fiscalía, por homicidio criminis causa.