Mientras la Comisión Bicameral de Acuerdos abrió este miércoles un proceso por presunto mal desempeño para dos fiscales, uno de ellos el jefe de Homicidios de Rosario por la domiciliaria otorgada a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación concluyó un informe preliminar que se inició con aquél caso y puso especialmente bajo la lupa la situación que atravesó el jefe policial involucrado en la muerte de Juan Cruz Vitali, entre otras nueve morigeraciones.
El disparador fue efectivamente el "caso testigo" de Sanvodal, que murió en un ataque en la casona de La Florida en la que estaba con tobillera electrónica esperando el juicio por un triple intento de homicidio. Sólo aquélla muerte resonante en una propiedad alquilada por un tercero que pertenece a un juez hizo analizar una decisión que se había dado varios meses antes.
Adrián Spelta, el fiscal que inicialmente acordó la morigeración con el defensor Fausto Yrure, tuvo su actuación refrendada por dos jueces -ahora investigados por la Corte- y un fuerte respaldo de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, que recordó a la Legislatura que una resolución judicial previa cuestiona la constitucionalidad de su actuación para evaluar el desempeño y que "constituye un claro avasallamiento a la autonomía del Ministerio Público y a la independencia que se espera del órgano encargado de la persecución de delitos, el fiscal".
No obstante, y con un fuerte énfasis en el control interno que pretende el propio MPA, María Cecilia Vranicich, a cargo de la Auditoría, solicitó a todos los fiscales información sobre imputados o condenados en la misma situación. Y de las respuestas de todos los fiscales surgió un informe preliminar que pone el foco en al menos 10 casos en los que podrían haber sido otorgadas "por fuera del marco legal aplicable".
En concreto, todos se dan sobre medidas cautelares (detenidos sin condena). De un total inicial de 145, ya analizaron 36 domiciliarias. De ellas, el 18% (26) fueron otorgadas dentro del marco legal aplicable, el 7% (10) por fuera. Por el 75% (109) hay "información pendiente de corroboración". Es decir, el número para evaluar el desempeño de los fiscales podría ampliarse.
El informe señala además, entre sus conclusiones, que "en cuanto al control de cumplimiento de la detención domiciliaria como medida cautelar se observó dispersión en los mecanismos de supervisión". Sostiene que "la responsabilidad funcional del control de las mismas es difusa".
El caso Di Franco
El comisario Sergio Di Franco era jefe de la Agrupación Cuerpos de la Policía de San Lorenzo cuando en mayo de 2019, tras una persecución, fue acusado como autor material del crimen de Juan Cruz Vitali, un joven de 23 años que se había fugado de un control y fue seguido hasta la casa de familiares en Capitán Bermúdez, donde se produjo el desenlace por un balazo en la cabeza.
A la Auditoría le llamó la atención, entre otras cosas, que a la audiencia imputativa contra Di Franco fueron tres fiscales. El primer encuadre fue una imputación por los delitos de "homicidio agravado por ser miembro de la fuerza de seguridad y calificado por el uso de arma de fuego en carácter de autor", con una pena en expectativa de prisión perpetua. En la continuidad, de esos tres fiscales sólo quedó Melisa Serena, quien acordó la domiciliaria con el abogado defensor Paul Krupnik. En la auditoría lo leen como un cambio en la actitud acusatoria a revisar.
La decisión entre la fiscal y el abogado del policía fue por una domiciliaria por 90 días en agosto del año pasado. Surgió a partir de una pericia balística que favorecía la versión de Di Franco, quien siempre afirmó que el disparo fue accidental. Antes de la medida, la familia de la víctima fue informada y -al menos formalmente- no se opuso. No obstante, para formalizarlo no hubo audiencia pública. Fue a través de un escrito ante la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de San Lorenzo para suspender una audiencia prevista.
Concluidos aquéllos 90 días, la Fiscalía no insistió con una cautelar y Di Franco quedó en libertad. El proceso permanece abierto por estos días, sin fecha de juicio.
Por el caso, Vranicich ya solicitó "copia del legajo fiscal, de la Carpeta Judicial y de los registros de audio y video de las audiencias celebradas". El informe indica que "la medida cautelar fue informada oportunamente por la fiscal actuante; no obstante ello, será invitada a ampliar de manera voluntaria dicho informe a los fines de efectuar aportes aclaratorios o con datos relevantes de utilidad para evaluar el marco de razonabilidad y legalidad del desempeño".