La investigación por juego clandestino que lleva adelante la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario le costó el puesto a otro funcionario: el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.
Se trata del abogado José Fernández Chemes, cuya casa y oficina fueron allanadas a finales del año pasado, medidas que se profundizaron la semana pasada y concluyeron con el cese de sus funciones este miércoles, según confirmaron a Telenoche (El Tres) desde el propio municipio villagalvense.
Fernández Chemes era parte de la administración del Alberto Ricci (FPCyS) en la ciudad vecina a Rosario, pero quedó bajo la lupa de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery a partir de sus vínculos con el empresario del juego Leonardo Peiti.
Entre otras cosas, el Organismo de Investigaciones (OI) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanaron su oficina en un estudio de Corrientes y Córdoba, en el que se había desempeñado al menos hasta asumir su cargo ejecutivo.
Los voceros consultados confirmaron que la medida judicial sólo abarcó a su oficina y no al resto de las operaciones ni a los profesionales que allí se desempeñan.
Uno de los elementos que sorprendieron a los investigadores son lingotes de oro que estaban en una caja en esa oficina que utilizó el implicado; esperaban por estas horas la documentación que respaldara la compra.
La pareja de Fernández Chemes, contadora, también fue allanada. La situación de ambos ante la Justicia está por definirse, aunque las fuentes consultadas no descartaron que sean citados a audiencia imputativa.
El abogado se suma a Darío Scataglini, ex asesor del diputado Ricardo Olivera (PJ) en la Cámara de Diputados, y a los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, entre otros, todos funcionarios que fueron desplazados o renunciaron a sus cargos tras quedar involucrados en la causa.
Discusión postergada
La audiencia por la prisión preventiva de Patricio Serjal se volvió a postergar este miércoles al menos hasta el 1 de marzo, cuando las partes esperan contar con el informe de la Junta Médica que examinó al ex jefe de los fiscales de Rosario, preso desde agosto pasado.