Un fiscal federal de Rosario realizó este martes un planteo para solicitar la causa provincial por la que detuvieron a cuatro gendarmes la semana pasada por allanamiento ilegal, robo, lesiones y extorsión. Los agentes quedaron presos tras ser imputados el sábado pasado por el fiscal de Flagrancia Gastón Ávila.
Claudio Kishimoto, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, solicitó al juez Carlos Vera Barros, del Juzgado Federal Nº 3, que habilite la feria judicial extraordinaria para investigar a los cuatro gendarmes que cumplían tareas en el Destacamento Móvil 2 de la ciudad, que también fue allanado la semana pasada por la causa provincial.
El funcionario judicial consideró que los delitos "resultan competencia del fuero federal, ya que las posibles maniobras delictivas habrían sido cometidas por funcionarios de esa fuerza de seguridad nacional, en ejercicio de sus funciones y utilizando ese carácter para tal fin, afectando y comprometiendo el interés y la seguridad de la Nación".
El alférez Roberto Nicolás Florentín, el cabo Juan Ramón Galván, el cabo primero Armando Daniel Moreira y el sargento primero Néstor Manuel Cabrera fueron detenidos por la División Judiciales de la Unidad Regional II el miércoles de la semana pasada en Lola Mora y Grandoli. Según la acusación del fiscal de Flagrancia Gastón Ávila, allanaron sin orden judicial a un hombre que vive en Presidente Quintana al 100.
En la vivienda a la que ingresaron sin autorización judicial, de acuerdo a la teoría del fiscal Ávila, los gendarmes robaron siete mil pesos, golpearon al dueño de la casa, le exigieron armas y droga. Además, lo obligaron a subir a una camioneta –sería un móvil oficial de la fuerza federal– y le exigieron el pago de 200 mil pesos para no llevarlo detenido. Le pusieron como plazo la entrega de la plata hasta el miércoles a las 21.
Los gendarmes, con el denunciante abordo del móvil oficial, recorrieron las calles Presidente Quintana, Berutti, Uriburu, Grandoli y Lola Mora. Lo liberaron en Lola Mora y Lorenzini.
De acuerdo a fuentes policiales, el denunciante vendía droga y los gendarmes lo extorsionaron con el fin de obtener dinero para "protegerlo".