Un fiscal de Venado Tuerto fue apartado de varios legajos por un accionar presuntamente irregular en el marco de una investigación en la que intervino por un importante robo de armas en una localidad cercana. El funcionario judicial figura en conversaciones telefónicas con una persona investigada por la Justicia federal por venta de estupefacientes que, aparentemente, le suministró datos para avanzar en su causa. La Legislatura santafesina deberá determinar si lo suspende, si lo remueve de su cargo o si el trámite queda en manos de la auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En una causa que tiene el fiscal federal Javier Arzubi Calvo se detectaron comunicaciones telefónicas entre David R., investigado por venta de drogas, con el fiscal adjunto de Venado Tuerto Mauro Blanco, según publicó este viernes el diario La Capital.
A partir de esas comunicaciones se hicieron seguimientos policiales al domicilio del supuesto dealer. En uno de esos operativos se observó la llegada de un hombre con características físicas similares a Mauro Blanco en un vehículo oficial del Ministerio Público de la Acusación. Posteriormente se allanó la vivienda de David R. y se secuestraron dos armas de fuego y plantas de marihuana, de acuerdo a la nota de La Capital.
El informe que fue elevado a la Legislatura sugiere que el fiscal Blanco habría usado información del supuesto dealer para avanzar en una causa por robo de armas. La fuente de esos datos que recibió el funcionario judicial, presumen los investigadores, no fue asentada en el expediente y luego se hizo un procedimiento sin orden de allanamiento de un juez, bajo la modalidad llamada "registro domiciliario voluntario".
El fiscal adjunto no fue apartado de sus funciones, pero sí de varios legajos. Actualmente se encuentra con licencia médica, según informó el fiscal regional de Venado Tuerto Alejandro Sinópoli a Rosario3.
"Está apartado de varios legajos hace varios días. Blanco intervino en esa causa de forma circunstancial, ya que el fiscal de esa causa estaba ausente. Esto ocurrió entre las fiestas del año pasado", agregó Sinópoli.
Lo que se intenta establecer es si Blanco cometió un delito al querer avanzar en la investigación de otro delito. En el informe elevado a la Legislatura por parte de la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, se destaca además que el dealer dio información falsa al fiscal falsa y además se encargó de avisarle a las personas que acababa de delatar.
El trámite en la Legislatura
El caso fue presentado este jueves en la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura. Doce legisladores deberán examinar el pedido de inhibición de la Auditoría del MPA que entiende que los hechos podrían ser más graves que una falta en el desempeño; en ese caso el trámite deberá quedar en manos de la auditora, ya que no implicaría una remoción.
El cuerpo integrado por los legisladores tiene 30 días hábiles para decidir si el caso sigue en la Legislatura o si lo gira a la Auditoría.