Otra histórica audiencia imputativa ocurrió este martes 11 de agosto en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El ex jefe de fiscales Patricio Serjal fue sentado en el banquillo, donde se lo acusó de haber recibido coimas para no investigar y entorpecer investigaciones a quien pagaba ese dinero, que es Leonardo Peiti, imputado como miembro de una banda dedicada a juego clandestino. La jueza Eleonora Verón dictó 90 días de prisión preventiva efectiva y ordenó que sea trasladado al Order, ubicado en 27 de Febrero al 7800. Será luego potestad del Servicio Penitenciario decidir la mejor condición de alojamiento del ex funcionario judicial.
La audiencia comenzó a las 14.42, cuando el fiscal Matías Edery le atribuyó a Serjal una serie de delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, peculado y transmisión de datos reservados. Corrupción en otras palabras. Como ya sucedió la semana pasada, los fiscales ventilaron una seguidilla de indicios por los que suponen que el ex fiscal regional vendió protección a un capitalista del juego ilegal –Peiti– a cambio de unos 4 mil dólares mensuales, que comenzaron a ser abonados desde diciembre de 2018, según la acusación.
Los fiscales Matías Edery, Gisela Paolicelli, Luis Schiappa Pietra y María Eugenia Iribarren dejaron en claro que en la investigación falta avanzar sobre "políticos y policías", como así también sobre la ruta del dinero que abonaban tanto Peiti como las organizaciones dedicadas al juego ilegal.
Edery reseñó que dentro de la investigación encontraron conversaciones donde se señala que por cada "garito" o casino clandestino se abonaban 10 mil pesos por mes "para comisarios" que debían repartirse con sus superiores –inspectores de zona–, otros diez mil pesos para un tal "Sarna", más otros 10 mil por gastos "de la (Policía) Federal y Fiscalía".
Acusación contra Serjal
De acuerdo a las alocuciones de los acusadores, Serjal era el "garante" de un acuerdo mantenido entre Peiti y el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien está preso desde el martes 4 de agosto. Ponce Asahad era el funcionario judicial que recibía en mano el dinero en efectivo, que a veces era abonado en dos partes al tipo de cambio del día.
Para ilustrar la protección que daba Serjal a Peiti a cambio de 4 o 5 mil dólares mensuales basta con repasar la acusación de Edery, basada en un hecho policial cuya víctima fue Peiti. Un edificio ubicado en Servando Bayo al 1000 fue baleado el 11 de julio del año pasado. En una de las paredes se dejó un mensaje en aerosol rojo que indicaba "Leo pagá". La fiscal de Flagrancia que actuó por estar de turno en ese ataque fue Ana Julia Milicic.
Milicic relató después de ese ataque a tiros fue citada por el fiscal Ponce Asahad al despacho de Serjal. Allí, le solicitaron que no avance la investigación para esclarecer la balacera. Según declaró la fiscal, le solicitaron que no tome medidas y reasigne la causa. En ese marco, Ponce Asahad le comentó que la víctima que tenía que llamar a declarar –Peiti–estaba de viaje, fuera de Rosario.
"Interpreté que querían que cajonee la causa", señaló Milicic en su declaración testimonial en la investigación contra Serjal.
Dos encuentros entre Peiti y Serjal
Ese hecho relatado por los fiscales en la audiencia se suma a la declaración hecha por Leonardo Peiti en la causa, cuando señaló que tras la balacera en Servando Bayo al 1000 le pidió al fiscal Ponce Asahad que "haga algo" para esclarecer el ataque para "hacer valer" el dinero que pagaba mensualmente. Acto seguido mantuvo una reunión en el bar Safyta de Dorrego y Mendoza con Serjal, el "jefe" que siempre invocaba tener Ponce Asahad. En ese café, el por entonces jefe de fiscales de Rosario le dijo a Peiti que no hiciera le denuncia "porque no estaban dadas las garantías".
De esta situación se desprenden algunas aristas. Dos fiscales, uno de ellos jefe, no solo tenían conocimiento de un delito –la balacera– y no lo investigaron, sino que hicieron maniobras para que no se esclarezca.
El segundo encuentro entre Peiti y Serjal que fue objeto de debate ocurrió en el hotel Etoile de Recoleta, Buenos Aires, el 14 de noviembre del año pasado. Esa reunión se encuentra acreditada según las evidencias ventiladas en la audiencia.
En esa segunda reunión, según Peiti, Serjal pidió un "aumento de la cuota", es decir de la coima que pagaba en concepto de protección o de filtración de datos reservados de investigaciones en curso en su contra.
Serjal estuvo en Buenos Aires el 13 y 14 de noviembre del año pasado, en días laborales. No pidió licencia, tomó un "viaje de joda" –según expresó el fiscal Schiappa Pietra– y pidió el reintegro de la plata gastada en nafta y peajes. Ese dinero se le devolvió con fondos del Ministerio Público de la Acusación. De allí surge la imputación por peculado.
Maniobras para proteger el juego clandestino y a Peiti
La situación que atravesó Milicic se repitió con al menos tres fiscales, una es Marianela Luna de Casilda, otra es Gabriela Lescano de Cañada de Gómez y el restante es Matías Merlo de Melincué.
Marianela Luna llevaba adelante una causa por juego clandestino en Casilda, cuando en marzo de 2018 decidió avanzar con allanamientos. Informó esos procedimientos a su superior Natalia Benvenuto –coordinadora de las unidades del interior de la Segunda Circunscripción– y ésta a Serjal, su jefe.
Cuando se realizaron los operativos de la Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Federal Argentina (PFA) el 13 de marzo de 2018 dieron todos negativos. Sospechó de filtración de información y decidió volver a allanar, pero esta vez informó a sus superiores cuando los allanamientos se estaban realizando. Casualmente, los procedimientos fueron exitosos, con una detención y material secuestrado.
La fiscal de Casilda añadió que después de esos allanamientos exitosos la llamó Patricio Serjal "por primera vez en tres años" para preguntarle por avances en esa causa de juego clandestino. Después de ese hecho, Serjal sacó una resolución donde "ordenaba" las causas por juego ilegal dentro de la unidad de delitos Económicos y Complejos de Rosario.
El otro fiscal que atravesó una situación similar fue el fiscal de Melincué Matías Merlo, quien tenía una investigación contra una banda dedicada a juego ilegal en 2018. Esa organización estaba integrada, entre otras personas, por Leonardo Peiti.
Merlo planificaba hacer allanamientos en Rosario por esa causa en diciembre de 2018. Los coordinó previamente con el ex jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Corbellini. En ese momento, el jefe de fiscales de Venado Tuerto Alejandro Sinopoli –superior de Merlo– recibió un llamado de Patricio Serjal, donde le indicaba que en Rosario había una investigación similar contra la misma organización y por el mismo delito. Le propuso Serjal a Sinopoli "intercambiar información" y facilitó una comunicación, casualmente, entre Gustavo Ponce Asahad y Matías Merlo.
Cuando se debían hacer los allanamientos en Rosario organizados por el fiscal Merlo, el jefe de fiscales de Venado Tuerto recibió una comunicación de parte del abogado Alberto Tortajada –asesor legal de Peiti– donde le hablaba de los procedimientos que aún no se habían ejecutado. Otra vez, información filtrada hacia las personas investigadas.
Para respaldar la mentira dicha a Sinopoli que se investigaba en Rosario la misma banda de juego clandestino, Ponce Asahad y su colaborador Nelson Ugolini abrieron una causa que solo contenía un informe policial del comisario de la PDI Víctor Martínez que técnicamente era de otra causa por juego clandestino.
Al policía Martínez se le secuestró el teléfono en esta causa. Su nombre también es investigado por haber mantenido una conversación con Peiti donde el policía le pide al capitalista de juego ilegal que le dé "al menos un (allanamiento) positivo", para demostrar que no había connivencia con él. Ese material fue encontrado en un pen drive secuestrado en la casa de la secretaria de Peiti.
A diferencia de la causa de Casilda, el fiscal que llamó para "intercambiar información" fue Ponce Asahad, a cargo de la Oficina de Allanamientos y no los fiscales David Carizza y Valeria Pedrana, a cargo de delitos Económicos y Complejos como lo había ordenado en la resolución el propio Serjal.
Por otra parte, Serjal ordenó en octubre del año pasado a la fiscal Gabriela Lescano de Cañada de Gómez que hiciera un relevamiento de lugares donde podría llevarse a cabo juego ilegal. Lescano, en la causa contra Serjal, aclaró que no investigaba juego clandestino. No obstante, hizo el informe y luego lo elevó a su superior, Natalia Benvenuto, y ésta a Serjal.