El comisario Álvaro Rosales, detenido a finales de diciembre e imputado por haber abusado sexualmente a una cadete de policía en el interior del Instituto de Seguridad Pública el 4 de marzo de 2021, seguirá preso. Este lunes se realizó una audiencia de cámara, donde se ratificó que quede tras las rejas por 90 días. Luego de vencido ese plazo se podrá discutir si se prorroga la medida. Se trata de uno de los policías que se sospecha que recibió información de un servicio de inteligencia local sobre una causa por narcotráfico que está en plena etapa de instrucción.
Al momento de la detención, el comisario desempeñaba funciones en la División Judiciales de la Unidad Regional VI de Villa Constitución. Sin embargo, el delito atribuido por el fiscal José Luis Caterina de la Agencia de Criminalidad Organizada es por la violación que tuvo lugar en la escuela de policía de Rosario, situada en Alem al 2000, cuando el acusado tenía trabajo allí.
El abuso, de acuerdo a los indicios ventilados en la audiencia, ocurrió después de que el imputado considerara que la víctima había dado una contraorden. Por ese motivo, Caterina imputó al comisario por abuso coactivo e intimidatorio de una relación de autoridad o poder, agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales, en ocasión de sus funciones en calidad de autor.
El auto del comisario
Rosales fue arrestado por la Agencia de Control Policial el 29 de diciembre pasado. En el procedimiento fue secuestrada una ametralladora y un Mercedes Benz C250 Kompressor que, por motivos que aún no fueron establecidos, en realidad debía estar en las instalaciones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales, ya que había sido incautado por el fiscal Mariano Ríos en una causa por defraudación de la corredora de granos Sebastián Grimaldi.
Tras el hallazgo del auto se realizaron distintas medidas investigativas para lograr determinar cómo llegó ese auto a poder de Rosales. Se presume que fue por una asignación directa del fiscal de la causa contra Grimaldi, y no por la Aprad, que es quien determina el destino de los bienes secuestrados. Esta situación podría derivar en un pedido de explicaciones al funcionario judicial de parte de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.