En la audiencia imputativa por el crimen de Carlos Argüelles, testigo arrepentido e imputado en la causa Alvarado, el fiscal Matías Edery deslizó un concepto llamativo: la contratación desde prisión de "combos" criminales. En su alocución, argumentó que se trata de una especie de tarifa que se paga por un paquete que incluye la ejecución de un crimen, tareas de inteligencia, de encubrimiento y hasta los viáticos. De algún modo, la economía del sicariato que opera en Rosario de forma industrial, según sugirió tiempo atrás el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.
Para entender el concepto de "combo" criminal es necesario basarse en recientes investigaciones sobre asesinatos de tinte mafioso, en los que muchas veces la mecánica se repite: unos se encargan de hacer inteligencia previa, otros de aportar logística, y dos ejecutan el crimen, ya sea abordo de un vehículo o huyendo en uno.
El "combo", según distintas causas por homicidios, tiene precios que varían en función de varios parámetros: el lugar donde debe llevarse a cabo; quién es la víctima; si requiere tareas de inteligencia previa; si hay potenciales riesgos –como un tiroteo–; y si los gatilleros deben conseguir vehículo y armas –o si el instigador los provee–.
El uso de los "combos" también es una estrategia legal, ya que un preso le pide a otro que tiene su propia banda que utilice sus recursos para un crimen a cambio de un precio. De esta forma, el real instigador del homicidio desconoce quién ejecuta el delito; y quien ejecuta el delito desconoce verdaderamente a quién le paga. Esto puede resultar útil para alejar al planificador del sicario.
Argüelles tenía todos los requisitos mencionados. Era una víctima "preciada" para una banda por haberla "traicionado" al declarar como arrepentido, tenía custodia en su casa y había posibilidad de un tiroteo, se movía constantemente por su trabajo y no estaba siempre en un lugar fijo.
En el repaso de la "saga" –según definió Edery– de atentados contra el mecánico asesinado el lunes pasado, apuntó que en los tres intentos de homicidio estuvieron implicadas "tres o cuatro personas" a la hora de la ejecución.
En octubre del año pasado, el taxista Jorge Inocencio Ojeda hizo inteligencia en la puerta de la casa; el líder narco –que está preso– Alejandro Núñez, alias "Chucky Monedita", aportó logística desde el pabellón 4 de Piñero con las provisiones de un vehículo y las armas; y el sicario Jonatan Ribles era el encargado de terminar el trabajo, aunque ese día se quedó dormido. En la investigación se desprende que el narcotraficante le reprochó al gatillero: "Si vos te levantabas a las 7, hoy a las 10 ya estábamos contando la plata".
En enero de este año, tres personas fueron detenidas después de balear desde un auto la EcoSport en la que se desplazaba Argüelles con su familia en Gaboto al 5500. En ese ataque, uno de los balazos impactó en el vehículo del mecánico, pero todos resultaron ilesos. De acuerdo a las tareas investigativas realizadas, se pagaron unos 30 mil pesos para la concreción del plan criminal.
El lunes pasado, después del asesinato del testigo imputado en la causa Alvarado, fueron detenidos Aldana Peralta, Rodrigo Varela, Maximiliano Morel y Lautaro Arena en un Volkswagen Fox rojo, y fueron acusados por el homicidio. Los fiscales sospechan que el crimen fue encargado a través del preso Dardo Basualdo, pareja de Aldana Peralta, quien comparte pabellón 4 con la banda de "Chucky Monedita", ya imputada por uno de los intentos de homicidio.
Los "fungibles" del sistema
En la audiencia imputativa de este jueves por el homicidio del testigo arrepentido en la causa Alvarado, el juez penal de primera instancia Gustavo Pérez de Urrechu sostuvo en su resolución que los cuatro acusados eran "fungibles". Lo que dijo a través de ese concepto, es que son "cambiables" en una organización, no suelen ser profesionales y pueden no despertar sospechas de ser los autores.
En ese sentido, el fiscal Edery reparó este viernes en Radiópolis (Radio 2) que ya son varios los casos que encontró en investigaciones como el del presunto autor del crimen Lautaro Arena, que es analfabeto, no tiene empleo y comete un crimen. En ese marco, sugirió que son fácilmente "tentados" por las estructuras delictivas ya que le ofrecen mucho dinero que pueden obtener en un corto período de tiempo.
Los parámetros de las "tarifas"
En distintas investigaciones se detectaron homicidios dolosos encargados por dinero, cuyos valores pueden ser desde unos 5 mil pesos hasta medio millón de pesos.
El caso más resonante anterior al de Argüelles fue el plan criminal del empresario de suplementos deportivos Lucas F., quien estaba dispuesto a pagar hasta unos 400 mil pesos para mandar a matar a su ex socio. Como ya había sido atacado –por su encargo– tiempo atrás, tenía custodia y había posibilidad de un tiroteo entre los sicarios y los agentes de seguridad.
También hay casos testigo como el de Claudio Javier "Morocho" Mansilla, condenado por un doble crimen en Villa Banana e imputado por pagar 100 mil pesos para matar a Mauricio Gómez, un joven que fue asesinado el 26 de junio pasado en Colombia al 500 bis. Mansilla actualmente es el único que permanece prófugo de la osada fuga de la cárcel de Piñero.
Otro caso es el de Nicolás "Fino" Ocampo, condenado como miembro de la banda de Esteban Alvarado. El 18 de abril de este año fue asesinado de múltiples disparos en Ocampo al 6600 y en la investigación se detectó que existía una promesa de pago por 250 mil pesos. En ese episodio, los imputados tenían vinculación con la banda narco Los Monos.
En otros expedientes hay balaceras encargadas cuyas consecuencias fueron fatales. Según fuentes judiciales, el líder de la banda narco "Los Gorditos", Brandon Bay, se sospecha que pagó en al menos tres oportunidades ataques a tiros por 5 mil pesos en la zona norte de Rosario que terminaron siendo letales.
En Alem y Doctor Riva, en barrio Tablada, tuvo lugar una balacera el 10 de abril de 2018. En esa investigación, el fiscal Gastón Ávila detectó que el ataque fue planificado por un tal "Chucky" –podría ser el líder narco "Chucky Monedita"– que quería que dispararan contra un quiosco de droga, aunque pagaba 20 mil pesos "si dejaba a alguien tirado". En ese hecho efectivamente un joven que caminaba por el lugar resultó herido de bala. Los gatilleros Agustín Daniel Álvarez y Luis Alberto Samaniego fueron condenados.