Un acuerdo entre un fiscal y defensores permitió a cinco personas, entre ellos un policía federal, acceder a una suspensión de juicio a prueba por amenazas vía Whatsapp a dirigentes políticos y militantes de derechos humanos.
La probation fue aprobada este jueves por la jueza Silvia Castelli, en una audiencia que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal. Fue presentada por el fiscal Gustavo Ponce Asahad y distintos abogados.
Aldo Bilbao Benítez, defensor de uno de los involucrados, explicó a Telenoche Rosario (El Tres) que la firma "no implica que hayan reconocido su culpabilidad" y mencionó que, tras una acusación donde les pedían hasta siete años de prisión, ahora el acuerdo implica que deberán "realizar dos cursos gratuitos en Buenos Aires" y "una visita guiada al Museo de la Memoria y Derechos Humanos (ex Esma).
Las cinco personas habían sido detenidas en abril tras una serie de allanamientos que se efectuaron en Rosario y dos localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa por las amenazas vía Whatsapp.
Los grupos superaban los 200 contactos con números de querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas, referentes estudiantiles. En los chats se los hostigaba y amenazaba.
Los grupos de Whatsapp tenían nombres como “muerte a Milagro Sala”, “El Tucu vive” (por el represor Eduardo Costanzo) o “Zitelli vive” por el sacerdote que murió antes de enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad.
En esa aplicación de mensajería se lanzaron amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.