El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, destacó las estadísticas de secuestros de armas y detenciones efectuadas por personal de la Policía del Departamento Rosario y señaló que casos como el del asesinato del playero Mauro Villamil le provocan "molestia, congoja y dolor".
Brilloni habló después de un cónclave en el que participó la plana mayor de la Unidad Regional II y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, quien ratificó en el cargo al gendarme retirado, frente a “rumores infundados”.
La reunión convocada en la sede rosarina del Ministerio de Seguridad se concretó luego de que, en poco más de 24 horas, se cometieran siete homicidios con arma de fuego, acaso la manifestación más notoria de la de crisis de seguridad pública que aqueja al Gran Rosario.
El ministro indicó que hay un grado de violencia que se agrava en lugares de alta conflictividad y vulnerabilidad social, cuando en el medio hay cuestiones, “de droga o deudas, extorsiones y amenazas” y que la alta lesividad proviene de la alta circulación de armas que existe en las calles.
Por eso pidió –en línea con un planteo del gobernador Omar Perotti– que personal de la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados), dependiente de Nación, se sume al trabajo territorial de inteligencia criminal, de investigación judicial y prevención para sacar de circulación armas de fuego.
Tras señalar que la Policía de Santa Fe realizó, en 2023, 1.070 detenciones por robos, amenazas y portación ilegal de armas, el secuestro de 300 armas de fuego y el arresto de 120 personas con pedido de captura, Brilloni se sinceró y dijo que no está "satisfecho con los resultados de su gestión”.
Además, el ministro se refirió a la crisis penitenciaria: lamentó que en la provincia hay “2.300 presos por sobre la capacidad de los penales de Piñero, Coronda y Las Flores”, número que impacta en la capacidad operativa de la Policía, ya que hay unos 200 internos en alcaidías, muchas de ellas en condiciones de hacinamiento.
“Esto produce no sólo malestar del preso e inobservancia a la carta magna, sino que también implica que, operativamente, tengamos que asignar recursos para custodiar presos”, indicó el ministro.