Este miércoles, los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra solicitaron ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario que el financista y ex director de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan sea condenado a la pena de 8 años de prisión como coautor del comercio de estupefacientes
Dentro del mismo expediente, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que se sentencie a 23 años de prisión –pena unificada con dos causas ya finalizadas y con condena firme en la Justicia federal– a Julio Andrés Rodríguez “Peruano” Granthon, entre otros miembros de la empresa criminal, cuyas penas oscilaron en los 6 años de prisión.
La investigación que llevó a Shanahan y al Peruano ante el tribunal integrado por Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Mario Gambacorta se inició a fines de abril de 2021, según la prueba ventilada en juicio y lo declarado en el debate oral por el comisario de la Policía Federal Raúl Hirsch, a partir de un dato –notitia criminis–brindado por un informante registrado.
La denuncia alertaba sobre maniobras de venta de drogas en un domicilio de Valparaíso al 2700, Villa Banana, donde residirían Facundo y Ubaldo Pérez, quienes serían “encargados” de reponer varios puntos de venta en ese asentamiento en vías de urbanización del oeste rosarino. El informante indicó que los Pérez estaban dirigidos por una persona de nacionalidad peruana que movía “kilos de droga” en la ciudad.
Según los acusadores, las tareas investigativas y el resultado de las escuchas telefónicas corroboraron la denuncia y apareció en escena Rodríguez Granthon desde su lugar de detención en la cárcel federal de Ezeiza, comunicándose con su principal ladero, Facundo “Jirafa” Pérez, donde hacían referencia al estupefaciente, utilizando códigos como “Sprite”, “Coca” y “Manaos”.
En esta oportunidad, señalaron desde la Fiscalía, pudo verse claramente expuesto el rol esencial que cumplen las cuevas financieras ilegales dentro del comercio de estupefacientes. Una de ellas era la España al 800, a cargo del financista y contador Shanahan, indicaron.
El devenir de las distintas labores de investigación y el movimiento constante de bolsos o mochilas vistos en los distintos domicilios identificados y trasladados por las personas investigadas hicieron que los seguimientos y las vigilancias de la PFA se centraran en dos cuevas que eran frecuentadas periódicamente. Una era la de Ovidio Lagos al 400, relacionada con el ex rugbier Marcos Julián Díaz. Y la de España al 800.
En un escalón intermedio, señaló el MPF, se encontraban Bruno Iván Ayala y Ariana Gómez (también aprehendidos con Jirafa Pérez en julio de este año), Alexis Manzo, Alfonso Sciortino, Gustavo Báez Aguilar y Richard Galeano Vázquez.
Por su parte, los eslabones necesarios del aspecto financiero de esta organización narcocriminal, se encontraban constituidos por Shanahan, Díaz (prófugo) y Juan Román González, quienes inyectaban los dólares necesarios para la adquisición de material estupefaciente, sostiene la acusación.
La prueba reunida y expuesta en el debate oral y público clarificó la circulación del material estupefaciente y del dinero que sucede en Rosario, que conecta barrios postergados y periféricos con mesas de dinero clandestinas en zonas céntricas.
En octubre de 2021 se precipitaron los allanamientos a raíz de un enfrentamiento a tiros entre soldaditos del búnker y policías de la PFA encubiertos en Villa Banana. El lugar de acopio y corte de la droga, indicaron, estaba ubicado en Espinosa al 6200.
Mientras que en la cueva de España al 800 dirigida por Shanahan la PFA secuestró un bolso repleto de pesos que coincidió con los que usaban los investigados para realizar las maniobras. El mismo bolso había sido visto por personal de la PFA saliendo de la cueva luego tener contacto con los demás investigados, quienes a su vez se relacionaban con el domicilio de Espinosa al 6200 donde se secuestró la mayor cantidad de estupefacientes, los elementos de corte y prensa.
Por último, habiendo sido analizados todos los elementos probatorios aportados por las fuerzas de seguridad consistentes en tareas de seguimientos, filmaciones, fotografías, escuchas telefónicas y allanamientos, se sumó a ello que, de los peritajes de celulares secuestrados en la casa de Shanahan, surgieron conversaciones de WhatsApp que, en opinión del MPF, formaron parte de la prueba objetiva que puso luz a la acusación.
La conversación fue reproducida en el debate oral y culminó configurando la hipótesis del caso sobre la participación en el comercio de estupefacientes de cuevas que inyectan de dólares el circuito de la compraventa de cocaína, posibilitando de esa manera la continuación del tráfico ilegal y culminando con la violencia a tiros en uno de los barrios de la periferia rosarina.