La causa por el homicidio del subinspector Leoncio Bermúdez, quien recibió varios disparos el 14 de noviembre pasado en la puerta del hospital Provincial, tiene un nuevo detenido. Se trata de Mauricio Ezequiel Bustos (31 años), quien había caído en diciembre por haber robado un auto a punta de pistola en Cerrito y Perú y posteriormente se fugó de la colonia psiquiátrica de Oliveros –previo a ser acusado por el crimen del policía–.
Bustos fue encontrado por el Comando Radioeléctrico sentado en el banco de una plaza situada en Donado y La República, en el barrio 7 de Septiembre. En un primer momento, dio otra identidad, pero los agentes pudieron corroborar que se trataba del sospechoso por el asesinato del subinspector.
Se presume que el ahora detenido fue uno de los dos gatilleros que habían ingresado a la guardia del hospital para liberar al recluso Gabriel Lencina, que estaba internado allí por un tratamiento por tuberculosis.
El delincuente había logrado escabullirse de la Justicia de manera insólita antes de que el Ministerio Público de la Acusación lo posicionara en la escena del crimen. El 15 de diciembre el Comando Radioeléctrico lo detuvo en Cerrito y Perú cuando intentó escapar con un auto que había robado a punta de pistola, en una secuencia en la que llegó a apuntarle a un nene de 12 años.
Tres días después lo imputaron por el robo calificado y la portación de una pistola calibre 22, pero “se hizo el loco” –tal y como definió una fuente en estricto off– y el juez lo mandó a Oliveros. Cuando los detectives lo identificaron ya era tarde y se había esfumado de la colonia psiquiátrica.
La causa por el homicidio de Bermúdez ya tiene tres imputados y dos menores identificados que participaron como “campana” afuera del hospital, pero que no son punibles.
El 28 de diciembre, la fiscal Gisela Paolicelli acusó a Pablo Cristian Gastón Sosa (22) como presunto autor material del asesinato y a los reclusos Joel Gabriel Ibarra y Lautaro Román Núñez –alojados en el pabellón 9 de Piñero– por haber sido quienes planificaron el rescate del preso Gabriel Lencina, que estaba internado en el hospital Provincial por entonces. Todos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley por resolución de la jueza Verónica Lamas González, que además hizo lugar al agravante de que se trató de un crimen de odio, tal como lo había solicitado la querella.
En la audiencia, la fiscal afirmó que Ibarra y Núñez ofrecieron un pago de dos millones de pesos en caso de conseguir la liberación de Lencina.