La Cámara Nacional en lo Criminal confirmó el procesamiento de Rodrigo Eguillor por amenazas coactivas a una funcionaria de la fiscalía que interviene en la causa en la que se le dictó prisión preventiva por abuso sexual contra una joven, informaron este lunes fuentes judiciales.
La medida la dictó la sala VI de la Cámara por el hecho registrado el 23 de noviembre último en la fiscalía en lo Criminal y correccional, que habría tenido como víctima a la secretaria María José Ballestero.
Ese día Eguillor, hijo de una fiscal de Lomas de Zamora, pidió ver el expediente que lo tenía como imputado, pero cuando la secretaria le dijo que debía esperar unos minutos, le advirtió: “Tenés dos opciones: me mostrás la causa por las buenas o por las malas, ¿me entendés?”.
Entonces, según testigos, Eguillor se acercó hasta poner su cara frente a la de Ballestero y le dijo: “yo ya sé quién sos, te reconozco la voz, vos sos la que hablaba con la policía cuando vino al departamento, vos me querías obligar a que vaya a declarar a la comisaría. Bueno, acá me tenés”.
Eguillor, quien está detenido por “abuso sexual con acceso carnal” contra una chica de 22 años en un departamento de San Telmo en noviembre pasado, le aclaró a la secretaria que, mientras él es hijo de una fiscal y que estaba por recibirse de abogado, “vos no sos nadie”.
El joven completó su amenaza señalando que se iba a quedar en el lugar “hasta que vea la causa” y “si no vas a ver lo que te va a pasar ¿me entendiste?”.
La Cámara acotó que cuando el sumario llegó, Eguillor “exigió extraer fotocopias y fue acompañado por personal de la fiscalía hasta el comercio donde las realizarían, pero se retiró por no tener dinero para abonarlas”.
La defensa sostuvo que, si bien no lo hizo de la mejor manera, Eguillor estaba reclamando algo que le correspondía, que no hubo intención de amenazar y que tal vez no haya comprendido lo que estaba haciendo.
Pero los camaristas Julio Lucini y Alberto Seijas destacaron el “violento despliegue del imputado” que “se acrecentaba cada vez más”, hasta que la secretaria –por falta de personal de seguridad- debió acceder a sus demandas”, lo que fue corroborado por personal de la fiscalía.
“Por más que su petición fuera legítima, la intimidación a un funcionario público como medio de obtención de un derecho es injustificable”, remarcaron los camaristas, quienes además confirmaron el embargo de bienes por 100.000 pesos.