Un policía y un civil fueron condenados este martes en la finalización de un juicio oral y público que tuvo una importante trama: agentes que, por dinero, detuvieron en 2021 a personas con el objetivo de favorecer a la banda “Los Pimpis”, que vende droga al menudeo en la zona de la comisaría 10ª. Los últimos acusados fueron el oficial Héctor Dallia y Mario Santillan, quienes recibieron penas de 7 años y 6 meses de prisión y 4 años y 8 meses, respectivamente, según la resolución del juez Facundo Becerra.
En la investigación encabezada por el fiscal José Luis Caterina –en la que participaron también Federico Rébola, Pablo Socca y Valeria Haurigot– ya fueron condenados el comisario Gerardo Malpassi, el subcomisario Sebastián Ojeda, Pablo Sosa y Walter Graff.
Todos los policías fueron acusados de haber dejado operar en la zona, mediante coimas, a la organización narco constituida principalmente por la familia de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, quien fue asesinado en 2019 en una casona de La Florida.
En el transcurso de la causa se indicó que los cinco policías recibieron dinero de un grupo que pagó para que vincularan con evidencia falsa a dos miembros de una banda rival a la de “Ema Pimpi” con el objetivo de favorecer territorialmente a los Sandoval. Por esos días, la fiscal Valeria Haurigot dijo a la prensa que "lo que se verificó en la comisaría 10ª es un ejemplo redondo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito".
Los delitos de los uniformados quedaron al descubierto cuando dos chicas se presentaron ante el fiscal Federico Rébola y contaron que habían sido forzadas por los policías a realizar una denuncia falsa que había dejado tras las rejas a Tomás Agustín “Tomy” G., de 21 años, y a Andrés Adrián “Pancita” R., de 24, integrantes de una supuesta gavilla denominada la banda de “Patri”, con sede de operaciones en Sorrento y Pacheco, en el límite de barrio Sarmiento y Parque Casas, y enfrentada con "Los Pimpi".
Tomy y Pancita habían sido apresados el 21 de junio de 2021 al mediodía junto a otros dos jóvenes que recuperaron la libertad un día más tarde. Los fiscales Haurigot y Pablo Socca les imputaron una serie de balaceras y la jueza María Trinidad Chiabrera les dictó la prisión preventiva por el plazo de 90 días. En contra de los detenidos había testimonios de una joven que dijo haber sido amenazada por una tentativa de homicidio y de otra que se había negado a vender drogas para la banda de Patri y tener relaciones sexuales con uno de sus miembros.
La causa tuvo luego un giro de 180 grados, cuando la abogada de las víctimas se acercó al fiscal y le dijo que sus clientes querían volver a declarar porque habían mentido al denunciar a Tomás G y Andrés G. –lo que se constituye con un delito, el de falso testimonio–. Efectivamente, contaron ante el funcionario judicial que habían señalado a esas dos personas por una promesa de dinero y droga por parte de la banda de la familia de "Ema Pimpi".
Tras las nuevas declaraciones, el fiscal ordenó secuestrar el libro de ingresos y egresos de la comisaría. Allí, figura un horario de entrada de Tomás G. y Andrés G. que no coincide con la incidencia reportada de las detenciones a través del 911. Posteriormente, fueron citados dos de los policías que figuran en el acta del procedimiento y uno de ellos afirmó que no podía ratificar ese documento porque describía situaciones que no habían ocurrido.
Para sorpresa del fiscal, en la comisaría 10ª se constató que no había cámaras. Sí había hasta la muerte de la bibliotecaria María de los Ángeles Paris, pero desde entonces no hubo más dispositivo que pueda captar imágenes del interior de la seccional.