Un suboficial de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) y un cómplice fueron condenados a 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional como coautores del delito de tentativa de extorsión tras ser hallados culpables de participar en un frustrado intento de robo a una financiera de la localidad de San Pedro, donde esgrimieron una orden de allanamiento falsa, armas y uniformes oficiales. En el caso del policía, le impusieron además inhabilitación absoluta por el doble del tiempo, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años.

La investigación, a cargo del titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, se resolvió en menos de un mes y se tramitó bajo los alcances del Código Procesal Penal Federal (CPPF), publicó el portal Fiscales.

El 26 de noviembre el juez de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, homologó un trámite de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra Brian Alexander More, un agente de la división Antifraude de la PFA que, junto a un cómplice identificado como Lucas Santiago Ruiz, intentaron robar el 31 de octubre pasado la financiera Reuter Group, ubicada en Pellegrini 529 de la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

La bonaerense frustró el asalto del federal. Foto: Diario La Opinión.

Según reconstruyó la investigación, la secuencia del hecho comenzó cuando minutos antes de las 13.15 los dos acusados, vestidos con camperas y gorras de la PFA, interceptaron al ciudadano Jorge Blanco para desempeñarse como testigo de un supuesto procedimiento que tenía que formalizar en un local.

Los tres se dirigieron primero a un vehículo de color blanco estacionado sobre calle Arnaldo casi Mitre, donde se encontraba una tercera persona aún no identificada. Del baúl del auto extrajeron distintos elementos y se dirigieron al mencionado al local de Reuter Group, donde había clientes ocasionales junto a empleados del lugar.

Ya en el interior, los dos intrusos bajaron las persianas y colocaron en la puerta un cartel de “cerrado”. Luego esgrimieron a viva “allanamiento, policía”, a la vez que golpeaban las puertas de acceso a los boxes donde se hallaban al menos cinco empleados, y un vigilador. A todos les impidieron usar los celulares, a la vez que desconectaron el sistema de videocámaras.

Seguidamente, leyeron a viva voz una falsa orden de allanamiento atribuida a la "Sede Descentralizada N°2 de San Nicolás" que tenía impresa la firma digital de un funcionario judicial, y cuya finalidad era el secuestro de moneda nacional y extranjera, celulares, documentación, máquinas de contar billetes, entre otros elementos.

Con la simulación se buscaba que los empleados y clientes entreguen los elementos requeridos, en virtud de estar, supuestamente, en presencia de oficiales de la PFA que actuaban conforme lo disponía una orden de autoridades federales.

Pero el robo se frustró cuando en ese momento se presentó en el lugar personal policial de la comisaría de San Pedro, quien constató que la orden de allanamiento resultaba ser falsa, y procedió a la aprehensión de More y Ruiz, y al secuestro del arma reglamentaria del policía, una pistola marca Bersa modelo TPR9 calibre 9 milímetros número de serie 11-J72843, con inscripción PFA, que tenía su cargador y 18 municiones intactas.

Además, se incautaron un juego de esposas en poder de Ruiz; dos camperas y gorras de la PFA; y credencial identificatoria auténtica de More como agente federal; una computadora tipo notebook marca Haier color gris, fajas de clausura de la PFA; la orden de allanamiento falsa; y el Certificado de Cooperación de testigo de la PFA, entre otros elementos.

Luego de formular la acusación y tras considerar que la investigación preparatoria había concluido, el fiscal Di Lello solicitó la apertura del juicio oral y público respecto de More y Ruiz.

Según el encuadre legal, el policía fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de extorsión en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, agravado por haber sido ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, en calidad de coautor.

La conducta del cómplice  Lucas Santiago Ruiz se tipificó también como coautor de los delitos de extorsión, en grado de tentativa, en concurso ideal con el uso de documento público falso, pero en concurso ideal con el delito de usurpación de título por haber utilizado públicamente insignias y distintivos de un cargo que no ejerce, este último delito en calidad de autor.