Luego de siete años de proceso, más de 120 audiencias de primera y segunda instancia, y otros tantos avatares, este lunes comenzó el juicio por la llamada megacausa de estafas inmobiliarias que se le sigue a una presunta organización que falsificaba documentación para quitarle propiedades a sus dueños y luego desplegar una serie de maniobras para darles una apariencia lícita a las falsas transacciones.
El juicio oral sobre esta causa, que se hizo pública en 2016 con allanamientos y detenciones de escribanos, agentes bursátiles y empresarios, tiene 13 acusados y se prevé que se desarrolle durante al menos tres meses, en los que desfilarán unos 300 testigos en audiencias diarias. El fiscal Sebastián Narvaja dijo que el caso, uno de los más importantes y voluminosos a nivel local, refiere a “un tipo de criminalidad –económica– que durante mucho tiempo no recibió la suficiente atención del sistema de justicia”.
Los imputados que llegaron a juicio son los escribanos Eduardo Martín Torres, Luis María Kurtzemann, Juan Bautista Aliau y José Luis Gordó; el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, el empresario Marcelo Basilio Jaef, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano –preso en la cárcel de Piñero, condenado por una causa colateral e imputado con prisión preventiva en otro proceso– y su hija Magalí. También Sandra Moresco, Omar Buscellatto, Ramona Rodríguez, Andrés Martín y Vanina Viglione.
Los trece comparecieron en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante el tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrín, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón.
Previo al comienzo del debate, en tanto, hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad (que incluyó la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas), cuatro firmaron acuerdos abreviados y un restante contaba con una enfermedad producto de la edad que le impidió comprender la criminalidad de los hechos y recibió un archivo.
El caso versa sobre una serie de maniobras cometidas por un grupo que, a través de la falsedad de escrituras hechas por escribanos públicos, generó una serie de documentos falsos y fraudes por medio de los cuales se les quitó la propiedad de alrededor de 10 inmuebles a diferentes familias de Rosario.
En el juicio se debaten las maniobras que llevaron a la apropiación indebida de una vivienda ubicada en Viamonte al 5300; una fracción de campo de 4 y otra de 124 hectáreas en Villa Amelia; un local comercial de Eva Perón al 7000; una propiedad ubicada en Presidente Roca y Wheelwright, otra de Pasco al 1000 y, por último, tres inmuebles –ubicados en el centro de Rosario y en Funes– que le fueron quitadas a un hombre mayor, sin familia y con problemas de salud.
El fiscal Narvaja describió que el caso incluye una acusación de lavado de activos de origen ilícito. Esto es, la toma de bienes que fueron obtenidos ilícitamente a través de fraudes se le quitaron a las víctimas, y la generación de maniobras con el objetivo de que las propiedades tengan la apariencia de haber sido compradas legalmente por las personas que resultan los beneficiarios finales de esta maniobra.
Al describir la modalidad delictiva, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó que “se falsifica la firma del verdadero dueño de una propiedad –casas, terrenos, campos–; se hacía un poder falso donde se falsificaba la firma de esa persona. Todo con la complicidad de escribanos. Y luego se usaban esos poderes para instrumentar otras escrituras de transferencias, como si los verdaderos dueños la hubieran vendido. Y así estas propiedades se terminaban inscribiendo en el Registro de la Propiedad”.
Además, Narvaja agregó que en algunos de los casos se instrumentaron más compraventas de la propiedad con el fin de que la víctima se encontrase con dos o tres transferencias de la misma propiedad, lo que volvía prácticamente imposible recuperarla desde un trámite civil.
El funcionario del MPA dijo que esto ocurrió porque funcionaba una estructura dedicada a cometer ilícitos, ubicaban propiedades con algún nivel de vulnerabilidad porque los dueños originales habían muerto y los herederos no las ocupaban, o los dueños eran personas grandes o vulnerables y se las sacó violentamente del lugar. O porque sus datos catastrales cayeron en manos de este grupo de personas.
Los sospechosos “pescaban” estas propiedades y, a través de escrituras falsas, simulaban la participación de los titulares registrales que no sabían de la operación, estaban muertos o fuera del país.
Narvaja resaltó el papel clave que jugaron los cuatro escribanos acusados en el caso: “En lugar de proteger la seguridad jurídica y la legalidad, favorecieron los intereses de las personas, y el lavado de activos agrava las penas”.
Los delitos endilgados y que serán discutidos en el juicio son estafa, falsedades de documentos públicos y diversas formas del delito de lavados de activo –relacionados al uso de testaferros, maniobras de venta y calificado por haber sido cometidos por profesionales o por una banda organizada–.
La fiscalía solicitó penas que van desde los 3 hasta los 20 años, multas e inhabilitaciones. Otro aspecto importante es que la acusación requerirá el decomiso de los bienes para restituirlos y la declaración de falsedad de las escrituras públicas que se realizaron falsificando datos.