Efectivos de la Policía Federal realizaron este jueves un nuevo relevamiento del boliche Ming, el lugar al que fue a bailar Carlos Orellano antes de ser hallado muerto en el río Paraná. El procedimiento fue ordenado y supervisado por el fiscal Patricio Saldutti, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los efectivos tenían como objetivo rastrillar otra vez con Luminol Blue Star, según información del noticiero Telenoche (El Tres). Asimismo, tomar medidas para hacer "un croquis planimétrico exhaustivo del interior del local bailable, tanto del frente que da hacia la calle peatonal, su interior, parte de atrás del mismo que da hacia el área de la guardería, y sus adyacencias", explicó la Fiscalía de forma oficial.
Fuentes judiciales confirmaron que el proceso se hizo sin la necesidad de una orden de allanamiento ya que los titulares de Ming pusieron a disposición las instalaciones. Lo hicieron a través el abogado Adrián Martínez. En las medidas anteriores la situación había sido igual.
Mientras tanto, y tras un contrapunto público por las distintas conclusiones que sacaron de la autopsia los forenses del Instituto Médico Legal (IML) y los peritos de la familia Orellano, pero fundamentalmente por las críticas de la perito Virginia Creimer a fiscales, el juez y el IML, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado en el que respaldó la investigación que lleva adelante Saldutti desde la Unidad de Homicidios que conduce Adrián Spelta.
Creimer, perito convocada por el abogado querellante Salvador Vera, formuló críticas públicas pero no realizó formalmente objeciones que no hayan sido superadas en la misma autopsia. De hecho, tanto ella como el letrado firmaron el acta de conformidad junto a todos los otros intervinientes o interesados.
Repudio a “diversas manifestaciones públicas”
"La Asociación hace pública su preocupación respecto de ciertas manifestaciones públicas en relación a la investigación judicial sobre la muerte del joven Carlos Orellano. En primer lugar, expresamos nuestro sincero respeto y solidaridad con el dolor y la incertidumbre que atraviesa la familia del joven Orellano y en nuestra condición de fiscales de la provincia, reafirmamos nuestra clara voluntad, convicción y fuerza institucional orientada al esclarecimiento del hecho, y en su caso, a la determinación de las responsabilidades penales que correspondan", señala en primer término un comunicado.
"Además, reivindicamos la libertad pública de expresión, que incluye la libertad de interpelar y criticar, justa o injustamente, la actuación de los funcionarios del Estado y de los fiscales en particular. Asumimos como parte de nuestro trabajo cotidiano el escrutinio de las víctimas, de las personas usuarias del sistema de justicia y del público en general", sigue.
Y agrega: "No obstante, nos resulta imposible conocer sin repudiar las diversas manifestaciones públicas plasmadas en medios de comunicación y redes sociales formuladas por personas que tienen responsabilidades funcionales y sociales, tales como profesionales del derecho, funcionarios estatales y auxiliares de la justicia, quienes han hecho afirmaciones temerarias y contradictorias con los procedimientos que marcan las leyes procesales de la provincia".
El comunicado dice también que "todo lo actuado en la causa Orellano ha cumplimentado fielmente la legislación vigente y los protocolos de actuación internos del Ministerio Público de la Acusación, como así también las prácticas habituales en este tipo de casos. Las autoridades superiores del MPA han estado al tanto, y avalado en su totalidad cada decisión, habiendo convocado incluso la intervención judicial, como garantía de la legalidad de las diligencias probatorias practicadas".
"Este tipo de manifestaciones, sin ningún tipo de sustento, han tomado la forma de diatribas contra el sistema de justicia penal y sus funcionarios, y resultan irresponsables en boca de personas que deben actuar conforme a pautas profesionales y éticas", expresa.
Y concluye: "Sostenemos que este tipo de actitudes en nada contribuye a fortalecer la acción de la justicia o el estado de derecho y que, en cambio, tienen por efecto generar o incrementar la falta de sosiego de la comunidad, en un entorno social objetivamente delicado e inestable".