El joven empresario Sebastián Grimaldi, portador de uno de los apellidos históricos del mercado cerealista rosarino, fue allanado este martes por la mañana en el complejo Forum de Puerto Norte. Será llevado a audiencia imputativa este miércoles por el fiscal Mariano Ríos Artacho, quien lo acusará por presuntas estafas cometidas al Banco Macro y a la exportadora de granos china Cofco.
El procedimiento de este martes los llevó a cabo la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), quien detuvo a Grimaldi, cuya empresa defaulteó a principios de 2019 con un pasivo de 25 millones de dólares.
El sospechoso ya acumula un procesamiento de la Justicia federal de Córdoba como presunto jefe y organizador de una asociación ilícita y también se le dictó la prisión preventiva, aunque no está firme la resolución después de su apelación.
La crisis
El default del grupo, que comprende el corretaje Sebastián Grimaldi SA y el acopio Leones Agropecuaria SRL, fue el primero de una tanda de caídas de operadores cerealistas en 2019, todos con base operativa en Rosario, que incluyó a Cereales del Sur, BLD, Guardati Torti y que tuvo su punto máximo en diciembre pasado con la explosión de la agroexportadora Vicentin.
En todos los casos, y más allá de las particularidades de cada uno, los productores no pudieron cobrar los granos que habían entregado atraídos por los mejores precios de venta y oportunidades de negocios que ofrecían estos “corre-acopios”.
Esas mejores condiciones comerciales las conseguían por maniobras financieras especulativas que hacían (en pesos con bonos) con el producido de la venta final de los granos que los productores le entregaron pero a los que les pagaban tiempo después.
La inesperada y muy fuerte devaluación de 2018 dejó a los operadores con pesos en las manos pero compromisos de pagos dolarizados (los granos) y por eso empezaron a caer, derrapando primero los que menos coberturas y espalda financiera tenían, como fue el caso de Grimaldi.
Las estafas
Más allá de la crisis comercial, las investigaciones de los fiscales santafesinos se inician a partir de las denuncias formuladas por los representantes del Banco Macro y de la exportadora de granos Cofco conforme a las mismas Grimaldi, habría utilizado a las empresas “Leones Agropecuarias SRL” y “Sebastián Grimaldi SA” para realizar una serie de actividades delictivas.
Según la investigación de Ríos Artacho, las maniobras de defraudación tuvieron lugar desde el segundo semestre del año 2018 y se consolidaron en enero de 2019.
En relación al Banco Macro, entidad con la que operó por más de una década, Grimaldi pidió verbalmente en la última semana de diciembre una ampliación del giro en descubierto respalado por cheques (que al momento de cobro no tenían fondos) y que dejó un saldo deudor de $8.919.290,64 provocando un perjuicio económico a la entidad.
Con respecto a Cofco, el corredor y acopiador celebró dos contratos, a sabiendas que atento la situación económica en que se encontraba la empresa no iban a ser cumplidos, según los fiscales del MPA. En ambos contratos, Grimaldi obtuvo una prefinanación a cuenta de entregas de granos que no cumplió por unos 30 millones de pesos. Créditos que había garantizado con pagarés que entregó pero que no se pudieron ejecutar por falta de fondos.
Según la Unidad de Delitos Económicos, para la realización de estas conductas el empresario se valió de la “confianza” que generaba su apellido (devenido de la empresa “Grimaldi Grassi” de las más reconocida en el país y de la que se fue para fundar su propia firma).
Con los allanamientos de este martes, el fiscal Ríos Artacho busca documentación que sirva para presentar en la audiencia imputativa que prepara contra el cerealista.
Cruce de responsabilidades
Cuando cayó Grimaldi, el corredor responsabilizó al acopio del grupo, que era presidido por su socio en la corredora Eduardo Nannini (70%) y la contadora María de los Ángeles Cavallero (30%), quien era la socia gerente, y quien a su vez denunció penalmente a Grimaldi.
El corredor sostiene que fue el acopio el que no pagó los granos comprados a los productores ya que el corretaje fue el intermerdiario, mientras que el acopio resalta que su función era meramente administrativa ya que las estrategias, las operaciones, los cobros y los retiros los definía Sebastián Grimaldi porque el acopio era parte de un grupo empresario que él comandaba.
Procesado en Córdoba
Mientras que el acopio denunciaba en los tribunales de Córdoba y en la fiscalía de delitos económicos de Santa Fe a Sebastián Grimaldi y el corredor, por su parte, se presentaba en convocatoria de acreedores en Rosario, un grupo de productores denunció penalmente la maniobra ante el juez federal de Córdoba, Sergio Pinto de Bell Ville.
Fue así que a finales de 2020 el magistrado lo procesó a Grimaldi como “jefe y organizador” de una asociación ilícita y también se le dictó la prisión preventiva, que quedó en suspenso por la apelación de su defensa a la espera de la definición de Cámara.
El magistrado también procesó a los socios de Sebastián Grimladi Eduardo Nannini y María de los Ángeles Cavallero y a dos ejecutivos del grupo empresario Araceli Nannini y Fernando Herrera por los supuestos delitos de asociación ilícita, defraudación y apropiación indebida de tributos.
El juez Pinto concluyó que los denunciados habrían actuado en grupo, con un importante grado de permanencia en el tiempo y funcionando coordinadamente, utilizando a las empresas "Leones Agropecuaria SRL" y "Sebastián Grimaldi SA" para realizar una serie de actividades delictivas, a partir de la captación de gran volumen de cereales/oleaginosas de diversos productores y su venta inmediata a través de la empresa "Leones Agropecuaria SRL" que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de "Sebastián Grimaldi SA".
Ese esquema les permitía, interpretó, hacerse del dinero y desviarlo de las empresas -provocando su vaciamiento-, a la vez que también evitaban a los productores que no podían cobrar ni recuperar el cereal entregado en depósito. Para el magistrado, los imputados sustrajeron montos que debían ser ingresados a las arcas del fisco nacional en concepto de retenciones por el IVA y Ganancias, produciéndose así la apropiación indebida de tributos.